Eduardo Sadot
Cada 20 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. No es una efeméride simbólica: es un llamado directo a los Estados para combatir desigualdad, pobreza y exclusión como condiciones indispensables para la paz y la democracia. En México, ese mensaje resulta particularmente pertinente.
Nuestro país arrastra brechas estructurales profundas: desigualdad regional entre norte y sur, informalidad laboral persistente, servicios de salud insuficientes, educación pública con marcadas diferencias de calidad y un acceso a la justicia que suele depender de la capacidad económica. La justicia social no puede reducirse a transferencias monetarias ni a programas asistenciales. Debe traducirse en derechos efectivos y movilidad social real.
La Agenda 2030 ha insistido en que el crecimiento económico debe ser inclusivo. Incluir no significa repartir pobreza, sino generar condiciones para que las personas construyan autonomía. Esto implica fortalecer la educación con estándares de calidad, garantizar cobertura sanitaria efectiva y promover empleo formal que otorgue seguridad social y pensión.
La Organización Internacional del Trabajo ha reiterado que el trabajo decente es pilar de la justicia social. En México, más de la mitad de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Sin estabilidad laboral ni protección social, la desigualdad se reproduce generación tras generación y debilita la cohesión democrática.
El debate nacional suele polarizarse entre Estado y mercado. Sin embargo, el enfoque de la ONU no es ideológico, sino institucional: corresponde al Estado garantizar un piso mínimo de dignidad mediante políticas fiscales progresivas, transparencia en el gasto y combate efectivo a la corrupción. Sin instituciones sólidas, cualquier esfuerzo redistributivo se diluye.
La justicia social también exige Estado de derecho. Un país con altos niveles de impunidad difícilmente puede hablar de igualdad. La desigualdad jurídica —cuando la ley no se aplica con imparcialidad— erosiona la confianza ciudadana y mina la legitimidad democrática.
Los programas sociales son necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de crecimiento productivo, inversión, certidumbre jurídica y fortalecimiento institucional. Convertir la justicia social en simple narrativa política sería un error histórico. En el régimen actual son instrumento electorero de manipulación, lesivo para la economía y para la sociedad.
El Día Mundial de la Justicia Social debe servir como punto de evaluación crítica. La equidad no se proclama: se construye con instituciones eficaces, políticas públicas técnicas y una ética pública orientada a resultados. Solo así la justicia social dejará de ser consigna y se convertirá en realidad tangible para millones de mexicanos.
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