Por: Abraham Mohamed
La mentada “Ley Bonilla” no fue más que una perversa patraña urdida por el propio Jaime Bonilla Valdez.
No contó con la aprobación del presidente López Obrador a quien le debe haber sido diputado federal, senador y gobernador de Baja California, aunque sea por dos años para los que fue electo, y no por cinco como quería.
Por eso la sentencia, fallo, resolución o invalidación de la Reforma al Art. 8avo. Transitorio de la Constitución del Estado que finalmente dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estaba dictada con esto que dijo AMLO: “No tengo nada que ver con lo que aprobó el Congreso de Baja California”.
Y el asunto siguió su curso legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ministro presidente, Arturo Zaldívar dijo en el Pleno de este lunes 11 de mayo, que “con la Ley Bonilla el Congreso de Baja California configuró un gran fraude constitucional, pues se violaron también “las formas y la esencia” de lo establecido en la Constitución Federal.
Hay que precisar que fue el ministro Fernando Franco González Salas quien elaboró el proyecto de resolución que aprobaron por unanimidad los 11 togados que conforman la Suprema Corte, al coincidir que “también entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio de democracia, pues la elección para la gubernatura del Estado era por dos años y no por cinco”.
Y ese gran fraude constitucional lo cometieron los 25 diputados de la XXII Legislatura que mayoriteaban 12 Panistas quienes por traidores al pueblo fueron expulsados de su partido, al trascender que ellos y los otros 13 de diversos partidos, recibieron entre 200 mil y 400 mil dólares por su voto para que al reformar la Constitución local, Jaime Bonilla Valdez, gobernara por cinco años en vez de dos.
Te quiero decir que el ambicioso Bonilla amplió su poder económico al adquirir poder político, pues logró por la Coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT, PES y Verde) llegar a ser Diputado Federal, Senador y Gobernador del Estado a partir del 1 de Noviembre del 2019 en que tomó posesión, hasta el 31 de octubre del 2021 ¡y ni un día más!
En lo personal, por lo que se ve, el presidente López Obrador como que no le tiene confianza a Bonilla, tal vez por su desbordada ambición de poder que lo llevó hasta repartir millones de dólares entre los mercenarios diputados locales para ampliar su mandato en la gubernatura, sin su aprobación y, por eso repito lo que dijo: “no tengo nada que ver con lo que aprobó el Congreso de Baja California” y además, porque fue flagrante la violación a la Constitución y a los principios democráticos que ellos cometieron por lo que deben ser legal y políticamente castigados.
Y lo que son las cosas, esto le sirve y servirá de maravilla a AMLO para que, como ya lo declaró el Senador Ricardo Monreal, “con la invalidación de la reforma a la Constitución de Baja California para ampliar el mandato de 2 a 5 años del gobernador Bonilla, se comprueba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está supeditada al Ejecutivo”, y yo le agrego socarronamente: con lo que se confirma la independencia de los Tres Poderes (…)
Creo que es conveniente recordar antecedentes de este caso para evitar algo semejante en el futuro:
Este intento antidemocrático se dio el pasado 9 de julio del 2019 cuando los 25 diputados del Congreso bajacaliforniano aprobaron, por unanimidad, modificar su Constitución local para que Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo, se mantuviera en el cargo cinco y no dos años, por los que fue electo. Tal reforma se conoció como la «Ley Bonilla».
Bien “maiceados”, o sea ya con los dólares que recibieron por su voto, convocaron a una dizque “consulta popular” –a modo- para “respaldar” su infame traición a los ciudadanos y a la democracia.
Semejante muestra de indignidad, de deshonestidad, de desvergüenza e importamadrismo de los diputados pertenecientes a la XXII Legislatura de la Ignominia de Baja California han quedado marcados para siempre como corruptos en los anales de la historia legislativa y política del Estado.
Todos esos diputados y diputadas locales que ya deshonraron a sus familias y se fueron al basurero de la política, son:
Del PAN 12 –la mayoría- ya expulsados de su partido.
