Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La infame sentencia impuesta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una ciudadana por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión y a criticar a la clase política es una muestra más de las consecuencias de la toma por asalto de las instituciones y la destrucción del orden medianamente democrático que fue construido durante la fallida transición que feneció desde el año pasado.
Karla María Estrella, ciudadana sonorense, publicó en X un mensaje cuestionando la candidatura de una diputada del Partido del Trabajo, sugiriendo que fue impulsada gracias a las influencias de su esposo, el veracruzano de ocasión Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, fue lo que publicó en su momento Karla María Estrella, quien ni siquiera mencionó el nombre de la hoy diputada. Pero sí el del marido que, obsequioso, le demostró que efectivamente tiene influencias en el ámbito político y, más concretamente, en el Tribunal Electoral federal.
La sentencia del TEPJF a raíz de la denuncia presentada por la diputada concluyó de manera inverosímil que el mensaje de Karla María Estrella constituía “violencia política de género”, aun cuando en todo momento se refirió a actos atribuibles a Gutiérrez Luna y ejerció una crítica legítima dirigida a dos personas con cargos públicos en el contexto de una elección. Y ordenó, entre otras barbaridades, que la ciudadana sin cargo público alguno –y aquí estriba la verdadera gravedad de este asunto- pida disculpas diarias durante 30 días en la red social y publique el extracto de la sentencia donde se le exige, sin más, humillarse públicamente.
La votación en el TEPJF estuvo dividida y se resolvió gracias al voto de la presidenta, Mónica Soto. La misma magistrada que en diciembre de 2023 encabezó una asonada para destituir al anterior presidente, Reyes Mondragón, días después de haber sido exhibida sosteniendo una reunión en un restaurante de Jardines del Pedregal con el mismísimo Sergio Gutiérrez Luna. La conexión es evidente como una montaña.
Tras el golpe al Tribunal, Mónica Soto fue nombrada presidenta y desde entonces, el órgano jurisdiccional quedó reducido a ser un instrumento más del régimen para convalidar la destrucción de la democracia, empezando por el fraude que le otorgó a Morena una ilegal sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que de ninguna manera obtuvo en las urnas.
El TEPJF y otros órganos electorales –ya encontraron la fórmula- ahora se dedican a perseguir a quienes critiquen las malas prácticas de una clase política que cada día se envilece más: lo mismo periodistas que académicos y ciudadanos de a pie, como ya hemos dado cuenta de otros casos que ejemplifican la embestida contra la libertad de expresión que el morenato ha emprendido desde diferentes espacios y plataformas. La legaloide es una de ellas.
El caso de Karla María Estrella –similar también al de un ciudadano que fue coaccionado por el impresentable presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que lo obligó a disculparse frente a él tras utilizar abusivamente todo el poder del Estado y en un espacio del Congreso de la Unión, por haberse atrevido a increparlo en un aeropuerto-, es una prueba de la escalada autoritaria que se cierne sobre todos los mexicanos en este momento y que si no se denuncia y se detiene, después no habrá marcha atrás. Como alertó la académica Celia del Palacio –también amenazada por mencionar a una candidata “hija de”-, “si nos callamos ahora, nos vamos a tener que callar siempre”.
Karla María Estrella encontró una salida creativa y sarcástica al absurdo y la estupidez hecha sentencia judicial. Hace tres días que comenzó a cumplir el fallo –porque de no hacerlo hasta le podrían congelar sus cuentas y tarjetas bancarias- de publicar sus “disculpas” durante un mes, lo hizo retomado de manera literal lo que dice el recurso legal que la obliga: llamando a la diputada no por su nombre, sino como “Dato Protegido”, que es como viene referida, lo cual ha provocado una enorme reacción de solidaridad en las redes, que lo mismo la apoyan que se burlan de la susodicha que, contra lo que seguramente deseaba, quedó invisibilizada. Ahora solo es “dato protegido”.
Que se lo agradezca a “Gutierritos”, que por fortuna y a pesar del dinero público que derrochó, no fue gobernador de Veracruz.
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