José Alberto Sánchez Nava
1.-México se ha convertido en un escenario desgarrador marcado por la tragedia de las desapariciones forzadas cuyo desenlace es la muerte. Un tema que debería ser prioritario para cualquier gobierno comprometido con la justicia y los derechos humanos, se ha convertido en un oscuro capítulo de la historia mexicana, en el que el territorio nacional se ha transformado en un gigantesco cementerio clandestino. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 24 de mayo de 2023, en esos 1,635 días de gobierno de López Obrador, se registraron 42,029 desapariciones en todo el país; un promedio de 25 personas por día. No obstante que en el marco jurídico nacional se promulgó la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la indiferencia gubernamental y la búsqueda de responsables han sido puestas en entredicho.
2.-La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, tiene el objetivo de combatir la grave problemática de las desapariciones, establece la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la obligación de establecer Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas. Sin embargo, la implementación de esta ley ha estado lejos de ser efectiva. La esperanza de encontrar a seres queridos perdidos se ha visto erosionada por la falta de recursos y la negligencia gubernamental, en el País, la Universidad Iberoamericana (UIA) elaboró un informe con el registro de 1,134 fosas clandestinas durante 2020-2022, pero sin recursos para procesar esos restos humanos y que algunas fiscalías estatales han negado su existencia.
3.-En este contexto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por su manejo de la situación. En lugar de brindar los recursos necesarios para abordar el problema de las desapariciones, AMLO ha llamado a cuestionar la veracidad de los casos y ha sugerido la posibilidad de que algunos incidentes sean parte de un ataque a su proyecto político de “cuarta transformación”. Esta actitud ha desatado la indignación entre las madres y familias buscadoras, quienes llevan años luchando incansablemente por la verdad y la justicia.
4.-La confrontación entre la legalidad que prescribe la ley y la arrogancia presidencial ha alcanzado su punto crítico. La renuncia de Karla Quintana, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, fue un reflejo contundente de las diferencias irreconciliables entre la lucha de las víctimas y la actitud gubernamental. Quintana, quien abogó por la implementación adecuada de la ley y la asignación de recursos suficientes para las investigaciones, dejó claro que no estaba dispuesta a ser cómplice de un proceso que se ha quedado corto en garantizar la justicia.
5.-La sociedad mexicana se encuentra en un punto de quiebre. Mientras los corazones de las familias buscadoras siguen latiendo con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, la reticencia gubernamental a enfrentar la problemática de manera efectiva continúa siendo un doloroso recordatorio de las prioridades políticas erróneas.
6.- Es fundamental que el gobierno de AMLO reconsidere su enfoque y priorice el combate a las desapariciones forzadas y ejecuciones, otorgando los recursos necesarios y respaldando a las instituciones encargadas de hacer justicia. La ley debe ser respetada y aplicada rigurosamente, no solo como un compromiso con los derechos humanos, sino también como un paso necesario para sanar las heridas de una sociedad marcada por las tragedias, como la ocurrida el 12 de agosto de 2023, en donde cinco jóvenes desaparecieron en San Juan de los Lagos Jalisco, o como la ocurrida en zacatecas el 24 de septiembre en donde desparecieron siete jóvenes entre 14 y 18 años, seis de ellos encontrados sin vida y un sobreviviente con heridas serias a tres días de su desaparición.
7.- El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha sido un tema de gran relevancia y preocupación en México, porque durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió resolver este caso y brindar justicia a las familias de las víctimas, sin embargo, una vez en el cargo, no se ha logrado una resolución completa y satisfactoria del caso, lo que ha llevado a la sensación de que estas promesas fueron engañosas. AMLO ha minimizado la importancia de las investigaciones independientes y ha respaldado la versión oficial del gobierno anterior, que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos en relación con la veracidad de la información proporcionada. Esto ha llevado a acusaciones de falta de transparencia y de no tomar en serio el esclarecimiento de lo sucedido.
8.- En conclusión, México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas y ejecuciones que exige acción inmediata. La ley existe, pero su implementación y ejecución efectivas son esenciales para garantizar que las víctimas y sus familias reciban el apoyo y la justicia que merecen. La renuncia de Karla Quintana es un llamado de atención para que el gobierno rectifique su rumbo y responda a las necesidades de una nación en duelo. El país necesita un liderazgo que esté a la altura de este desafío, dejando atrás la arrogancia y priorizando la justicia, la verdad y la dignidad humana.
