José Luis Parra
El poder no se litiga en librerías, pero a veces se sacude desde ahí. Y eso fue lo que hizo Julio Scherer Ibarra con su libro Ni venganza ni perdón: mover la conversación del café a la sobremesa del gabinete.
No es poca cosa.
Cuando un ex consejero jurídico del presidente publica señalamientos que tocan al entorno presidencial, al financiamiento electoral y a un personaje vinculado al llamado huachicol fiscal, el texto deja de ser literatura política para convertirse en munición. Y en año postelectoral, toda munición cuenta.
El libro no se quedó en las vitrinas. Saltó a la arena.
Respuestas públicas, desmentidos, posicionamientos en redes, entrevistas, columnas, silencios incómodos. La polémica fue gasolina premium para su difusión. En política, como en el box, no importa quién lanzó el primer golpe, sino quién logra que el público no cambie de canal.
Y aquí nadie cambió de canal.
El fenómeno tiene tres capas: mediática, editorial y política. La primera es evidente: alto voltaje en la conversación nacional. La segunda, previsible: interés comercial impulsado por la controversia. La tercera, la más delicada: el libro irrumpió en la narrativa interna de Morena y obligó a reacomodos discursivos.
Un libro convertido en factor.
El ingrediente que le agrega picante internacional es la referencia a investigaciones en cortes de Nueva York y Texas. Cuando aparecen palabras como lavado de dinero, financiamiento electoral y flujos transfronterizos, el radar estadounidense se activa.
Pero una cosa es el radar y otra el misil.
Para que el impacto sea institucional en Estados Unidos se requieren actuaciones formales: expedientes abiertos, declaraciones oficiales, cobertura sostenida en medios nacionales en inglés. Hasta ahora, lo observable es interés analítico y mediático, no procesal.
Es decir: ruido, no sentencia.
No existe información pública confirmada sobre la residencia actual de Scherer ni sobre procesos judiciales en su contra derivados del contenido del libro. En tiempos de linchamiento digital conviene subrayarlo: la publicación de un texto no equivale a una orden de aprehensión.
¿Podría comparecer ante autoridades mexicanas? Solo si existiera una carpeta de investigación donde su testimonio fuera relevante.
¿Ante autoridades estadounidenses? Únicamente si hubiera un proceso formal que lo requiriera y se activaran mecanismos de cooperación jurídica.
Sin expediente, no hay citatorio.
Lo demás es especulación, que en México suele confundirse con certeza.
Hoy el efecto es reputacional. Y en política la reputación es capital.
El libro golpea en tres direcciones:
– Incide en la disputa interna del oficialismo.
– Alimenta la narrativa opositora.
– Coloca temas sensibles en la conversación bilateral México–Estados Unidos.
Pero mientras no existan actuaciones judiciales documentadas, su peso seguirá siendo político y mediático, no jurídico.
Eso no lo hace menor. Lo hace más interesante.
Porque en este país las batallas más crudas no siempre se libran en tribunales, sino en la percepción pública. Y ahí, cada palabra pesa más que un expediente.
Al final, el título es una declaración de principios: ni venganza ni perdón.
Aunque en la política mexicana casi siempre hay un poco de ambas.
