Lilia Arellano.
“Aquel que comparte la opresión, comparte el crimen”: Erasmo Darwin.
• Desaparecidos… y olvidados por presidenciables
• Fox y Calderón, dejan a Anaya pavoroso lastre fúnebre
• Meade arrastra las cifras de EPN: 30 mil desaparecidos
• Extranjeros víctimas de la actual violencia incontenible
• “Haremos entrar en razón a Donal Trump”:dice AMLO
• Q. Roo, se cuentan enfrentamientos político-electorales
Ciudad de México, 3 de abril de 2018.- De los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, sólo Andrés Manuel López Obrador muestra preocupación e interés por decenas de miles de desaparecidos en territorio mexicano. Felipe Calderón, el esposo de la candidata independiente, Margarita Zavala, cerró su sexenio con al menos 70 mil asesinatos, 30 mil desaparecidos, 250 mil desplazados y 95 por ciento de impunidad. El panismo de Ricardo Anaya tiene una enorme deuda en la materia. Y el sexenio de Enrique Peña Nieto, principal impulsor de José Antonio Meade, acumulará más de 200 mil ejecutados, una cifra de desaparecidos no contabilizada y superior los 30 mil, el caso Ayotzinapa sin resolver, más de un millón de desplazados, una infinidad de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, una impunidad que alcanza el 98 por ciento, y la intención de legalizar, con la Ley de Seguridad Interior, el estado de excepción detonado por “el hijo desobediente” cuando sacó al Ejército a las calles.
A pesar de la creación y puesta en marcha de la Ley de Víctimas y la Ley de Desaparición “muy poco se ha logrado”, consideró Javier Sicilia Zardain, líder moral del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En México prevalece la impunidad y el problema se ha agudizado y los candidatos presidenciales, a excepción de López Obrador, no hablan de las víctimas, las cuales parecen no existir ni en su pensamiento ni en sus discursos ni en sus programas de gobierno; tampoco las fosas. Los partidos, las coaliciones, los candidatos y el Estado han limitado el debate nacional a los actos de corrupción en los que por comisión u omisión todos están implicados. Los electores están esperando sus propuestas de justicia y de paz para las víctimas; sus alternativas de solución ante el problema de las drogas, una cuestión de seguridad nacional. Desean saber cómo se va a generar una política que deje de subordinar al país a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y cuál va a ser su política frente a los desaparecidos y las fosas del país.
El pasado 16 de enero entró en vigor la Ley General sobre Desaparición de Personas, la cual prevé la creación de un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que estará a cargo de la futura Comisión Nacional de Búsqueda. Mientras, la Procuraduría General de la República (PGR) sigue siendo la responsable de concentrar la información que le envían las fiscalías o procuradurías estatales antes de entregarlas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde no es posible consultar la información precisa sobre los desaparecidos. El nuevo registro es una oportunidad para dar claridad sobre las desapariciones en México, considera el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, quien espera se permita clarificar por qué se dan de baja a personas no localizadas.
Uno de cada cuatro desaparecidos en México tiene entre 15 y 24 años, de acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Al cerrar el pasado mes de enero, había 34 mil 268 mexicanos desaparecidos, de los cuales 9 mil 404 son jóvenes, es decir, el 27.4 por ciento. La última semana de marzo, tan sólo en una entidad, Jalisco, se reportó la desaparición de seis jóvenes: Marco García, Jesús Díaz y Javier Aceves, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara; Susana Carolina Gutiérrez, quien declaró estuvo privada de la libertad durante 24 horas; Pedro Ruiz, estudiante de secundaria quien fue encontrado; y Cesar Ulises Arellano, localizado ahorcado, en un presunto suicidio en la barranca de Huentitán.
En cuanto a las mujeres reportadas como desaparecidas en la zona centro de Guadalajara, tenían alrededor de 16 años, “lo que conlleva a considerar las condiciones de pesado tránsito de mercancías en el caso de Lagos de Moreno, y el mercado de turismo sexual en el caso de Puerto Vallarta, que pudiera relacionarse con el delito de trata de personas”, destaca la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en su Recomendación General 3/2018.
De acuerdo con la organización Data Cívica, sus registros contabilizaban 33 mil 125 casos de desapariciones hasta octubre de 2017. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza hasta el año pasado 33 mil 513 personas no localizadas. Resalta que el 40 por ciento de las personas que salieron del registro desaparecieron en el 2017, y una cuarta parte de las que ingresaron corresponden a desapariciones en el Estado de México, en donde con el simple mecanismo de iniciar un nuevo conteo de casos y expedientes reducen sus estadísticas mortales.
