Redacción MX Político.- Organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, denunciaron el ambiente de hostigamiento e intimidación hacia líderes comunitarios de los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte poblana que se oponen la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), en defensa de su territorio y el agua.
Amnistía Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), así como las comunidades afectadas, exigieron al estado mexicano “garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y ambientales”, luego de que los líderes comunitarios han sido blanco de amenazas, eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento, de acuerdo con información de apro.
Al señalar que el Consejo Tiyat Tlali, Imdec y Fundar han acompañado a las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, en la defensa de su territorio y el agua, contra el proyecto hidroeléctrico propiedad de la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro.
Las organizaciones y las comunidades mantienen una lucha por su territorio desde hace diez años, combatiendo decisiones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que otorgaron permisos para la construcción de la hidroeléctrica, pese a que un peritaje de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el megaproyecto provocará daños al medio ambiente.
De acuerdo a los denunciantes, el PHP1 quitará el agua a los habitantes de las comunidades totonacas para favorecer a las empresas Nueva Walmart de México, Waldo´s, Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.
Durante el litigio, la abogada de Fundar, Itzel Silva, ha sido víctima de actos intimidatorios, que se han ido recrudeciendo conforme la defensora promueve actuaciones judiciales para impugnar sentencias del Poder Judicial Federal en contra de las comunidades.
Entre los actos de intimidación y criminalización, en agosto de este año se reabrió una demanda penal iniciada por el exsecretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Jesús de la Cruz Sánchez Cuevas, con las abogadas que acompañan a las comunidades, Itzel Silva y Diana Pérez, del Consejo Tyat Tlali, denuncia que se había acordado que se mantendría cerrada.
Además, a las oficinas de Fundar, en la Ciudad de México, llegó una fotografía de la casa de Silvia Villaseñor, integrantes de Imdec, y defensora de la tierra, como una demostración de la vigilancia a la que está siendo sometida la población que se opone a la hidroeléctrica.
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