Lilia Arellano
“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”: Luis Donaldo Colosio
• Cumbres de fracaso
• Marcan lineamientos y nunca los cumplen
• Inseguridad vigente en toda Centroamérica
• Incompleta y burlesca perspectiva salinista
• Por Decreto, desaparecerán, desapariciones
• Hay hediondez en la política mexicana: IC
• Quintana Roo: mucho ruido y pocas nueces
Ciudad de México, 24 de abril 2017.- En el 2011, durante el mandato de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, tuvo lugar en Guatemala la primera conferencia sobre seguridad. Anterior a ella hubo otra en la cual se marcó una estrategia de seguridad de Centroamérica, signada como ESCA, los anfitriones fueron los costarricenses y se llevó a cabo en diciembre del 2006. La presentación formal del documento elaborado durante esa reunión contemplaba cuatro puntos: combate al delito, prevención de la violencia, rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria y fortalecimiento institucional. Tales objetivos fueron aceptados y rubricados un año después por Alemania, Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, España, Estados Unidos, Finlandia, Italia, México, Países Bajos, Reino Unido y organizaciones como el BID, OEA, OIM, PNUD, el de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC.
Han sido, reseñan, diversos los motivos por los cuales varios países han ido abandonando estas Conferencias o Cumbres, sin embargo prevalece la certeza de tomar la decisión de no asistir ante tanto tiempo, esfuerzos y dinero invertido para no alcanzar ninguna meta. Lejos, muy lejos de lograrse avances, en los países centroamericanos se viven con mayor rigor las acciones de las mafias, se reproducen aceleradamente los adictos, crece sin control el mercado de los estupefacientes y, al lado, la multiplicación de los pobres, el descenso de ellos hasta llegar a conformar el sector en la miseria y a partir de esa base sostener grupos delincuenciales menores pero insertos en la capa mayoritaria de la sociedad. Muchas discusiones han sido llevadas a cabo a puerta cerrada, sustentadas en el vaticinio de mexicanización de Centroamérica con todo lo que ello implicaría. No hubo reacción cuando tal situación se veía venir y nuestro país está en el centro de críticas mucho más severas que las lanzadas hacia los consumidores.
Nuestros vecinos centroamericanos contaron con la Mara Salvatrucha y nos la han exportado. Los cárteles del narcotráfico colombianos se unieron a los mexicanos y lograron introducirse en los puntos clave de gobierno en ambos países y en los del área, utilizando inclusive el patrocinio a la guerrilla para garantizar el paso de las drogas. Se aceptó a la región como “de paso” pero, al cambiar las reglas de compra-venta y aceptar como pago toneladas de producto para el consumo interno de cada país, multiplicaron tanto el número de adictos como las ganancias. Uno de los vecinos de México, Guatemala, tiene dentro de su territorio operando a Los Zetas y no han abandonado la plaza los cárteles tanto del Golfo como el de Sinaloa.
Poder enfrentar estos retos llevo a la ampliación de objetivos de estas Conferencias. Hablaron del fortalecimiento de mecanismos de control fronterizo, especialmente vehículos, licencias y documentos de identidad; modernizar los sistemas penitenciarios; mejorar tecnologías; intercambiar información de seguridad; programas cuyo propósito único fuera alejar a los jóvenes de las formación de pandillas. El resultado: ninguno. Y así, la problemática cada día es mayor y ante la incapacidad de resolverla cada país con sus propias autoridades y medios, ahora nos venden la idea de no poder hacer nada si no se aplican estrategias conteniendo mecanismos regionales y como se considera al crimen organizado como un problema transnacional, no se encuentra en cual cuadratura puede entrar un círculo de seguridad, con la carga de humor negro que la misma expresión representa.
Es prácticamente imposible exigir resultados a grupos especializados como se supone están integrados dentro de estas Conferencias de Seguridad en Centroamérica, cuando en los lugares seleccionados como sede se topan con un cúmulo de ejemplos de las actuaciones de las mafias. Por lo pronto, en Quintana Roo y a partir del primer arribo de quienes están presentes en esta reunión cuyas conclusiones seguramente se darán a conocer en su totalidad el día de mañana, estuvieron enterados los asistentes de las diarias ejecuciones, de las balaceras, de los hurtos. Es difícil penetrar en el ánimo de quienes manejan a través de discursos el porvenir de una Nación.
