Redacción, Noticias MX Político.- Olga Juliana Elizondo Guerra y Valeria Santiago Barrientos, diputadas federales por Morena y PVEM, respectivamente, denunciaron posibles irregularidades al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión encabezada por Lorenzo Córdova que implican más de 224 millones de pesos.
Las legisladoras, señalaron que de acuerdo con la respuesta que el INE dio a una solicitud de información, durante 2022 el órgano electoral brindó 224 millones 419 mil 742 verificaciones de datos de credenciales para votar en favor de 62 instituciones privadas y 11 instituciones públicas, sin embargo, se alcanzó una recaudación de 50 millones 325 mil 152 pesos con 67 centavos, cuando debieron recibirse ingresos superiores a 224 millones, dado que el cobro unitario aproximado por verificación asciende a un peso; lo que representa un detrimento de casi 78 por ciento de ingresos por dicho concepto.
Según Proceso, responsabilizaron a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, y a Edmundo Jacobo Molina exsecretario ejecutivo del instituto.
En este marco, con el fin de transparentar los recursos públicos administrados por el órgano electoral, así como fortalecer los mecanismos de protección de datos personales, las diputadas presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Esta iniciativa, tiene como fin regular el servicio de verificación de los datos de la credencial para votar, un instrumento promovido por el INE para que instituciones públicas y privadas realicen una confrontación de datos que les permita constatar la veracidad de la credencial presentada por parte de quienes busquen contratar un crédito, realizar trámites o la apertura de una cuenta bancaria, y prevenir fraudes.
Para Elizondo y Santiago, la ausencia de una regulación sobre dicho servicio vulnera el derecho a la protección de datos y cuestionaron la falta de transparencia de los recursos recaudados por ese servicio, y que son administrados a través del fideicomiso denominado “Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral”.
El proyecto de decreto propone adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para definir qué es un servicio de verificación de los datos de la credencial para votar; el derecho de la ciudadanía a consentir y conocer sobre el uso y tratamiento de sus datos personales inscritos en el Registro Federal de Electores; así como la instrumentación del servicio de verificación por parte de la autoridad electoral, que incluye la prohibición de destinar cualquier cuota de recuperación a la constitución u operación de un fideicomiso.
Por lo que toca a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, se busca establecer una pena de uno a siete años de prisión a quien trate, altere, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentación que contenga datos personales, con el fin de alcanzar un lucro indebido.
En cuanto a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se reforma para sancionar con 50 a 200 días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que, además de documentos, altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de información relativa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores.
JAM
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