Ramsés Ancira
No voy a decir que inventar el delito de fraude procesal es la herramienta de moda de los latifundistas urbanos, a veces para echar a los inquilinos sin indemnización, para luego vender los edificios a constructores de enormes torres que decuplican la altura promedio de los edificios de hace medio siglo.
No voy a contar que es, probablemente, el negocio más productivo de los ministerios públicos y de los policías “de investigación” quienes sin escala en la delegación trasladan directamente a los reclusorios a presuntos culpables, por gratificaciones de unos cuantos miles de pesos.
No negaré tampoco que a veces, aunque muy pocas, efectivamente se trata de inquilinos morosos que afectan el único patrimonio de ancianos.
No voy a especular que algunos de estos latifundistas están muy decepcionados porque pensaban demoler edificios de valor artístico como el ubicado en Avenida Chapultepec, esquina Veracruz, donde ya se frotaban las manos anticipando los cientos de millones de pesos que ganarían en el Corredor Chapultepec, al transformar un inmueble de 5 pisos en una torre de 60 pisos o más.
Y no voy a decir nada de esto porque seguramente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ya tiene mucha información al respecto, estará preparando un extenso informe y diseñando políticas para que ya no se chantajee, al menos no tanto, a miles de inquilinos de edificios antiguos que tendrían que ser los primeros en tener derecho de compra después de haber pagado millones en rentas durante lustros
Sí voy a decir en cambio que tras el reportaje de 19 días en el reclusorio oriente, y antes de publicar cualquier cosa, acudí a dos funcionarios que no me conocían para reportarles delitos y brutales violaciones a los derechos humanos, y en menos de una hora ya estaban ordenando corroborar mi dicho.
Sí. Tengo que decir que a la primera funcionaria a la que busqué, trabaja en el gobierno capitalino, que sí me conoce y que es la responsable de evitar muchas crueldades en los reclusorios; pero hasta el momento la única respuesta es ofrecerme atención de un vocero de prensa que quizá querrá decirme que no vi lo que vi.
Una hipótesis: el Caso Narvarte es a las autoridades capitalinas, lo que el basurero de Cocula a las federales ¿Cuándo invitan al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes? Tal vez ellos sepan como un hombre de 85 kilos y estatura promedio de 1.85 se transformó en uno de menos de 1.73 y de complexión tan delgada que tuvo que tatuarse un brazo limpio, para tener una apariencia de malo en el reclusorio oriente.
