Luis Farías Mackey
Impartir justicia no es un derecho, es una obligación, de suyo constitucional. Es una función pública que no responde a los intereses de quien juzga, sino a los derechos de los justiciables.
La propia Constitución ordena una justicia pronta y expedita, nadie tiene derecho a dilatarla o, peor, hacerla imposible.
Justicia es dar a cada quien lo suyo, no administrar la decisión de dar en función de los pareceres del juzgador, a quien representan siempre con los ojos vendados, precisamente para que no sepa si juzga al peor de sus enemigos o a su propio padre, habida cuenta que sólo debe considerar los hechos y el derecho, no sus intereses, relaciones, ideología ni compromisos personales.
¿Hay por tanto responsabilidad cuando la ministra (es un decir) Lenia Batres no acude a una sesión de la segunda Sala de la Corte porque en ella se iba a discutir una ponencia a la que “ideológicamente” se opone y de seguro iba a perder?
¿No es eso denegación de justicia y negligencia?
¡Que pare toda justicia hasta en tanto los nuevos juzgadores de acordeón y de Morena toman posesión!
¿No debiera proceder el Consejo de la Judicatura de oficio ante la confesión de parte de la negligente ministra?
¿Es ese un recto proceder, o es una irresponsabilidad supina y punible?
“Deja ya a esos HDSRPM”, pareciera repetir, más no a su vecina, sino a sus pares, a los justiciables y a la justicia misma.
Es entendible que un(a) ministro(a) no acuda a Sala por causas graves y justificadas, pero no resolver asuntos por abierto sabotaje judicial, además, ¡confeso y firmado!, es algo que, no sólo no se entiende, sino que no puede alcanzar justificación alguna, pero sí todo el peso de la ley posible.
Valdría la pena que el nuevo benemérito de la justicia en México, el juez más votado en la historia universal, Hugo Aguilar, se pronunciase sobre ello, en lugar de los lugares comunes a los que es tan proclive.