Comisionados, representantes y especialistas darán a conocer las conclusiones sobre las acciones a seguir a fin de lograr cooperación regional para combatir las amenazas transnacionales en Centroamérica. En otro punto se sabrá de la posición de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública y para casos de asistencia humanitaria. Es aquí en donde queda de nueva cuenta al descubierto son las solicitudes, las exigencias del exterior, las únicas que pesan sobre los gobierno mexicanos. En este caso es muy notorio de donde proviene la prisa demostrada por aprobar la Ley de Seguridad Interior en la cual se faculta a los militares a desarrollar tareas extraordinarias. Se presenta la mesa en donde habrá lluvia de ideas marcada como “Iniciativas de cooperación para fortalecer la seguridad regional” y, es ahí, en donde veremos, se notará, el ánimo verborreico.
La puesta de esta escena cuenta con una excepcional escenografía: las radiantes playas, las transparentes aguas cozumeleñas. Tal vez la Isla logra atraer a otro número de turistas, de los que pernoctan, de los que consumen abundantemente. Ese puede ser el beneficio. Otro, ni soñarlo ante la prevaleciente existencia de pobreza, de miseria, cuadros que llevan a la decisión de jóvenes y adultos de ingresar a los grupos delincuenciales. Y, el otro punto de gran desarrollo para estas mortales actividades: el consumo. Se ataca a los vendedores y se protege a los compradores. Está vigente la ley de la oferta y la demanda y tal parece los países en donde más utilidades genera la actividad, redoblan sus asistencias y protecciones, pero nada hacen por la prevención o la rehabilitación de adictos.
Tal vez algún día se promuevan mejores condiciones y más fábricas, empresas, escuelas, universidades y no se siga invirtiendo en modernizar las cárceles.
SE TRATA DE LA “I” O DE LA “Y”
Cuando estábamos a punto de alcanzar un lugar en el cual ya no podría caber ni una sola expresión errática, ofensiva, cargada de ignorancia, aparece el júbilo de don Carlos Salinas de Gortari festejando haber vaticinado se consumiría en los Estados Unidos, en los estadios del famoso Superbowl, más guacamole que salsa cátsup, más totopos que hot dogs. La respiración se contuvo a la espera de mencionar que también la exportación de aguacates está, orgullosamente, en manos de la mafia. Pero no hubo salvación ante la afirmación sobre la “i” en la cual se forja el diario acontecer nacional: inseguridad, injusticia, insuficiente crecimiento económico. Ante ello surge la otra ¿y…?
El ex mandatario mexicano en cuyo pasado se registró un singular apodo: “la hormiga atómica”, expuso ante los estudiantes de la Harvard Kennedy School uno de los considerados como el principal problema de México con el exterior y lo ubicó en Estados Unidos, en las políticas discriminatorias manifestadas por su actual presidente. Habló de las ofensas, de afrentas como la construcción del muro, pero también de su intocable y maravilloso TLCAN, cuya renegociación encierra, según su criterio, expresiones antimexicanas.
En el silencio, en la no exposición quedaron otras “i”, protegidas por los mandatarios sexenales extraídos de su partido y copiadas por los llamados “opositores”: impunidad, ingobernable, inconstitucional, ilegal, ignorante, impío, incapacidad, iracundo, inhumano, ilícito, impositivo, iletrado, por citar unas cuantas más aplicables a las funciones públicas y por ende a quienes las llevan a cabo. En nuestro país los problemas no llegan por culpa del vecino del Norte, son producto de la ilegalidad, de las imposiciones, de la incapacidad de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades, de lo inhumano de medidas con las cuales se atenta en contra de los patrimonios y del producto del trabajo.
Si su TLCAN, requiere, dice, de una modernización, el desastre provocado por su gobierno cuya herencia aún padecemos ¿qué requiere?
CRISIS DE SEGURIDAD
En el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, México resiente una grave crisis de seguridad y justicia, caracterizada por el incremento de la ola de violencia acentuada en diversas entidades; de ejecuciones, casi 100 mil en datos oficiales tan sólo en la gestión actual; de desaparición forzada de personas, “de dimensiones aterradoras” como la calificó la ONU, con más 31 mil desaparecidos y la localización de 855 fosas clandestinas en territorio mexicano con 35 mil restos humanos; de fragmentación de los grupos delincuenciales y su multiplicación tras la captura y extradición de capos; y, sobre todo, de fracaso de la estrategia en la materia seguida a lo largo del sexenio con la utilización inconstitucional de las fuerzas armadas en tareas policíacas.
