Alberto Ortíz Bolaños, director del Infonacot, nombrado sin cubrir requisitos de ley ; ha cometido onerosos errores al erario público.
Redacción NoticiasMX.- El 7 de diciembre de 2018 fue nombrado Alberto Ortíz Bolaños como director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), orgaismo del gobierno federal surgido en la administración 1970-76, con una clara intención: apoyar la economía familiar del trabajador, otorgando créditos seguros y baratos, como una prestación más por su sola condición de ser trabajador.
Así concibió el sistema al organismo, desde el Congreso del Trabajo y apoyado por el presidente Luis Echeverría.
“El crédito no podía ser un lujo, confinado sólo a quienes tuvieran un patrimonio con qué responder;(…) sino que el patrimonio más valioso y digno, que responde a todo crédito, es el trabajo fecundo y creador de cada mexicano”.
No obstante este criterio que dio lugar al nacimiento del organismo y en pleno gobierno de la “Cuarta Transformación”, que privilegia el interés de los pobres y de todo aquel ciudadano con quien el sistema gubernamental y económico mantenga una deuda histórica que saldar, a la dirección del Infonacot (antes Fonacot) llegó un doctor en economía con más interés en los números “negros” y en el abatimiento de los “déficits”, que en los objetivos fundamentales razón de ser de Infonacot: promover el ahorro de los trabajadores, otorgarle financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios.
Sin contar con los requisitos legales que marca el artículo 27 de la Ley del Infonacot, que establece que el Director General deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en puestos de alto nivel decisorio en materia financiera dentro del sistema financiero mexicano, a Ortíz Bolaños se le nombró cuando su hoja curricular establece que fue subgerente de “investigación cieníifica” de un organismo de naturaleza bancaria, como lo es el CEMLA México (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), agrupación cúpula de los bancos centrales de América Latina, entre ellos el Banco de México (Banxico). No obstante lo anterior, el cargo de subgerente de investigación científica, no sólo no es considerado por el propio CEMLA como un puesto nivel decisorio enmateria financiera, -como lo exige la ley-, sino que ni siquiera existe en el organigrama de puestos principales:
Esto señala la Ley del Infonacot.
Cuídate de un “pánfilo con iniciativa”: Gustavo Díaz Ordaz.
Pero el pecado de Alberto Ortíz Bolaños, no se remite a que no cumple con los requisitos para el cargo en que se le nombró, sino que por su situación de inexperiencia, como por su personalidad protagónica y voluntariosa, ha incidido en conductas y en actos públicos que comprometen el patrimonio federal y a la imagen del gobierno en el que trabaja, particularmente en el ámbito del sector social, al que se circunscribe el Infonacot.
Llegó al cargo amagando gente. Dejó muy claro, por sus dichos y actitudes, que emprendería una “cacería de brujas” con todos aquellos funconarios que no habían renunciado a sus puestos desde la administración pasada.
Trató de inspirar en sus nuevos compañeros (subordinados) un “ambiente confianza laboral”, pero condicionado a la militancia partidista... Así, deliberadamente lo estableció. Ortiz Bolaños personalmente solicitó a directores y subdirectores de área que le remitieran una copia de su hoja de vida a finales del año pasado, luego de que hubiera decretado un recorte de 14% en la plantilla laboral.
“Todo aquel que ostente un cargo deberá tenerlo por méritos profesionales y no por recomendaciones de compadrazgos”, advirtió en un correo electrónico a los empleados del Instituto. En la víspera había cesado a cuatro directores de área -incluido al responsable de finanzas- y una decena de directores estatales.
“Todos los recursos que utilicemos deberán estar justificados y deberán ejercerse de acuerdo con criterios transparentes. Todos aquellos que se hayan beneficiado de recursos públicos deberán rendir cuentas y asumir consecuencias”, les dijo.
Pero esos aires de incorruptible y transparente, en los últimos meses, han venido quedando en entredicho, pues al director del Infonacot la legalidad no se le dá.
Violentando o, lo que sería peor, ignorando la normatividad vigente y la naturaleza del organismo que dirige desde 2018 y que constituye su primera experiencia en el sector público, se propuso solucionar los “problemas finaniceros” del Instituto, estableciendo -unilateralmente-, un Fondo de Protección de Pagos y operarlo desde el 1 de agosto pasado, cuando aun no había informado de su decisión al Consejo Directivo del organismo, lo que constituye una falta grave, que violentalodispuesto en el artículo 78 de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la propia Ley del Infonacot, en su artículo 28, fracción III, que es irrenunciable or disposición de ese ordenamiento principal y que señala que el Director General está obligado a “presentar a la aprobación del Consejo los proyectos de Estatuto Orgánico, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, y demás instrumentos normativos que regulen el funcionamiento del Instituto”:
Esta es la historia:
Alberto Ortíz Bolaños quiso formar un fondo con recursos del Infonacot, para cubrir a los trabajadores acreditados, hasta donde alcancen los recursos, en caso de desempleo, invalidez o fallecimiento.
Sin embargo, esta actividad no está relacionada con el objeto del Instituto, el cual se centra en “promover el ahorro de los trabajadores, otorgarle financiamiento y garantizar su acceso a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios”.
El fondo lo empezó a operar desde el 1 de agosto, mucho tiempo antes en que sostuvo la primera reunión con el Consejo Directivo, que es el órgano máximo de gobierno de la institución que dirige, en el mes de septiembre.
En esa ocasión, Ortíz Bolaños sólo les pidió que tomaran nota de la creación del Fondo, cuando en realidad debió haber obtenido la aprobación expresa del Consejo Directivo.
Todo esto además podría acarrearle problemas severos hasta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jaime Ruiz Sacristán, a donde pretendía invertir el referido fonfo de pensiones y en donde dar información, que induzca al error, se castiga hasta con 150 mil días de salario, lo que provocaría un severo daño patrimonial al Instituto.
Sumado a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) tampoco dio luz verde para su constitución, ya que la dependencia a cargo de Arturo Herrera sólo emitió una “Opinión de Criterio Favorable”, al considerar que las actividades del Fondo no son operaciones activas de una aseguradora.
Y el Secretario de Hacienda, forma parte, según lo dispuesto por la propia Ley del Instituto (artículo 14, fracción II), del Consejo Directivo. Ocupa el segundo sitial legal, sólo después de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS), María Luisa Alcalde, su superior jerárquica, con quien ya ha tenido innumerables “roces”.
Así que, Alberto Ortiz Bolaños podría ser destituido de su cargo como Director del Infonacot, en caso de que el equipo de Irma Eréndira Sandoval (SFP), compruebe que excedió sus facultades al aprobar el Fondo de Protección de Pagos y operarlo desde el 1 de agosto pasado, como se acusó en una denuncia.
Porque el combate a la impunidad, es a final de cuentas un objetivo fundamental del Gobierno de la 4 T,… donde es más importante el 90% de honestidad valiente, que el 10% de conocimientos en la materia.
hch
