CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero (AlmomentoMX).- En la séptima mesa de las audiencias
públicas sobre la Guardia Nacional se abordó el tema de la seguridad humana;
intervinieron representantes de Onu-Mujeres, México Unido Contra la
Delincuencia, Consejo Coordinador Empresarial, Observatorio Nacional Ciudadano,
así como diversas asociaciones civiles y especialistas en el tema, quienes
subrayaron que es fundamental que el organismo que se pretende crear garantice
el respeto a las garantías individuales.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) destacó el
compromiso de las mujeres por la defensa de los derechos humanos; por eso,
agregó, “daremos la batalla para que la Guardia Nacional tenga modificaciones,
pues si bien muchos la aceptan, la mayoría no quiere que se encabece por las
fuerzas militares”.
Dijo que estas instituciones son respetables, pero “no puedo
aceptar posiciones maniqueas por parte de absolutamente nadie, porque ellas
también han cometido muchas violaciones a derechos humanos y tenemos que
hacernos cargo de eso y de los agravios de otras fuerzas, como las policías
federales”.
Afirmó que se garantizará la perspectiva de género y el
respeto a los derechos humanos y los protocolos que sean necesarios en este
tema. Además, se le debe dar garantías individuales a las policías y a las
mujeres que participan en el Ejército, pues “el acoso y prostitución que se
generan en estas instituciones es brutal; tenemos mucho trabajo”.
Del PAN, la diputada Laura Rojas Hernández resaltó el valor
de estas Audiencias Públicas y el de los procesos de Parlamento Abierto. “Nos
queda claro que el consenso generalizado es la necesidad de que no tenga el
mando militar sino civil; me da muchas esperanzas que los diferentes grupos
parlamentarios se han manifestado en ese sentido”.
Mencionó que se ha profundizado sobre la naturaleza, el
enfoque y el diseño institucional de la Guardia Nacional. “Que no puede
investigar delitos del fuero común, tiene que estar acotada en territorio, en
tiempo y a ciertos delitos o circunstancias, condiciones, que realmente hagan
necesaria su presencia y su actuación como un cuerpo de excepción, y que en
lugar de invertir tanto en ella se solucione
el problema de fondo.
“Estaremos impulsando
este enfoque, en los próximos días en el periodo extraordinario de sesiones, la
siguiente semana, para discutir este tema; esperemos podamos construir entre
todos los grupos parlamentarios un mucho mejor dictamen, que atienda la
emergencia, pero con el compromiso de atender los temas estructurales para
poder tener mejor seguridad pública en el país”, añadió.
Por el PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho agradeció
a quienes han acudido a estas audiencias a efecto de nutrir este dictamen.
Posteriormente pidió a algunos de los participantes que detallaran sus
respuestas, en especial respecto de los requisitos para quienes integrarán la
Guardia Nacional.
Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, sostuvo que
lo que se propone con esta Guardia Nacional es la continuidad de la guerra
contra el narcotráfico y afirmó que se requiere una estrategia integral que
abarque todos los niveles; en donde haya repuestas y se utilicen todos los
recursos, en acompañamiento con la sociedad para alcanzar una paz sostenible y
duradera.
La diputada de MC, Julieta Macías Rábago resaltó que los
militares y marinos no son policías y tienen una formación y funciones
distintas. Pidió conocer de ex militares el panorama que se visualiza en caso
de aprobarse la Guardia Nacional en los términos actuales, en donde se plantea
una intensa participación e involucramiento del Ejército y la Marina.
En su participación,
la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque resaltó la
necesidad de hacer frente de manera efectiva a la inseguridad, sobre todo
porque los conflictos al interior de las entidades tienen mayor impacto en
mujeres y niñas.
A pesar de la poca disponibilidad de datos oficiales en el
país, se tiene suficiente evidencia para afirmar que las mujeres y las niñas
son especialmente objeto de violencia sexual; niñas y adolescentes representan
la mayoría de personas desaparecidas menores de 19 años, y el desplazamiento
forzado afecta de modo desproporcionado a este género, particularmente en zonas
indígenas y rurales.
