Claudia Rodríguez
Los terremotos de este septiembre y sus subsecuentes destrozos y pérdidas humanas en varios puntos del territorio nacional, mostraron en carne viva, cuál la distancia de la clase política con la sociedad.
A casi ningún punto rojo de emergencia en el sismo del día martes 19 de septiembre, fue bienvenido un actor político. En casi todos estos; la sociedad heterogénea presente les mostró con unidad su repudio e incluso algunos ciudadanos intentaron carearlos.
Si bien, ninguno de los actores de cualquier nivel e indistintamente de algún Poder de la Unión que provengan, son responsables de algún movimiento telúrico; la sociedad en conjunto sí los identifica como responsables de muchas tragedias.
No pocos mexicanos tienen la férrea idea de que la caída y afectaciones de inmuebles. tienen más que ver con la corrupción en muchos niveles, que con la fuerza devastadora del poderoso sismo del pasado 19 de septiembre.
Acusan los ciudadanos colusión con inmobiliarias, constructoras, la misma banca y hasta inspectores, en construcciones recientes que se vinieron abajo, advirtiendo que no se siguieron las reglas de edificación para la Ciudad de México (CDMX), destacada como zona sísmica.
En otras entidades, los sismos dejaron ver, en vivo y a todo color la gran mentira que año con año nos señalan respecto a que la pobreza va disminuyendo y los mexicanos cada vez vivimos mejor.
Ante esto, el gran reclamo a la clase política es el uso de nuestro dinero, de lo que es público y de lo que demandamos sea destinado para la reconstrucción de todos los territorios afectados por sismos o meteoros pluviales.
Es así, que también los mexicanos reclamamos ante la plena desconfianza, que el dinero destinado a la reconstrucción, venga de donde sea, incluso del show mediático de los partidos políticos, legisladores y más; sea recibido y entregado por una organización de la sociedad civil, no más de orden gubernamental.
Se puede, sí. Porque nosotros somos los mandantes, ya lo entendimos, no lo soltemos.
Acta Divina… Autoridades de la delegación Benito Juárez investigaron y dictaminaron que las empresas inmobiliarias Canada Building Systems de México y Dijon SAPI tienen plena responsabilidad en el colapso de los inmuebles ubicados en Zapata 56, en la colonia Portales, y Bretaña 90, en Zacahuitzco, respectivamente, por lo que tendrán que indemnizar a cada uno de los propietarios y afectados por el derrumbe.
Para advertir… La sociedad no quiere más una clase política que vive del dinero público y que creen nos dan dádivas.
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