El proyecto de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán no implicaría poner en riesgo los derechos humanos de las comunidades de acuerdo con un estudio de impacto en los derechos humanos supervisado por expertos internacionales.
La empresa dio a conocer, en términos definidos, el Estudio de Impacto de Derechos Humanos (EIDH) -que comenzó su realización en 2021- que consiste en una evaluación bajo los denominados “Estándares de Dinamarca” que son reconocidos como una de las más avanzadas metodologías en materia de Derechos Humanos.
Además, la supervisión metodológica de la prueba contó con la participación de un Comité Asesor conformado por integrantes de las comunidades locales y por expertos de reconocida trayectoria, como James Anaya, quien se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de mayo de 2008 a junio de 2014.
“La prueba ha sido desarrollada conforme a procedimientos sólidos, basados en estándares y buenas prácticas internacionales, así como con profesionalismo, seriedad y buena fe”, concluyó el Comité Asesor.
Además de Anaya, también formó parte del Comité Asesor Katya Puga, quien es Licenciada en Ciencias Políticas por Tec Monterrey e hizo un postgrado en estudios sociales en la UNAM y se ha desempeñado como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT y Directora General de Impacto Social y Ocupación Superficial en la SENER.
Completa la lista María del Carmen Carmona, una abogada por la Escuela Libre de Derecho en México, con especialidad en Derecho de los Recursos Naturales en la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, además de ser investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La EIDH, primera evaluación de esa profundidad metodológica que se realiza en México para un proyecto en etapa de exploración, determinó que habría un cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región de influencia razonablemente alto.
Como conclusión, la EIDH señaló que: “el estado de cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región de influencia es razonablemente alto, teniendo en cuenta que en realidad los datos formales u oficiales relativos al cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región son sumamente limitados por la ausencia de fuentes específicas, y por lo tanto generar u obtener datos confiables al respecto ha sido complicado, pues los datos disponibles son normalmente generales y presentan situaciones más bien limitadas a la interacción con autoridades.
“Sin embargo, no se obtuvieron datos específicos de las encuestas, talleres y entrevistas que demuestren hechos o actos directamente imputables a la empresa desarrolladora del proyecto violatorios de los derechos humanos de los individuos y comunidades aledañas al mismo, y aun cuando se avizoran o pueden preverse impactos en el goce y disfrute de los derechos antes citados, debe destacarse que en tanto la minera que desarrollará el proyecto -tanto en su fase de construcción como en su fase de operación en cumplimiento de la legislación y regulaciones aplicables así como conforme a los estándares y prácticas comúnmente aceptados en la industria minera- la violación o incumplimiento con los derechos humanos es una posibilidad menor”.