EXTRANJEROS, VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
Este año se han incrementado los reportes de desaparición de personas de origen extranjero en distintos puntos del país. En varios casos las indagatorias apuntan al homicidio de residentes o turistas. Las cifras oficiales revelan que entre 2012 y 2016 fueron asesinados mil 38 extranjeros en territorio mexicano. Hasta 2017 se contabilizaban al menos 197 extranjeros desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Este problema toral para el turismo mexicano se incrementó en las últimas semanas. De ahí las alertas de Estados Unidos, Canadá y países europeos para que sus connacionales tomen precauciones al visitar México, si están obligados a hacerlo o, de plano, abstenerse de tocar territorio mexicano.
De acuerdo con la recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos, cinco entidades: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, se encuentran en un nivel de riesgo grado 4, es decir, que “la vida de los paseantes podría estar comprometida”. Además, 11 estados: Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarita, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, representan un nivel de inseguridad grado 3, por lo cual recomendó “reconsiderar el viaje”.
Varios casos de extranjeros que perdieron la vida recientemente en México se han registrado en los principales destinos turísticos del país, en Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca. Un chileno murió en el fuego cruzado de una balacera registrada en una discoteca ubicada en la zona costera de Miguel Alemán en Acapulco; en Cancún, un hombre de procedencia afgana cayó del piso 15 del Hotel Riu –la azotea del inmueble-, ubicado en el kilómetro 8.5 de la playa principal; los cuerpos de Joan Sebastián Espinosa y su presunto hermano, ambos de origen colombiano, fueron encontrados decapitados y desollados. Según las indagatorias, los colombianos se dedicaban a un esquema de préstamo de dinero denominado “gota a gota”, el cual ha cobrado víctimas en distintos países.
CANCÚN, INFIERNO PARA COLOMBIANOS
El expediente del caso, recopilado por autoridades colombianas, es tremendo: policías municipales del destino turístico detuvieron el 18 de diciembre del año pasado a cuatro colombianos, quienes fueron subidos a dos patrullas. Horas después fueron entregados a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”. Las evidencias y testimonios involucran a los policías locales en el arresto de Yesly Tatiana Góez Guisaro, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinosa Castañeda. Los funcionarios de la cancillería colombiana se pasmaron por todas las irregularidades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por lo cual pidieron ayuda a la Policía Federal.
Personal diplomático de Colombia acreditado en México solicitó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo cual tampoco ha servido. Se trata de un caso de “desaparición forzada” y debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad, considera la Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad de la que son oriundas las víctimas.
Por más de 10 horas, en una declaración ante Tisbe Cázares Mejía, la agregada de la Procuraduría General de la República (PGR) de la embajada de México en Colombia, Daniela Bermúdez, pareja de Óscar Alexander Zuluaga Macías, uno de los desaparecidos, y Santiago Espinosa Urrego, hermano del colombiano que apareció muerto, presentaron el 5 de enero en Bogotá una pormenorizada denuncia de lo ocurrido en Cancún.
Daniela, quien vivía en Cancún con su pareja y los otros desaparecidos, denunció que pagó 20 mil pesos a un funcionario de la Fiscalía de Quintana Roo, quien le exigió la suma para agilizar la investigación. Acusó que esa institución judicial “encubrió a los policías” municipales que “levantaron” a los colombianos. “Uno busca la plata y paga lo que piden porque lo que uno quiere es volverlos a ver. Pero sólo nos estafaron, nunca hicieron nada, nunca investigaron a los policías que se los llevaron, nunca mostraron un poco de interés en buscar a nuestra gente”, denunció.
ITALIANOS DESAPARECIDOS
Cuatro policías fueron detenidos acusados de la desaparición, el 31 de enero pasado, en el estado de Jalisco de tres italianos: Raffael Russo, Antonio Russo y Vicenzo Cimmino. Tenían poco tiempo en México y habían llegado a Ciudad Guzmán para llevar a cabo actividades comerciales. Los familiares presentaron la denuncia el 1 de febrero en el área de desaparecidos de la Fiscalía General de Jalisco y declararon no haber recibido alguna llamada solicitando un rescate, por lo que descartaron la posibilidad de un secuestro. Afirmaron haber sido abandonados por las autoridades mexicanas e italianas y señalaron, posteriormente, haber dejado México “por miedo”.
