Jorge Miguel Ramírez Pérez
Lo último que hay que hacer es pegarle en el estómago al pueblo, y si bien es cierto, que en materia agropecuaria ha habido enormes abusos en el pasado, no los puedes castigar dejando sin comer a la gente o sin vender los productos que ya les compraban afuera, porque el hambre es canija por una parte; y los que están comprando, si ven que no les mandas, se buscan otro proveedor en otra parte del mundo. Así de fácil.
Y no se duda que en la Secretaría de Agricultura, del sexenio pasado se llegó a extremos de pura y llana simulación; entre organizaciones, funcionarios y burócratas de nivel operativo se instrumentaron proyectos que solamente existían en el papel, porque en el campo nunca se vieron los resultados.
Lo mismo en el tema hidroagrícola: los módulos se fueron transmutando de unidades de servicio de la infraestructura hidráulica, en cotos de poder que bajo la figura de asociaciones civiles, armaban papeles para evadir el pago del 50 % de los apoyos que les daba CONAGUA y para finalmente convertir las estructuras del agua para la producción agrícola, en instrumentos de rivalidades electorales y hasta del crimen organizado.
Pero los daños son inherentes al descuido y a la pérdida de poder de las instituciones del estado mexicano, por diversas causas. No por ello la respuesta inmediata del gobierno actual debía ser el abandonar el terreno de la producción, lastimando irreversiblemente lo ganado.
Porque sí urgía el desmembramiento de las bandas apoderadas de la gestión pública, había que pararlos, quitarles la intermediación; pero sin parar la producción, ese es el problema del gobierno, por eso no es fácil; por eso se requiere trabajar en equipo de expertos en administración pública y en el tema agropecuario en particular; y no ser únicamente portadores de una tijera para cercenar lo corrupto junto con lo productivo. ¡Así que chiste!
Y ya estamos a mediados del octavo mes del gobierno y no tienen para cuando sacar ni las reglas de operación para la inversión, ni tampoco decir que no las van a sacar.
No se sabe si el presupuesto es serio o es un documento muerto, que depende de una disponibilidad de Hacienda que no va a llegar.
Antes. el cuento era porque Urzúa no le entendía al campo y había que convencer a media humanidad antes de llegar a la decisión unilateral del jefe de la República, y ahora, se dice: “hay cambios” como si no se supiera y no fueran en la misma banda.
Y en la CONAGUA, lo mismo, se habla de apresuramientos en la contratación de desazolves y otras obras; todo poco claro. ¿Qué pasa?
La respuesta que no lo es, como tal, pero que expresa una realidad adversa, corre por alguien de casa, uno que sí le entiende a la catástrofe que se avecina: el senador por Morena, José Narro Céspedes, presidente de la Comisión Agropecuaria del Senado, dice: “¡ya desmantelaron las instituciones del campo!” ; porque mandaron a la calle técnicos buenos y malos, parejo; cerraron los programas, buenos y malos, parejo; y no soltaron el dinero. Y se va caer la producción a lo parejo, también.
Todavía es tiempo de hacer algo. Si es que no hay instrucciones externas para que el desmantelamiento de lo agropecuario sirva a propósitos geopolíticos.
Porque no vaya a pasar con el campo lo que le pasó a Urzúa, que le dio miedo enfrentarse a la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelossi en su papel de abogada del gasoducto del que Bartlet quiere revisar su contratación.
Urzúa temía desagradar a la Pelossi si se cuestionaba ese contrato voraz. En sus medrosos cálculos pensaba que ella vetaría el T-MC, el tratado comercial desde su posición política. Olvidando el buen Urzúa que de ser así, la enemiga de Trump, se expondría a un evidente conflicto de interés y su caída del pedestal cameral, sería un triunfo ansiado de su rival Donald Trump.
Por eso tal vez la Clouthier primero alabó a Urzúa y luego recordó que era un zacatón.
Pero si así no es, y si tampoco es lo que también se especula, de que el desmantelamiento agropecuario, es para comprar granos al Medio Oeste; entonces si se deben apresurar a detener el vacío de inversión para el campo, porque no aguanta mucho su caída.
Porque eso de juntar los “subejercicios forzados” para que se vayan al cochinito benefactor del Ejecutivo, no es ahorro financiero; sencillamente es una ineptitud grave con consecuencias en el mismo orden.