El Estado ha incumplido su responsabilidad de brindar seguridad y justicia. No ha diseñado ni ejecutado políticas públicas eficientes para enfrentar al crimen organizado y los efectos que no sólo golpean a las personas y su patrimonio, sino también rompen el tejido social. Así, el crimen organizado se ha convertido en todo un nuevo sujeto social, el cual incide en la vida nacional. En el siglo pasado, hasta la década de los 80 había prácticamente una sola organización delictiva, la cual se dividió en varios grupos, destacaban los cárteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana y del Golfo. En los años siguientes, por conflictos entre ellos para controlar la producción y exportación de droga, y la acción del Estado, esas bandas se fragmentaron y surgieron nuevos grupos, entre los cuales sobresalen Los Zetas y Los Templarios. La fragmentación no se ha detenido y en la actualidad existen alrededor de 250 bandas disputando no sólo el negocio del narcotráfico, sino otros mercados ilegales, como el robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, extorsión o secuestro.
Al igual que el Ejecutivo, el Poder Legislativo también incumple y el equilibrio de poderes se ha enmohecido. El Senado cerrará esta semana –le quedan sólo siete días- su periodo de sesiones sin cumplir su propia agenda trazada por las fracciones parlamentarias en febrero. Cierra el periodo como uno de los menos productivos de la actual legislatura y deja pendientes la gran mayoría de los temas relevantes como el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y reformas en ese mismo tema, las leyes sobre seguridad pública, particularmente la Ley de Seguridad Interior, por la falta de consensos; las modificaciones en materia de testigos protegidos y extinción de dominio, así como una eventual reforma electoral para discutir la segunda vuelta, entre otras. Los senadores debieron haber iniciado las leyes secundarias en materia de seguridad pública, de acuerdo a la prioridad marcada en 2014. Tal vez, podría aprobarse la ley sobre desaparición forzada, aún sujeta a negociación.
En tanto, en la Cámara de Diputados, con el cierre del periodo ordinario encima, se pretende realizar seis últimas sesiones esta semana. Aun así, se dejarán pendientes más de 2 mil iniciativas no procesadas en las comisiones, sin abordar el tema del mando mixto y la Ley de Seguridad Interior. Los diputados federales arrastran 11 dictámenes incluidos en agenda desde hace tres semanas. En materia de derechos humanos dejarán sin discutir iniciativas sobre una ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas, y sobre el desplazamiento forzado interno. Además, desde el 30 de marzo, el PRI presentó una iniciativa para eliminar el arraigo en investigaciones de delincuencia organizada, ante el abuso e ineficacia de esa figura, y la Comisión de Puntos Constitucionales no la ha revisado.
DESAPARICIONES FORZADAS
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos considera al problema de la desaparición forzada de personas como de “dimensiones aterradoras en México”, con el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos por todo el país. El problema ha rebasado a todas las instituciones, como lo admitió en el foro Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas, organizado por la ONU y el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Mario Arturo Álvarez Torrecilla, de la División Científica de la Policía Federal. “Si nos preguntan cuál es el número exacto de desapariciones o personas no localizadas o que han perdido la vida, ninguna institución les va a dar la respuesta, porque es un tema que no se conoce”, destacó el experto.
En ese foro, Daniel Zapico, integrante del Alto Comisionado de la ONU, lamentó que los servicios periciales y forenses en el país se caracterizan por falta de controles de calidad, de profesionales preparados en diversas disciplinas, recursos insuficientes para el desarrollo de sus funciones y falta de respeto a los criterios científicos y técnicos. Además, indicó, quienes se dedican a esas tareas tienen miedo a represalias internas. Se mantiene, dijo, el uso de procedimientos inadecuados u obsoletos y hay falta de transparencia respecto de las víctimas o sus familias, ausencia de adaptación a nuevos métodos o conocimientos; no existe rendición de cuentas ni protocolos homologados científicamente certificados. No se cuenta con capacidad técnica ni recursos materiales acordes a la realidad que se vive, con gran cantidad de cadáveres en lo servicios médico forenses y en fosas comunes.