Por esos hechos ocurridos en una gasolinera de Tecatitlán, se ejercieron cuatro órdenes de aprehensión giradas por el juez (…) por los delitos de desaparición forzada de personas”, informó el fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez. Los detenidos fueron identificados como Emilio N, Salomón N, Fernando N –por ley se reservan los apellidos- y eran policías del municipio de Tecatitlán, quienes “confiesan haberlos entregado a otras personas de la delincuencia organizada de Tecatitlán”, añadió el fiscal, sin determinar que grupo criminal estaría involucrado. Se sigue la búsqueda del jefe de la policía de Tecatitlán, Hugo Martínez, cuyo paradero se desconoce desde que se abrió la investigación.
A través de un localizador que se encontraba en un auto rentado por Russo, se ubicó el último punto en el que pudo haber estado antes de desaparecer en Tecatilán. Las coordenadas ubican un punto a 6 kilómetros de la cabecera del municipio de Jalisco, sobre la carretera que desde ahí se adentra a la sierra rumbo a Jilotlán de los Dolores, en la frontera con Tierra Caliente, en Michoacán.
OTROS EJECUTADOS
El canadiense Keith Vonrbrock fue encontrado sin vida en la bahía de Huatulco, Oaxaca, por “causas no determinadas”, según las autoridades. El empresario español Segismundo Díaz fue ejecutado en la entrada de su casa en Puebla. Díaz era el director general de una empresa dedicada a la producción de equipos y depósitos de poliéster reforzado con fibras de vidrio. Jhon Jaime Castano Mejía, de nacionalidad colombiana, fue asesinado por dos sujetos quienes le dispararon desde un vehículo en marcha, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Según vecinos, Castano era un presunto extorsionador que operaba en los negocios de la zona.
Uno de los casos más sonados el año pasado fue el de la modelo argentina Karen Ailen Grodzinski, ejecutada en diciembre en el hotel Pasadena de la Ciudad de México. Su asesino no ha sido localizado. En noviembre pasado, la escort venezolana Génesis Uliannys Gibson fue ultimada en el hotel Platino, ubicado en la delegación Venustiano Carranza de la capital del país.
Los medios de comunicación reportan los casos de extranjeros asesinados en México, pero las cifras oficiales no muestran a detalle las condiciones en que perdieron la vida en territorio mexicano. Según los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), entre 2012 y 2016 fueron asesinados mil 38 extranjeros en México. Las entidades que se consideran más peligrosas coinciden con la alerta del gobierno estadounidense: en 2016 Baja California reportó 47 víctimas extranjeras; Chiapas, 35; Estado de México, 19; Jalisco, 16, y Chihuahua, 15.
Más del 90 por ciento de los extranjeros asesinados en México son de origen estadounidense, seguido de los hondureños y los guatemaltecos, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), organismo que registra los casos de personas que fallecen en las instalaciones del sistema de salud en México.
De acuerdo con el Sinais, en un periodo de ocho años mil 107 extranjeros fueron asesinados por arma de fuego. Y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación precisa: entre enero de 2014 y noviembre de 2017 hubo 154 personas de origen extranjero reportadas como desaparecidas en México.
MÉXICO, PIÑATA DE TRUMP
Golpear primero y luego negociar, es la estrategia que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplica en su relación con México, en los terrenos económico, diplomático y de migración, político y de seguridad. El polémico y cuestionado magnate, apasionado del poder, tomó a nuestro país y al inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, de su piñata personal. El fin de semana, DT amaneció de malas y arremetió contra su vecino del sur, con los mismos temas: tráfico de drogas, el muro, la migración, etcétera, amenazado cancelar el tratado comercial trilateral.
Horas después, la agencia Bloomberg difundió que busca un acuerdo preliminar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en dos semanas porque quiere anunciarlo durante la Cumbre de las Américas, la cual comenzará el próximo 13 de abril en Perú. Trump busca dar a conocer el acuerdo preliminar, mientras las conversaciones sobre los detalles legales y técnicos continúen. “La Casa Blanca quiere que los líderes de Canadá y México se unan al anuncio sobre las líneas generales del acuerdo actualizado en la Cumbre de las Américas”, destacó Bloomberg.
DT acorrala a México y a Canadá para lograr esa meta, aún cuando existen importantes diferencias respecto del TLCAN, entre las que sobresale aumentar el contenido regional en los automóviles que se producen en la región. El golpeteo de Trump tiene pasmado al presidente Enrique Peña Nieto y atónito al secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, quienes no saben como reaccionar, sobre todo cuando están muy ocupados haciendo maletas y cubriéndose las espaldas.
