Redacción MX Político.- La activista y experta en temas militares Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela, y cinco de sus familiares han sido objeto de «desaparición forzada», denunció este lunes su defensa.
San Miguel, abogada de 57 años, de doble nacionalidad venezolana y española, ha sido vinculada con una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Transcurrieron más de 48 horas para que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informara sobre la aprehensión de San Miguel, mediante un mensaje en X, sin precisar el lugar de reclusión, ni las condiciones en las que se encuentra.
La publicación «no nos dice qué órgano policial la detuvo ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación», dijo este lunes a periodistas Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores.
Se trata de una «detención que se está extendiendo a su grupo familiar, a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente a Rocío San Miguel. Esto es terrible», añadió González Taguaruco en declaraciones ofrecidas más tarde al referirse a la hija de San Miguel, dos hermanos, su padre y su expareja.
«Son cinco familiares», denunció González.
«Tampoco sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado algunos centros de reclusión y en ninguno nos dan respuesta positiva (…) podemos definir que esta situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada», declaró González.
Fiscal general la vincula a presunta conspiración
Según el fiscal general Saab, el arresto de San Miguel se produjo «en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios».
Según el gobierno, «Brazalete blanco» sería un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar al mandatario, que este año buscará su tercera reelección.
ONGs y opositores cuestionan la detención
«El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias», señalaron 204 organizaciones de derechos humanos en un comunicado conjunto divulgado este lunes.
«Exigimos el respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y la de toda su familia, y su inmediata liberación», añadió el documento.
La detención de San Miguel y sus familiares «sigue una tendencia preocupante» de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.
El gobierno venezolano suele denunciar planes conspirativos contra Maduro. Solo en 2023 asevera que neutralizó cinco «conspiraciones», en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.
Ya en 2014 San Miguel había sido señalada por el propio Maduro de estar involucrada en «un alzamiento militar».
San Miguel ganó un caso contra el Estado venezolano en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
jpob
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