Además, precisó que dentro del contexto de inseguridad, en
el 2017 ocurrieron 3 mil 314 defunciones femeninas con presunción de homicidio
en México, lo que implica que un promedio de nueve mujeres fueron asesinadas
por día; por ello, es importante que la estrategia de seguridad garantice la
plena protección de las mujeres y las niñas, aseveró
Respecto de la propuesta que crea la Guardia Nacional,
recomendó establecer expresamente que las funciones de los cuerpos de seguridad
se desarrollen con perspectiva de derechos humanos y de género. Asimismo,
señalar que la integración de las corporaciones se haga de forma paritaria y se
establezcan medidas afirmativas para su consecución.
Recomendó que en el diseño, elaboración y evaluación de las
tareas de los cuerpos de seguridad participen organizaciones y movimientos de
mujeres. Finalmente, establecer el subsecuente desarrollo de protocolos
específicos para la prevención y atención de la violencia contra mujeres y
niñas.
Lisa María Sánchez, directora de México Unido Contra la
Delincuencia, estimó que aunque a la Guardia Nacional se le doten de
capacidades constitucionales y jurisdiccionales para investigar delitos y
coadyuvar con ministerios públicos, todos aquellos casos que logren llevarse al
sistema de justicia llegarán a un “penoso embudo que es incapaz de resolver
transgresiones que se cometen”.
Señaló que la guardia no cambia la estrategia de prevención,
persecución y sanción del delito, pero sí logra la creación de una corporación
cuyas atribuciones y limitaciones en materia de funciones, objetivos y
entrenamientos quedan poco claras.
“La propuesta presenta problemas como la falta de
subordinación efectiva al mando civil,
reclutamientos imposibles que, incluso, saltan los requisitos tradicionales de
la seguridad pública, como los controles de confianza, evaluaciones de
desempeño y las obligaciones de transparencia”, comentó.
El general de división retirado, Luis Garfias Magaña,
explicó que las policías militar y naval no son igual a las corporaciones de
afuera. “Las fuerzas castrenses tienen funciones muy diferentes a las que
realizan los policías de la calle”.
Sin embargo, sostuvo que “las policías civiles son
totalmente, o casi inútiles. Es importante decir que hay más policías que
soldados, pues son más de 300 mil, por 250 mil soldados y marinos. Pero
preguntó para qué sirven, cuando todos los días vemos robos y asesinatos”.
“Y no habrá que mezclar al Ejército ni a la Marina con la
población civil. Cada quien en su lugar. Y la policía nacional, como está en
Francia y otros países, ahí está y es una institución admirable, respetable
profundamente”, agregó.
Lilian Chapa Koloffon, investigadora de Wordl Justice
Project México, dijo que si el diseño de la Guardia Nacional se aprueba tal y
como está en el dictamen, la señal enviada desde el gobierno federal será la de
renunciar a formar corporaciones civiles de seguridad pública.
Subrayó que la guardia no sería una policía, sino una fuerza
militar con funciones que le son ajenas. “Tan no es una corporación policiaca,
que en los requisitos para el reclutamiento no está el control de confianza”.
Añadió que el mando y naturaleza de las fuerzas armadas es
salvaguardar la integridad y continuidad del Estado mexicano, pero la seguridad
pública es una función para proteger libertades, derechos y la integridad de la
ciudadanía.
Jaime Domingo López Buitrón, representante del Consejo Coordinador
Empresarial, mencionó que la Guardia Nacional por sí misma no va a resolver el
grave problema de inseguridad del país, pero consideró delicado y preocupante
que esta propuesta no contemple el fortalecimiento del nuevo sistema penal
acusatorio, a la creación de una clave única de identidad ciudadana, la
profesionalización policiaca, ni robustece las capacidades del Estado en
materia de inteligencia financiera y combate del crimen organizado.
Enfatizó que la Guardia Nacional tiene que estipular la
participación permanente de la sociedad civil y clarificar las definiciones
sobre seguridad nacional, pública, interior, exterior, privada, humana, así
como la defensa nacional y exterior, e incluso ciberseguridad.
Erubiel Tirado Cervantes, especialista en Seguridad
Nacional, destacó que la Guardia Nacional
implica un riesgo para la democracia y la consolidación de la transición
en materia de respeto a los derechos humanos.
Indicó que en el país nunca ha habido una supremacía civil
plena, desde el momento que las políticas de defensa, la organización castrense
y los presupuestos siempre han sido definidos por los militares, por lo tanto
el nuevo modelo debe definir la función del Congreso en los mecanismos de
control y supervisión.
