Por Aurelio Contreras Moreno
Vaya revés el que le dio el próximo Gobierno Federal a los familiares de desaparecidos.
Sin decir agua va, el pasado fin de semana el futuro Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la República, el ex colosista Alfonso Durazo, anunció en su cuenta de Twitter la cancelación de los llamados “Foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional” en cinco estados. Encuentros que habían iniciado apenas el pasado 7 de agosto por instrucción del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que tenían por objetivo “crear políticas públicas que ayuden a la reconstrucción del tejido social, bajo los principios de justicia, verdad, memoria, reparación y garantía de no repetición”.
La “razón” argüida por Durazo para detener los foros que faltaban fue “la necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas para obtener las conclusiones que nos permitan incorporar las voces de las víctimas en el diseño de la nueva política de seguridad pública que se presentará en fecha muy próxima”.
Aseguró también que “en todos los lugares donde no haremos foros presenciales, el equipo organizador recogerá las propuestas de las organizaciones y personas que se han registrado previamente para participar en esos espacios”, y dejó “abierta y disponible permanentemente, para toda la sociedad” la posibilidad de acudir a una página web habilitada para esos efectos, “a fin de seguir recogiendo propuestas y planteamientos”.
Lo cierto es que los “foros de pacificación” que se lograron llevar a cabo fueron un calvario para el Presidente electo y sus colaboradores, que fueron exhibidos en su ignorancia sobre un tema que representa, sin temor a exagerar, la mayor tragedia humanitaria de la historia reciente de México, y para la cual las próximas autoridades no tienen una respuesta verdadera.
Desde el primero de los foros, López Obrador intentó imponer el hilo de la discusión sobre la base del “perdón” a los responsables de la violencia y los atroces crímenes perpetrados en México en los últimos años, lo cual fue rechazado invariablemente por las víctimas y sus familiares, que lo que demandan es -y con absoluta razón- justicia, lo cual significa que el Estado no deje en la indefensión a sus seres queridos y que castigue conforme a la ley a sus victimarios.
La decisión de cortar de tajo estos ejercicios de atención a las víctimas representa, en los hechos, el fracaso de una estrategia que no consiguió hacer permear la idea enarbolada desde su campaña por el próximo Presidente de México, quien parece no entender la naturaleza y la magnitud de la desgracia que ha enlutado a miles de familias por todo el territorio nacional.
Tan no lo entienden, que los foros cancelados son los que se llevarían a cabo en tres de las entidades más violentas y con más víctimas del país: Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Este último, el estado con el mayor número de desaparecidos y de fosas clandestinas de toda la República Mexicana, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
¿De verdad creen que a través de lo que recojan en su página web lograrán comprender los alcances de las monstruosidades cometidas en estados como Veracruz? ¿No se merecían en estos estados al menos la gracia de ser escuchados por quien en campaña los recorrió de arriba abajo prometiendo un cambio de prácticas? ¿Qué clase de diseño de política pública puede hacerse sin acudir a donde el problema es mucho más grave?
Difícil siquiera concederles el beneficio de la duda. Más pareciera que lo que quieren es evitar seguir siendo exhibidos y confrontados públicamente por las víctimas.
Y son apenas unas pequeñas dosis de realidad ante lo que viene.
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