Ramsés Ancira
A Miguel Ángel Osorio Chong y Patricia Mercado
A las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México y el Estado de México:
El análisis es sin costo y quizá oportuno para explicar porque el PRI perderá las elecciones en el Estado de México en 2017, las federales en 2018, y el PRD virtualmente será borrado de la Ciudad de México.
Si Bill Clinton dijo para explicar la causa de los problemas estructurales de Estados Unidos “Es la economía estúpido”, en el México del 2016, es de sentido común que es esa burla cruel que llaman “Justicia Mexicana” es la causa de toda nuestra rabia; y de que como votantes, los que votamos, nos aferremos a clavos ardientes para elegir a los menos malos, con tal de cambiar las estructuras que hoy por hoy nos hacen uno de los países más injustos del planeta.
En el Estado de México perderá el PRI las elecciones de 2017, porque según el INEGI, seis de cada 10 mexiquenses han sido víctimas de la corrupción. A nivel nacional, de todas las quejas de abuso de autoridad, el 78.9 por ciento se debe a la extorsión de policías y ministerios públicos. El 21.8 de las personas que fueron víctimas de corrupción en juzgados o tribunales, muy probablemente sufrieron antes cohecho de policías y ministerios públicos.
En la Ciudad de México perderá el PRD porque son incontables los casos de personas extorsionadas que derivan en el encarcelamiento de inocentes, en una cadena en la que participan agentes del Ministerio Público, jueces que sentencian sin conocer a sus víctimas y que no se auxilian de investigadores para verificar las acusaciones, sino que mecánicamente dictan sentencias basadas en códigos que no distinguen verdades y mentiras.
Es tan malo el trabajo de los jueces penales en México como si pusiéramos datos en una computadora, la alimentáramos solo de las acusaciones y de las penas máximas establecidas en los códigos y así se emitieran las sentencias. Aun así sería preferible que fuera una máquina y no el que se considera un ser humano, el que decidiera la suerte de las personas.
Peor aún, sería posible que las sentencias dictadas por programas de cómputo, fueran más humanitarias que las que dictan esos jueces de consigna.
Los lectores de este espacio han conocido la historia de Víctor Manuel Cervantes, un indígena oaxaqueño al que una joven le pidió ayudarla con una mochila en el metro Chabacano y al que dos estaciones al poniente, en Centro Médico, acusaron de haberse robado algunos celulares.
Pues bien, el abogado de oficio que le asignó el gobierno del Distrito Federal le aconsejó que se declarara culpable y que de esta manera obtendría más rápido su libertad. Resulta que no, que el juez determinó que no alcanza fianza. Al parecer los otros dos jóvenes, los que sí habían cometido el delito ya están libres.
Se solicitó y obtuvo el apoyo de la Comisión de Pueblos Indígenas para revisar este caso. Se asignó un abogado penalista, pero hasta el momento no hubo resultados, Víctor Manuel ya no está en el área de ingresos del Reclusorio Oriente, donde había recibido el apoyo y protección del subdirector, quien también se asume como indígena oaxaqueño. De seguir las cosas como están, este joven de 23 años, al que le gusta la historia y mandaba todo lo que ganaba vendiendo tacos, para el mantenimiento de sus abuelos de 84 años, pasará mucho tiempo más en reclusión. Ahí aprenderá, por ejemplo, que vale seis mil pesos alquilar equipo que bloquea la señal de GPS de los autos que transportan valores para facilitar el asalto.
Y es que si alguien piensa que los reclusorios que dirige Patricia Mercado en la Ciudad de México ofrecen una mínima posibilidad de capacitación o rehabilitación, pecaría de inocente. A lo más que pueden aspirar los presos es a un lavado de cerebro de los testigos de Jehova o de grupos católicos. Es lo más que puede ofrecer el estado “laico” que dicen representar el gobierno federal o el capitalino.
Un caso ejemplar más: Un arquitecto va manejando su auto por calles de la Ciudad de México. Se le empareja otro auto donde viaja una atractiva mujer, quien le pide ayuda para encontrar una dirección. Calles adelante la mujer lo señala como responsable de robarle una bolsa. Le pide dinero para no acusarlo. Mientras se averigua, pasa 2 meses en prisión.
Ese es el día a día de la justicia en México. No es que odiemos al PRI (bueno, no todos) no es que odiemos al PRD, es una cuestión de sobrevivencia. Es agarrarnos de lo que podamos. Si el PAN pone un ladrón a gobernar Sonora, la esperanza está en el PRI, si el PRD utiliza a la Secretaría de Movilidad para saquear a los capitalinos y Patricia Mercado es un fracaso como secretaria de gobierno, hay que ver si Morena puede defendernos.
Ya no podemos votar sólo en congruencia con nuestra educación o nuestros principios. Es cuestión de ver cómo podemos sobrevivir o mantenernos libres. Son derechos básicos que el sistema de justicia penal mexicano, y los que nombran a sus jueces y ministerios públicos, ya no nos garantizan.