En el Senado de la República, está en dictamen la ley contra la desaparición forzada. La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la panista Pilar Ortega, quien encabeza las negociaciones del dictamen, aseguró: “Tenemos un documento de trabajo acordado con Gobernación y organizaciones civiles, pero no es un dictamen aún. Se tiene un avance de 90 por ciento en las observaciones que hicieron los familiares de desaparecidos”. A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, indicó: “el borrador del documento que trabajamos las comisiones dictaminadoras con (Roberto) Campa y con organizaciones civiles, tiene aún corchetes, no es dictamen, y con la filtración que hizo Gobernación puede haber errores de contenido. Están pendientes algunas cosas como la responsabilidad de los mandos superiores jerárquicos cuando orden una desaparición o la encubren, no sólo se debe sancionar al autor material, sino también al intelectual”.
De acuerdo al proyecto de decreto hacia una ley general de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, el cual se integra de 167 artículos y 22 transitorios, los servidores públicos o particulares que incurran en estos delitos serán penalizados hasta con 90 y 75 años, respectivamente. También habría fuertes sanciones para quienes oculten o destruyan restos humanos y para todo aquel que sea cómplice u omiso ante este tipo de agresiones. La estructura para atajar y disminuir la tragedia estaría a cargo de una comisión nacional de búsqueda adscrita a la Secretaría de Gobernación. El titular de la comisión sería designado y removido por el presidente de la República; no obstante el nombramiento partiría de una consulta pública con colectivos de víctimas y especialistas. La reestructuración para atender esta problemática tendría el apoyo de un consejo ciudadano, integrado por expertos en el tema.
Sobre las penas, el artículo 24 del proyecto señala: “Se impondrá pena de 40 a 60 años y de 10 mil a 20 mil días de multa” a funcionarios que incurran en el delito en mención. En el artículo 26 se detalla que las sanciones de este caso “pueden ser aumentadas hasta en una mitad” cuando la víctima es asesinada o se trate de un menor de edad, mujer, persona con discapacidad, migrante, periodista o defensora de derechos humanos, entre otros”. En el caso de los particulares, la pena sería de entre 25 y 50 años, igualmente con agravantes en los mismos términos de la cometida por servidores públicos, quienes además de la sentencia penal serían acreedores a inhabilitación del cargo.
Tal como se encuentra dicho proyecto, acusan organizaciones no gubernamentales (ONG), la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNA), por conducto de la Secretaría de Gobernación, impulsan en la Cámara alta que en la ley general de desaparición forzada de personas “no se sancione a los responsables de la desaparición de personas en la llamada “guerra sucia” o que las sanciones que se pudiesen aplicar correspondan a las establecidas en las leyes cuando ocurrió el delito”.
Integrantes de Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos se reunieron el viernes pasado con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, a quien manifestaron su rechazo a los cambios al proyecto de ley, “porque buscan dar impunidad a desapariciones de personas en el pasado, no consideraron nuestras propuestas para el mecanismo de búsqueda, se han empeñado en reducir la cifra de desaparecidos e introdujeron el concepto de persona no localizada”, la cual no está bien definida. La propuesta del gobierno federal, presentada por Campa, incluía en el artículo décimo transitorio lo siguiente: “Los delitos previstos en la ley general de desaparición forzada de personas y los cometidos por particulares antes de su entrada en vigor, serán sancionados conforme a la legislación vigente al momento de su comisión. Lo anterior sin perjuicio de la naturaleza de las conductas a que se refiere el artículo 7 de la citada ley”. Tal redacción fue totalmente rechazada.
No hay ninguna duda: el papel aguanta todo. Hasta la desaparición de las desapariciones y todo por Decreto, con visos de legalidad, con artículos en los cuales se marcan penalizaciones pero poco o nada se hace en verdad para reducir la enorme lista de personas denunciadas por no aparecer. Es imposible confiar en los resultados de un trabajo en el papel cuando no se tiene, en la mayoría de las entidades, ni siquiera el mínimo de materiales para lograr identificar cadáveres y así poder entregarlos a la familia e ir tachando nombres en la relación lograda por las denuncias interpuestas por nacionales como por gobiernos extranjeros. En el santo nombre del papel y la tinta, nada más.