Jesús Saede Kuri, profesor de Economía de la Universidad de Lignan, en Hong Kong, quien aceptó liderar las renegociaciones del TLC en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, consideró que precipitar el proceso para terminar antes de julio, sería un error. “Por todos los anuncios, después de las rondas anteriores y declaraciones nos estábamos acercando a una conclusión y, de pronto, se habla de prisa de que queremos terminar y queremos terminar el mes que entra, pues más parece que es terminar para hacerlo antes de las elecciones, no porque el flujo de lo negociado esté avanzando”.
El ex embajador de México para el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y ex jefe de las negociaciones en la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en las rondas de Uruguay, explicó que el proyecto planteado por Andrés Manuel López Obrador no se contrapone con el TLC y, lejos del enfrentamiento, existe mucho interés en lograr beneficios para México. Las prisas de DT de llegar a un acuerdo en torno al pacto comercial, se dan luego del anuncio de imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio, y tarifas a productos de China, quien ha su vez ha implementado represalias comerciales.
TROPAS EN LA FRONTERA CON MÉXICO
Donald Trump dijo este martes que planea enviar a efectivos para proteger la frontera sur de Estados Unidos con México hasta la construcción de un muro en la zona que permita garantizar “la seguridad apropiada” del sector. “Vamos a hacer cosas militarmente”, declaró el mandatario estadounidense a periodistas en la Casa Blanca, y añadió que discutió la idea con el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis.
Cerrando la pinza para presionar a un gobierno frágil, sin respaldo popular como lo es el de Enrique Peña Nieto, todo apunta a que el magnate logrará imponerse y su ubicación dentro de una postura temeraria resulta todo un reto para el próximo presidente de México. De ahí la necesidad de que quien se instale en Los Pinos cuente con una aprobación mayoritaria y pueda, en combinación con los Poderes Legislativo y Judicial hacer frente a los graves problemas internos y a los externos, concentrados éstos en territorio vecino.
DEFENSA DE LOS CONNACIONALES
Hace un año, desde la Plaza San Jacinto de El Paso, Texas, Andrés Manuel López Obrador se mostró decidido a enfrentar de manera conjunta con Estados Unidos las causas que originan la migración, la inseguridad y la violencia. Ahí aseguró que es inmoral y absurdo tratar con desprecio a los mexicanos y anunció la conformación de comités informativos en Texas y Nuevo México y los equipos legales de defensa para migrantes deportados. También viajó a Nueva York y Washington, sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancias en las que presentó un escrito de protesta y una denuncia legal contra las ordenes de construir el muro y perseguir a migrantes en Estados Unidos.
AMLO indicó que para reducir el flujo migratorio se necesita rescatar el campo –un sector abandonado no sólo en los hechos, sino incluso en los discursos de los otros candidatos presidenciales-, apoyar a los sectores productivos, crear empleos y mejorar los salarios de los trabajadores en México. Adelantó que el “nuevo gobierno democrático mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos, pero haremos valer nuestra autoridad soberana, en primer término, defenderemos sin ningún condicionamiento, ni medias tintas el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado”.
López Obrador adelantó que los 50 consulados de México en Estados Unidos se ocuparán por completo de la defensa de los mexicanos; para efectos prácticos se convertirán en auténticas procuradurías para la defensa de los migrantes. Y este martes, AMLO aseguró que de lograr el triunfo el 1 de julio hará entender al mandatario Donald Trump, que los migrantes son gente de trabajo. “Los mexicanos no son gente mala, es gente de bien, eso lo va a ir entendiendo poco a poco el presidente Trump, que los migrantes son gente de trabajo”, sostuvo el político tabasqueño.
NI PARA DONDE HACERSE
El descontrol político y la ingobernabilidad que priva en Quintana Roo no es ninguna falacia, no hay falsedades en su señalamiento sino realidades que, por cierto, duelen y mucho y no porque estén emanadas de un gobierno que prometió un cambio atribuible, como es lógico a los avances y no al retroceso que se está viviendo. El hecho de ser testigos de jaloneos entre quienes pelean aparecer en las boletas electorales el próximo proceso, se debe en gran parte al respaldo ofrecido por el gobierno local a determinados personajes y a los acuerdos hechos con otros a fin de lograr sean los abanderados de la alianza incomprensible quienes logren las curules federales y obviamente las alcaldías hoy en poder de los opositores. Ejemplos sobran y saltan por doquier.
Cuando no se han tomado ni el tiempo ni la molestia de dar a conocer la información completa y correcta sobre las acciones efectuadas en las cajas de seguridad, argumentaron la salida del candidato a alcalde y ex encargado de Sintra Jorge Portilla, señalando como causa haber rentado bóvedas a su nombre. Antes se supo de una serie de amenazas lanzadas a “Don Cafeto” para obligarlo a renunciar a sus aspiraciones abanderado por Morena.