1. José Félix Arango Pérez, distrito IV, Mexicali.
2. Irais María Vázquez Aguiar, distrito XI, Tijuana.
3. Raúl Castañeda Pomposo, distrito XII, Tijuana
4. Andrés de la Rosa Anaya, distrito V, Mexicali.
5. Ignacio García Dworak, distrito XVII, Rosarito.
6. Mónica Hernández Álvarez, distrito IX, Tijuana.
7. Miguel Antonio Osuna Millán, distrito X, Tijuana.
8. Eva María Vázquez Hernández, distrito II, Mexicali.
9. Sergio Tolento Hernández, distrito VI, Mexicali.
10. María Trinidad Vaca Chacón, distrito I, Mexicali.
11. Alfa Peñaloza Valdez, distrito VII, Tijuana.
12. Carlos Alberto Torres, distrito XIII, Tijuana. Era el coordinador de la bancada. Fue “renunciado” del Partido junto con Mónica Hernández Álvarez, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez.
Del PRI fueron estos 5 los diputados corruptos:
1. Alejandro Arregui Ibarra, distrito XV, Ensenada. Coordinador de la bancada.
2. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, plurinominal.
3. Édgar Benjamín Gómez Macías, distrito VII, Tecate.
4. Bernardo Padilla Muñóz, distrito XVI, Tijuana.
5. Blanca Patricia Ríos López, plurinominal.
De MORENA, fueron solo 3.
1. Victoria Bentley Duarte, distrito III, Mexicali.
2. Víctor Manuel Morán Hernández, plurinominal.
3. Catalino Zavala Márquez, plurinominal.
Del PARTIDO TRANSFORMEMOS
1. José Antonio Casas del Real, plurinominal.
Del PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA
1. Jorge Eugenio Núñez Lozano, plurinominal.
Del PARTIDO DEL TRABAJO
1. Claudia Josefina Agaton Muñíz, plurinominal.
INDEPENDIENTE
1. Rocío López Gorosave, plurinominal.
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ADENDUM:
Frases de los Ministros de la Corte sobre la “Ley Bonilla”:
“La democracia no se agota en las urnas. Implica el respeto absoluto a la libertad del pueblo. Cuando los ciudadanos votamos no lo hacemos en blanco. Lo hacemos para un cargo y para un período específico”: Arturo Zaldívar, presidente.
“Es ilógico querer que algo que era prohibido antes de la elección sea permitido después de la elección”: Yasmín Esquivel.
“El Congreso de Baja California ignoró, con la aprobación de esa ley, el mandato de la voluntad ciudadana”: Norma Lucia Piña.
“La figura de la libertad configurativa de los Estados no puede utilizarse como un argumento para inobservar principios electorales”: Luis María Aguilar.
“Lo hecho en el Congreso de Baja California es violatorio del derecho de votar”: Javier Laynez Potisek.
“Lo aprobado en el Congreso estatal implicó varias violaciones constitucionales”: Margarita Ríos-Farjat.
“Extender el mandato gubernamental violenta de manera sustantiva los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica”: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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Ya para terminar te diré que éste fraude a la Constitución de BC se maquinó desde que Jaime Bonilla fue postulado candidato a la gubernatura pues al ganar las elecciones, antes de su toma de protesta, en Julio del 2019 el Congreso estatal aprobó la reforma al Art. 8avo. Transitorio, que amplió la gubernatura de dos a cinco años pero eso ya fue declarado inválido por la Corte.
El aprobado proyecto del ministro González Salas dejó en claro que el periodo de la gubernatura de Bonilla vencerá el 31 de octubre de 2021, a lo que el aludido con desparpajo respondió cuando le preguntaron su opinión sobre la resolución jurídica: “siempre dijimos que íbamos a respetar la decisión de la Corte. En una democracia se gana o se pierde, y en este caso, creo que el que pierde es el Estado”.
Que tal eh?….
Baja California perderá “desafortunadamente” al super gobernador de lujo que tiene, en el 2021.
Uta…..no se mide Bonilla…..
mohacan@prodigy.net.mx
