Redacción MX Político.- En los hangares de la base aérea número 1 de Santa Lucía, Estado de México, aguarda la maquinaria para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.
Pero no sólo una ola de amparos está frenando el inicio de las obras; también la falta de los estudios técnicos requeridos por el reglamento de la Ley de Aeropuertos.
El lunes 7 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está todo listo para que las obras comiencen al día siguiente de que se declaren improcedentes los amparos contra el aeropuerto. Y el martes 8 reiteró que la meta es concluir la primera etapa en 2021.
“Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria. Sólo espero que no procedan los amparos para dar el banderazo de salida. Literal, nos vamos para allá para dar el banderazo de salida”, dijo ese día en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Sin embargo, el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de geotecnia y mecánica de suelos, la reubicación de las instalaciones militares y la adquisición de predios, siguen en proceso. De hecho, las solicitudes de amparo contra Santa Lucía y las resoluciones de suspensión de los jueces se fundamentan en la falta de los estudios y permisos necesarios que establece el reglamento de la Ley de Aeropuertos, al que debe sujetarse la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según al artículo 4.
A finales de julio Proceso solicitó, vía la ley de transparencia, el plan maestro a la Sedena, que por conducto del general Jorge Ramírez Zúñiga, titular de la Unidad de Transparencia, respondió que dicho plan “se encuentra en desarrollo, mismo que, una vez que sea integrado, se pondrá a disposición de la ciudadanía conforme a la normatividad aplicable en la materia”. En ese momento la dependencia todavía no clasificaba como “información reservada” los documentos técnicos del proyecto.
El 1 de septiembre, en el primer informe de gobierno de López Obrador, se dio a conocer que al 30 de junio el avance en la integración del plan maestro, a cargo de la empresa Aeropuertos de París (ADP), era de 40%. Una fuente del gobierno federal confirmó que hasta el pasado viernes 11 no se contaba con la totalidad del plan maestro.
La Sedena firmó con ADP un contrato plurianual mixto (DN-8/S/HyE/3050/7889-0002/F/2019, del que apro tiene copia) por 15 meses, con vigencia desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de junio de 2020, para elaborar “el plan maestro con estudios de capacidad y niveles de servicio”. Por esa razón difícilmente el aeropuerto será inaugurado en junio de 2021, como prometió el mandatario.
La adquisición de predios, con un presupuesto de 4 mil millones de pesos, para el área de amortiguamiento acústico y de seguridad, ha sido lenta. De acuerdo con el informe de gobierno, hasta junio se habían adquirido sólo 569.66 hectáreas de predios aledaños, es decir, 41.29% de las mil 284 necesarias.
El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, reconoció el pasado miércoles 9 que si bien ya tiene el estudio del rediseño del espacio aéreo, éste sigue sufriendo modificaciones “para optimizarlo”.
Hasta el momento, el único estudio público es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en julio pasado, tres meses después de que la Escuela Militar de Ingenieros y el Instituto de Ingeniería de la UNAM entregaron el documento.
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