Desde Nueva York
26/06/2012 – 02:07
Por: Rubén Cazalet
La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor del aspecto medular de la ley SB1070, mejor conocida como ley Arizona; ley del odio
Con 5 votos a favor y tres en contra La Suprema Corte decide la aplicación de la ley SB1070. El magistrado, Antony Kennedy, en nombre de sus integrantes sostuvo que la citada ley no invade al gobierno federal en cuanto a autorizar a las policías locales a verificar el estatus de permanencia legal de las personas cuando exista sospecha o haya cometido una infracción o violación a las leyes, incluidas los viales. La policía no podrá detener a ningún individuo sin la presencia de los oficiales de inmigración.
Los magistrados en una decisión dividida no autorizaron a que se considere una violación a la ley solicitar trabajo sin documentos, lo mismo a la exigencia de llevar documentos que prueben la permanencia legal de las personas. Estos dos puntos de acuerdo a los jueces van demasiado lejos e invaden la ley federal.
Si bien pareciera que es una victoria para el presidente Obama, el camino por recorrer es arduo. La decisión de La Suprema Corte ofende a los inmigrantes no documentados y peligra que bajo el pretexto de revisarles los documentos generé abusos raciales.
La realidad es que en pleno año electoral, debería ponerse sobre la mesa la reforma de inmigración, obliga a un diálogo civil racional a una apertura responsable para encarrilar un problema añejo que amerita solución inmediata. El público con 60% a favor de los inmigrantes y el beneficio que representa para la economía, quisiera ver una solución, a pesar, de los problemas que los aquejan como consecuencia de la crisis financiera del 2008.
La corte con esta decisión le otorga carta blanca a media docena de estados a que adopten medidas similares, como el caso de Alabama, Georgia, Utah, Colorado y, Nevada, entre otros. También obliga a la administración demócrata a enviar una iniciativa que de una vez por todas defina el porvenir de los 11.5 millones de personas cuya permanencia está en entredicho por carecer del procedimiento que abra el camino para regularizar su estancia en el país.
La gobernadora por Arizona, Jan Brewer declaró que es una victoria para todos los norteamericanos que creen en el derecho a que los estados defiendan y protejan a sus ciudadanos. Igual afirmó: “que no es el final de la jornada, esperamos todavía desafíos legales a la SB1070 en el estado de Arizona.”
En Arizona viven 6. 5 millones de habitantes de los cuales 2 millones son inmigrantes documentados y 360,000 sin documentar. El 21% del total habla español. El flujo de personas al estado de manera irregular, bajo el pretexto de hacer las ciudades más seguras fue lo que propició la iniciativa de ley, el 23 de Abril del 2010.
La gobernadora republicana, insistió que el gobierno federal encabezado por el presidente demócrata Barack Obama ha fracasado en cuanto a la seguridad en las fronteras y encomió a los ciudadanos a mantenerse unidos para defender a “America.”
A pesar de la controversia que ha suscitado la decisión, la última palabra no está dicha, se prevé que en muchos circuitos colegiados la frenarán a nivel local y se prevé que generé extralimitaciones étnicas en su aplicación.
