Según el parecer de algunos indignos servidores públicos que dicen querer pertenecer al segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, les parece digno haberse impuesto la misión de proteger, disculpar, tolerar o brindarle impunidad a un delincuente agresor sexual de sus tres menores hijos.
A contrario sensu, lo decente para la sociedad y para la justicia sería el que se pusiese un coto y se sancionara a los referidos servidores públicos, ya que la mencionada protección tiene su expresión en la corrupción derivada de dinero mal habido, así como la intervención de una fuerza política que aún pretende dar continuidad a la alteración de valores que por desgracia existe en los recintos de justicia.
Este fenómeno por desventura, es el que trata de hacer más difícil la aplicación de las sanciones establecidas por el Código Penal en vigor para la Ciudad de México y, de proteger a Guillermo Alejandro Sesma Suarez, como a los fiscales, agentes del ministerio público, jueces y magistrados que torciendo la ley pretendieron privar de su libertad a la Sra. Regina Seemann Audiffred, para con ello entregar a sus menores hijos al padre corruptor de la justicia.
Comencemos por decir que el delincuente de marras ha acudido a diversas instancias políticas y redes sociales para demostrar una inocencia de la cual carece.
La Primera Magistrada de la Nación y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, tienen la misión constitucional de respetar la Ley; el elevado sitial de la Lic. Bertha María Alcalde Luján la obliga, con base en el respeto que se le debe al Estado de Derecho a indagar y perseguir todo tipo de delitos que sean cometidos en la presente entidad federativa, con total independencia de la voluntad de políticos y/o delincuentes.
Esa misión que le otorga a ambas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un verdadero progreso para sacar a México de la incertidumbre jurídica, significa que la lucha contra la delincuencia del poder económico y político es un deber legal, y no una facultad derivada de ocurrencias de partidos políticos.
Pero más extraordinario que la impunidad que hasta la fecha le han otorgado a Guillermo Alejandro Sesma Suarez en la Fiscalía de la Ciudad de México y/o en el Tribunal Superior de Justicia, es de que también existe una impunidad para esos fiscales, agentes del ministerio público, jueces y magistrados que se prestaron a efectuar interpretaciones incorrectas del buen derecho que le asiste a la madre de los menores ultrajados sexualmente por su degenerado progenitor, sin ningún fundamento racional, frecuentemente basado en el empírico fenómeno de la corrupción del ámbito de procuración e impartición de justicia.
Realmente el caso es extraordinario, ¿podrán la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y Bertha María Alcalde Luján poner un freno a esa indignidad?
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.
