Ricardo Del Muro / Austral
Al cumplirse seis días de mantener un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y bloquearon las puertas del Palacio Nacional, obligando a realizar una conferencia matutina virtual, donde la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que su gobierno mantiene un diálogo permanente con el magisterio, pero que el presupuesto no alcanza para cubrir sus demandas salariales.
Fue una “mañanera del pueblo” distinta, donde la manifestación de la CNTE impidió el ingreso de los reporteros al Palacio Nacional, por lo que en forma virtual, la presidenta Sheinbaum respondió a los integrantes de la CNTE: “Hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo (…) Entonces, no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto”.
La presidenta enumeró los beneficios que el gobierno federal ha otorgado a los maestros, destacando que en materia salarial se les ha ofrecido un incremento de 9 por ciento este año y, a partir de septiembre, uno por ciento adicional, lo que significa un 10 por ciento de aumento salarial.
Sin embargo, el bloqueo al Palacio Nacional por parte de la CNTE y el anuncio de que se incrementarán las acciones de presión, es una muestra preocupante de intolerancia por parte de un sector que históricamente ha confundido el derecho a la protesta con el abuso del espacio público y la imposición de sus intereses sobre los demás.
La presidenta Sheinbaum ha marcado una postura clara: hay disposición al diálogo, pero no se trata de ceder bajo presión ni de abrir indiscriminadamente las arcas del erario. La CNTE demanda —otra vez— más recursos, más canonjías, más poder. Lo hace mientras impide el acceso a instituciones y toma como rehén a la ciudadanía. Su lógica es conocida: bloquear, paralizar, imponer, y luego exigir.
Lo que está en juego no es solamente un pliego petitorio; es la capacidad del Estado mexicano para gobernar con orden, sin que las decisiones públicas se definan a gritos ni en medio de un plantón. Sheinbaum, con sensatez, ha respondido que sí al diálogo, pero con responsabilidad fiscal. Y tiene razón. Gobernar no es repartir dinero para calmar manifestaciones. Es administrar con visión y responsabilidad.
La CNTE, en cambio, insiste en una narrativa de victimización que ya no convence como antes. Hoy, buena parte de la ciudadanía —incluyendo maestros que no se sienten representados por sus métodos— ve en estos actos no una lucha legítima, sino una provocación recurrente. Si la CNTE quiere ser tomada en serio, debe entender que el diálogo exige también respeto, legalidad y disposición a construir, no solo a exigir.
México necesita educación de calidad, condiciones dignas para los docentes y una política educativa sólida. Pero nada de eso se construye bloqueando el país. La gobernabilidad no puede quedar como rehén del chantaje. Es momento de una nueva relación entre el gobierno y el magisterio: abierta, sí, pero también firme. La democracia no se defiende tomando calles, sino respetando las instituciones y dialogando con argumentos, no con cerrojos. RDM