“HEDIONDEZ DEL PODER”: IGLESIA
El sistema político mexicano está inmerso en una amplia y profunda cloaca de corrupción, sellada por una impunidad prácticamente absoluta para su clase política, la cual entiende al poder como negocio personal, familiar y de grupo. Esto se ha evidenciado con los casos del ex mandatario Veracruzano, Javier Duarte; sus ligas con el grupo Atlacomulco –al cual pertenece el propio Peña Nieto; el pacto de impunidad para su familia, particularmente su esposa¬-; de los ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores; del ex líder del PRI y ex mandatario de Coahuila, Humberto Moreira; y del ex mandamás de Nuevo León, Rodrigo Medina, por sólo mencionar a los exhibidos en semanas recientes de una larga lista de gobernadores corruptos de la última camada de políticos mexicanos de todas las fuerzas políticas.
La Arquidiócesis de México destacó en su último editorial del semanario Desde la Fe: “Después de la alternancia y fin del autoritarismo presidencial, terminaron los pactos de poder y los gobernadores encontraron el perfecto filón de oro para satisfacer voraces ambiciones sin responder a nadie y ejecutar el pago de favores”. Un inimaginable caudal de recursos llegó a los estados a través de los fondos destinados al desarrollo social o de infraestructura local, aparte del financiamiento público de partidos políticos, donde gobernadores podían intervenir en los procesos para inclinar la balanza electoral a favor de sus intereses; era el arca abierta a su antojo”, subraya la Iglesia y precisa:
“Corrupción y democracia son el binomio perfecto del empoderamiento de estos megalómanos. Algunas cifras publicadas durante el pasado proceso electoral federal 2012 mencionaban que, para el caso de una campaña para gobernador, la autoridad electoral habría puestos topes de campaña de entre 40 y 50 millones de pesos; sin embargo, se necesita más que esa pingüe cifra para amarrar el cargo. Una campaña ganadora requiere de entre 400 y 700 millones de pesos. Esto indicaría el engaño y fraude a la ley para fondearse de recursos ilegales, de fuentes no permitidas, incluso del poder corruptor del crimen organizado, a través de contabilidades dobles, una para la autoridad y otra sólo para los ojos del candidato. Ese resquicio legal descompone la democracia para consolidar poderes desmedidos que rayan en lo obsceno y burdo”.
La Arquidiócesis denuncia que en el sistema electoral mexicano, “la realidad demuestra cómo es más fácil ganar con un desequilibrado que con personajes de reputada e impecable trayectoria. Más allá de las cuestiones personales, la corrupción de gobernadores presenta el profundo dilema moral en el que México está sumergido cuando, a los ahora señalados, se les ensalzó como la nueva generación política del cambio contra el pasado autoritario, antidemocrático y de poder desmedido. Las refinadas formas de la política llevan detrás el grotesco manejo de la corrupción a modo, cuyo germen es la impunidad. En los estados desfalcados y en quiebra económica operaron gobernadores sin contrapeso alguno, y quienes se atrevieron a denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos”.
El editorial concluye: “el asombro político por este fenómeno de corrupción entre gobernadores no debe quedar en el pasmo. Reformas electorales van y vienen, y el resultado es el mismo: encumbrar la corrupción como arte del éxito político. Es necesario un cambio de mentalidad para ejercer el servicio público bajo la responsabilidad ética –porque el poder no es un negocios-, así como adelgazar el sistema esclerotizado por privilegios, fueros y protecciones extralegales. La demanda de la ciudadanía es que los responsables, de ser culpables, reparen el daño y restituyan la riqueza del pueblo por el fraude cometido. Es el examen para enfrentar el fracaso del sistema federalista en obsolescencia. Por lo pronto, hoy soportamos la hediondez del poder”.
AHÍ VIENE EL LOBO
Es curioso cómo van desarrollándose investigaciones y dizque formándose expedientes y formas y fondos para las denuncias. Más curiosa es la aplicación de la Ley y el seguimiento de investigaciones en nuestro país y, muy puntualmente, en lo referente al estado de Quintana Roo. Cada visita a la Ciudad de México realizada por diferentes funcionarios del gobierno de la entidad, miembros del gabinete de Carlos Manuel Joaquín González, refería la presentación de denuncias. Fueron primero 17, luego 22, agregaron 6 más, se distribuyeron las provocadas por venta de terrenos en varias áreas para evitar dañar a quienes recibieron el dinero de la operación y acusar a quienes tuvieron la responsabilidad de darle legalidad a las adquisiciones.
