Un alarmante estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha puesto de manifiesto una situación crítica en el sistema de justicia mexicano, con un récord de 2.9 millones de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes en 2022. Los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2023 revelan una brecha creciente entre la incidencia delictiva y la capacidad de respuesta de las Fiscalías Generales de la República (FGR) y Estatales (FGE).
Las fiscalías estatales reportaron un impresionante total de 2 millones 865 mil 162 carpetas de investigación sin concluir al cierre de 2022, que abarcan una variedad de delitos y se encuentran en diferentes etapas de investigación. Mientras tanto, la FGR cerró el año con 50 mil 737 carpetas pendientes.
La cifra total es un 10.9 % mayor en comparación con el año 2021, cuando las fiscalías estatales y federales ya enfrentaron una carga de trabajo abrumadora con 2 millones 629 mil 790 investigaciones iniciales o complementarias sin concluir.
En 2020, se registraron 2 millones 508 mil 243 carpetas de investigación y averiguaciones previas sin concluir, lo que resalta la persistencia de este desafío a lo largo del tiempo.
Entre las fiscalías estatales con la mayor cantidad de carpetas sin concluir al cierre de 2022, destaca la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, bajo la dirección de Luis Joaquín Méndez Ruiz, con un preocupante total de 491 mil 033 casos pendientes. Le siguen la Fiscalía de Baja California con 398 mil 823, la Fiscalía de la Ciudad de México con 228 mil 874, la Fiscalía de Nuevo León con 206 mil 584, y la Fiscalía de Coahuila con 189 mil 306.
La FGR, a pesar de su gran presupuesto de 17,023.9 millones de pesos, tampoco ha escapado de esta crisis, cerrando el año con 50 mil 737 carpetas pendientes de las 77 mil 693 abiertas durante ese periodo.
Estos resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de reformas y mejoras en el sistema de justicia mexicano para garantizar una respuesta eficiente y efectiva a la creciente incidencia delictiva y reducir la abrumadora carga de trabajo que enfrentan las fiscalías en todo el país.
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