En el caso de Gregorio Sánchez se sabe de las relaciones cordiales del ex alcalde cancunense con quien compartiera tiempos de gobierno en Solidaridad e incluso ambos tuvieron al mismo encargado de la Tesorería, al ex presidiario Carlos Trigos. Creó un escenario en contra de los morenistas, amenazó con el retiro del PES de la alianza y tuvo que ser detenido justo a tiempo. Nadie creyó su supuesto apoyo a AMLO al tiempo de buscar participar como candidato del III Distrito a una curul federal.
Y es precisamente desde esa posición de campaña desde la cual Gregorio Sánchez se convertiría en un gran apoyo para quien encabezara la planilla del PAN-PRD-MC con la finalidad de abrirle las puertas de par en par al gobernador para poder recorrer y lucirse a sus anchas en Benito Juárez, sitio desde hace algunos años considerado zona prohibida para los mandatarios estatales de diferentes épocas. Así se vio en los tiempos de Joaquín Hendricks con Magali Achach como alcaldesa y con “Chacho”, el presidente municipal incómodo al que, inclusive, metió a la cárcel. Félix padeció con Gregorio hasta que llegaron a buenos acuerdos y la notable diferencia se vio cuando su amigo y aliado Francisco Alor, ocupó la posición permitiendo al cozumeleño inaugurar hasta las bocanadas de aire. Beto Borge padeció las de Caín con Julián Ricalde hasta que también lograron la complicidad, alianza ya vista de lleno con Paul Carrillo.
El joven más verde que su partido Remberto Estrada, se ubicó desde el principio en el punto contrario al del mandatario y esto se reflejó al momento de nombrar al encargado o secretario de Seguridad Pública, el jaloneo fue público y los desacuerdos son tan visibles que don Carlos Manuel no pisa la ciudad y sus eventos, sean del orden que sean, los realiza en la zona hotelera, ya sea en hoteles o en el Centro de Convenciones.
Se perfila para la presidencia municipal de los próximos tres años el tal “Chanito” Toledo, quedándose en el camino el legislador local Emiliano Ramos, quien ha sido de máxima utilidad para el mandatario estatal al no mostrar ninguna oposición a cuanto envío requerido de autorización legislativa le fue enviado. Aunque aparece también José de la Peña como posible abanderado del Verde y por supuesto sin ningún reparo para seguir las instrucciones provenientes de Chetumal al encontrarse con los dedos atorados en la puerta por los señalamientos hechos a su hermano sobre la conducción de la Secretaría del Trabajo y los fraudes cometidos desde esa dependencia.
Mencionar la inexistencia de participación en los próximos comicios electorales es toda una falsedad porque si ésta ha existido desde hace meses, cuando aprobó a quienes deberían repetir en las alcaldía, lo cual no fue el caso desde entonces con Perla Tun, en las etapas siguientes ésta ha sido mucho mayor. Y para no tener noche de descanso aparecen rostros nuevos en el Congreso local, caras totalmente desconocidas pero desde hace muchas semanas consideradas por la entrega total acordada. En tanto esto sucede la agenda de pendientes va creciendo tanto como el alejamiento de la autoridad hacia los ciudadanos y el respaldo mostrado para quienes han sido denunciados por malas prácticas y están debidamente protegidos por las dependencias creadas para detener este tipo de acciones.
Y todavía no se presenta lo más escandaloso en el terreno electoral. Alguien podría explicar ¿que hace Fabián Vallado, de que habla cuando se reúne con Pepe de la Peña? Chano va de la mano con don Carlos, pero Pepe también y, si nos atenemos a los intereses que rodean al grupo de primer apoyo de Mara Lezama, se verá que es lo mismo. Cuál es el futuro de los benitojuarences cuando cualquiera de quienes integran esta terna ganen, es una gran incognita. Eso sí, a los que bien les pinta el próximo trienio es a los poseedores del poder, del local y, obviamente, del estatal.
DE LOS PASILLOS
Senadores de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) exigieron que los ex secretarios de Desarrollo Social: José Antonio Meade, Rosario Robles y Luis Miranda, comparezcan ante el Congreso por los 223.4 millones de pesos que pagó esa dependencia por servicios “fantasmas”. Advirtieron que esos recursos pudieron irse a las campañas electorales, por lo que lamentaron que un tribunal federal perdonara a la empresa Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), acusada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de recibir el dinero sin haber prestado el servicio, y pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la incluyó en la lista de empresas sospechosas de lavar dinero.
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