Noticias MX.- El Gobierno de México manifestó su deseo de continuar con el procedimiento iniciado con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia para obtener salvoconductos para personas que se encuentran en su embajada en ese país, al tiempo que solicitó una explicación al gobierno boliviano por el acoso a su representación diplomática.
Además, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México reiteró su exigencia a Bolivia para que cumpla con sus obligaciones internacionales, garantice la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cese la política de hostigamiento y amedrentamiento.
La cancillería mexicana reiteró su denuncia por el hostigamiento y la intimidación de la que están siendo objeto la Embajada y Residencia Oficial de México en Bolivia, contra el personal acreditado y contra las personas que se encuentran bajo la protección del Estado mexicano en ese país.
En un comunicado detalló que, ante ello, se ha convocado a la encargada de negocios de Bolivia en México para continuar el diálogo y que explique el actuar de los funcionarios bolivianos.
México recordó que el asilo es un acto de política exterior que se enmarca en el ejercicio de su soberanía y es congruente con su política de derechos humanos, incluido el que toda persona tiene derecho a solicitar asilo por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro.
Indicó que, como miembro de la comunidad latinoamericana y de las diversas convenciones regionales en materia de asilo, es respetuoso de su alto valor y por ello hace valer este derecho a nueve personas que se encuentran bajo la protección en los inmuebles diplomáticos de México en La Paz.
Lo anterior, señaló, incluyendo a cuatro individuos que tienen órdenes de aprehensión, las cuales fueron notificadas a su Embajada con una fecha posterior al otorgamiento de los asilos.
Argumentó que el régimen jurídico del asilo diplomático, construido sobre las Convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y las dos de Caracas (1954), establece que “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”.
Además, abundó, asienta que “será respetada la determinación del Estado asilante de continuar con el asilo y exigir el salvoconducto para el perseguido”.
Ante ello México insiste en mantener los canales diplomáticos abiertos, recordó que la embajadora Teresa Mercado ha tenido al menos cuatro reuniones con Karen Longaric y mantienen una comunicación directa.