Héctor Larios Santillán, presidente del Observatorio
Nacional Ciudadano, consideró que hoy más que nunca es necesario encontrar la
solución que permita abatir los índices de violencia e inseguridad, esto sólo
se logrará mediante un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad.
Enfatizó que el dictamen que dará origen a la Guardia
Nacional debe incluir los organigramas de las instituciones de la seguridad, la
procuración de justicia y del sistema penitenciario y estipular acciones de la
prevención del delito; además, plasmar la responsabilidad directa de los
gobiernos estatales y municipales de proveer la seguridad de los ciudadanos, a
través de la profesionalización de sus corporaciones policiales.
Dolores González
Saravia, directora de Serapaz, consideró que sí es necesario diseñar una
estrategia integral de seguridad de largo alcance con un enfoque de seguridad
humana; es decir, que atienda los diversos componentes de la democracia.
Enfatizó que el nuevo modelo de seguridad debe impulsar el
desarrollo humano y la paz, fortalecer el Estado de derecho, con apego a los
derechos humanos, con transparencia y rendición de cuentas y la coordinación
entre los tres órdenes de gobierno.
Georgina Alejandra Bujanda Ríos, diputada local de Chihuahua
por el PAN, expresó que es la oportunidad de definir la política pública de
seguridad y justicia más importante del país, y pidió tomar en cuenta las
opiniones para enriquecer el dictamen, así como “lograr la seguridad y la paz
que tanto anhelamos y que nos merecemos las y los mexicanos”.
Indicó que la Guardia Nacional debe estar diseñada como
parte de un sistema, no como para neutralizar riesgos y amenazas. Planteó
construir una seguridad concretamente ciudadana, con carácter democrático de
derecho, en donde las instituciones tengan un mando civil, claridad, definición
funcional, sistema, controles democráticos y respeto al federalismo.
La directora ejecutiva de EQUIS Justicia para las Mujeres,
Isabel Erreguerena, resaltó que un estudio de la población penitenciaria de mujeres
en 2016, denunció que el 41 por ciento de las mujeres violadas en la detención
fueron por la Marina, 21 por ciento por el Ejército y 13 por ciento por elementos policiacos.
La siguiente afectación documentada es la desaparición
forzada, donde nueve de cada diez personas que buscan desaparecidos son
mujeres; es decir, que este sector se enfrenta al sistema de justicia ineficaz.
“Ante este panorama nos parece insuficiente lo que establece el tercero
transitorio respecto a la formación de perspectiva de género”.
Ixchel Cisneros, directora de la iniciativa “El Día Después”
subrayó que la estrategia militar en materia de pacificación del país no ha
funcionado. En principio se tienen 250 mil personas muertas y 37 mil
desaparecidas.
“Con la Guardia Nacional no gana la ciudadanía, las víctimas
de la violencia, las bases de las fuerzas armadas que no quieren estar en la
calle enfrentándose a los criminales; sólo ganan las élites militares, a
quienes se les da presupuesto y poder constitucional. Este nuevo modelo no
resuelve los problemas y aunque les duela es sólo darle continuidad a la
estrategia de las administraciones pasadas”.
Samuel Ferrer Palacios, presidente del Colegio Nacional de
Ciencias Forenses y Deontología Médica, propuso que se cree la universidad de
la policía y la seguridad para que al final de cinco o seis años “se tenga la
doctrina de la policía de la seguridad nacional”, en los integrantes de la
Guardia Nacional.
María de Haas Matamoros, especialista en política y
seguridad afirmó que el proyecto de la Guardia Nacional respeta el statu quo
del poder político democráticamente elegido y constituido en México; sin
embargo pidió a los legisladores revisar el artículo 11 de la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea, así como el 5o y 6o de la Ley Orgánica de la Armada de
México, donde se aclara que el Presidente es el mando supremo.
Exhortó al Congreso a
atender las causas del delito, que se dote de institucionalidad a las
coordinaciones de esta Guardia Nacional y se asegure la cooperación de los tres
órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, pero, sobre todo, de la
ciudadanía, en su obligación de mantener la paz social y el orden interno del
país.
En el marco de las audiencias públicas se transmitió el
documental “Hasta los Dientes”, dirigido por Alberto Arnaut. Participaron con
sus comentarios las diputadas de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo y Sandra
Paola González Castañeda, así como el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce;
Martha Tagle Martínez (MC) y María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD). Fungió como
moderador el actor y director Diego Luna.
AM.MX/fm
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