El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Desde hace mucho tiempo, la justicia en México ha sido instrumento gubernamental para la venganza política, la represión de opositores, el despojo a los pobres, la entronización del rico y la legitimación de los abusos del poder. La autonombrada 4T no necesitó de la reforma judicial para hacer uso faccioso de la justicia, anular la autonomía de los togados o aplastar la división de poderes y los contrapesos constitucionales. Hace siete años quedó sin vigencia la leyenda alemana del molinero que desafió la omnipotencia del emperador Federico El Grande, a quien ganó un juicio y el respeto a su derecho de propiedad. Ya no podemos decir “hay jueces en Berlín”, porque, sin esperar a los magistrados legos y sumisos del nuevo Poder Judicial, se regresó a los impartidores de consigna obedientes a las órdenes de Palacio Nacional para aplicar las leyes a conveniencia de los gobernantes en turno; se acabó el sistema legal y el control judicial que evitaba los abusos del poder político.
En días pasados, quedó en libertad Israel Vallarta, en prisión preventiva oficiosa desde hace dos décadas, acusado de encabezar una banda de secuestradores por el otrora poderoso secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, hoy juzgado y sentenciado en los Estados Unidos. El gobierno federal rápidamente se arrogó parte del triunfo justiciero. Más aún, utilizó el caso mediáticamente como cortina de humo por la crisis de las acusaciones contra el líder morenista en el Senado, Adán Agusto López Hernández, quien es señalado, cuando menos de encubrimiento si no es que de beneficiario, por la corrupción de su mando policiaco Hernán Bermúdez Requena. Desde el poder se aplaudió la decisión de un justo juez.
Pero cuando un ministro decretó la liberación de Juana Hilda González por el caso Wallace -recluida también desde hace veinte años-, el ministerio público federal presentó recursos para retardar la decisión del Máximo Tribunal y fuera la nueva Corte “carnal” la que decidiera el asunto. El impartidor de justicia que permitió el acceso a un periodista para entrevistar a los detenidos fue inhabilitado por un año. La Consejería pretendió impugnar la liberación. Dos varas para episodios donde se demostró la violación al debido proceso, la tortura y fabricación de pruebas para eficientar la procuración de justicia; la excarcelación del jefe de los “zodiacos” posibilitó distraer a la opinión pública y mantener vigente al villano favorito, Genaro García Luna, para revivir el montaje televisivo al que se prestó Carlos Loret de Mola. Si realmente son inocentes los inculpados en ambos eventos, ¿dónde quedó la justicia para las víctimas? Por eso hay un 95 por ciento de impunidad.
Otro episodio donde se manejan las dos varas es revivir el juicio de procedencia de desafuero en contra del senador Alejandro Moreno. La torpeza jurídica y parlamentaria de los ñoños de la 4T evidencian inexperiencia política en la intentona por satisfacer a la visceral mandataria campechana. Nuevamente se prestan a fabricar una cortina de humo que se puede convertir en bumerang. Si van contra “Alito”, por qué el gobernador tabasqueño, Javier May, no solicita el desafuero de su paisano, a quien exhibió como promotor de la violencia en el estado y solapador de grupos criminales. El propio secretario de Gobierno, hermano del ex presidente, calificó la investigación contra Bermúdez Requena como necesaria para conocer “la pudrición” que se vivió con el ex secretario de Gobernación. ¿Dos varas para medir la justicia o para reprimir a la oposición? Seguramente habrá legisladores a modo.
Apostilla: La terca realidad se impuso. El INEGI confirmó la falsedad de los “otros datos”. A la alarmante percepción de inseguridad que vive el país, se sumó la escandalosa cifra de homicidios dolosos en 2024: 33 mil 241; el sexenio más violento fue el de AMLO. Por ello la Casa Blanca busca erradicar a los terroristas cárteles mexicanos…Pablo Gómez, beneficiario de la Reforma Política de Jesús Reyes Heroles -cuatro veces diputado y en una senador plurinominal-, pasa de inquisidor fiscal y persecutor político a artífice de una reforma que sepultará la ciudadanización electoral, la representación proporcional y la democracia.