También hubo necesidad de darle una limpiadita a la lista de adquirientes, de nuevos propietarios, al encontrar en esta relación nombres muy conocidos, de gran peso político, con algunos a los cuales incluso se les deben favores o se les tiene una gran simpatía. Los ex presidentes y algunos ex gobernadores “cuates” de los de antes y por supuesto de los de hoy, debieron ser salvados aunque sus tierras hubiesen estado incluidas en los cientos de hectáreas denunciadas por haber sido rematadas. Igual suerte van corriendo ex presidentes municipales y algunos de sus ex funcionarios. Un día les plantan una denuncia, al día siguiente aprueban las cuentas públicas y un par de semanas después les hacen la misma faena de sacarlos con otros señalamientos más mediáticos que legales.
En el límite de la cordura se afirma han girado órdenes de aprehensión y dejan salir a la luz algunos nombres. No pasa nada, ni en los mencionados ni en los aún en el limbo. Ayer se dieron el lujo de hablar de otras 5 órdenes de aprehensión y se citan entidades en donde han tenido que recurrir a los acuerdos en materia de detención interestatales. Nombres: ninguno. Aunque y recurriendo a perversiones mentales, solamente citar entidades en donde han sido enviados documentos para ayudar a la captura, permite dar el “pitazo”, dar tiempo a la huida, a cruzar incluso las fronteras. ¿Quién anda en Miami? ¿Quién se conformó con llegar a Valladolid? ¿Qué andan haciendo en Baja California?
Tal parece no es suficiente el no entregar resultados, el vacío existente en las detenciones, estar penetrados por agentes del extranjero cuyas pesquisas empiezan a dar respuesta a muchas interrogantes surgidas, inclusive, en el otro extremo del Atlántico. El sainete para los carniceros de hoy, reses de mañana, apenas inicia.
DE LOS PASILLOS
Antes de elegir al Fiscal Anticorrupción, el Senado debe priorizar la discusión y diseño de la Fiscalía General de la República (FGR), coincidieron especialistas. El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, pidió dejar de lado, por el momento, el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción. “Lo que necesitamos en la lucha anticorrupción no es nombrar un tlatoani o un súper héroe que nos venga a salvar, es diseñar correctamente las instituciones y ese diseño empieza y se corrige desde la Constitución”, señaló y añadió: “Por lo tanto, el Senado, antes de estar tratando de satisfacer expresiones de la opinión pública para nombrar un Fiscal Anticorrupción debería ponerse a discutir y reformar la Constitución en el tema de la Fiscalía General, ese es el tema fundamental”. Pidió convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir, a fondo, el diseño de la FGR y, después, encargarse de los nombramientos…
Cada día se exhibe más el pacto mafioso signado entre Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz, y la administración federal actual para su entrega en Guatemala. Ahora, el subprocurador general de la República, Gilberto Higuera, descartó que Karime Macías, esposa de Duarte, sea considerada jurídicamente prófuga de la justicia. Durante una entrevista en la sede del Instituto Nacional Electoral, el responsable de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos reiteró: “insisto, de existir alguna indagatoria, estuviera integrándose y será el eje rector sobre el cual se podrá generar información a los medios”. El funcionario demandó se dejen transcurrir los tiempos legales… Sigue la cadena de protección para los amigos o para quienes tienen suficiente información…
Tras horas de enfrentamientos con efectivos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, Tamaulipas, Julián Manuel Loisa, El Toro, y Francisco Pancho Carreón, líderes de células de los cárteles del Golfo y Los Zetas, respectivamente, fueron abatidos. Los habitantes de Reynosa vivieron horas de terror el fin de semana, luego de que los cómplices de esos capos bloquearon calles y avenidas principales en entradas y salidas hacia otras ciudades de la franja fronteriza, así como a San Fernando… Diez células delictivas de ambas organizaciones se disputan el control del estado, la cual se concentra en esos cinco municipios…
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