Por Aurelio Contreras Moreno
Finalmente, este lunes pisó suelo mexicano el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien fue extraditado por el gobierno de Guatemala para que enfrente los cargos que le imputa la justicia de nuestro país.
Ahora vendrá la verdadera prueba de fuego para las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en México, ya que si por cualquier razón, incluida un error procesal, Javier Duarte lograra obtener su libertad en un corto lapso, el ridículo sería monumental. Tanto como la burla a todos los mexicanos, y a los veracruzanos en particular.
Hay motivos de sobra para guardar reservas sobre la suerte que le aguarda a Duarte de Ochoa. En primer término, de todos los delitos que se le achacan, solamente el de delincuencia organizada es considerado grave y, por tanto, merecedor de prisión preventiva de oficio, que ya le fue decretada, por dos años.
La defensa de Duarte de Ochoa, encabezada por un despacho de abogados que entre otros casos, también lleva el de la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo, asegura que el expediente del ex gobernador presenta “flaquezas”, por medio de las cuales buscarán “demostrar la inocencia” del ex mandatario.
Claramente, si algo no es Javier Duarte, es inocente de nada. Sin embargo, las reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio podrían favorecerlo si las denuncias y el expediente presentado por la PGR no están debidamente sustentados, en cuyo caso, el ex funcionario podría obtener su libertad al término de la prisión preventiva.
Porque tampoco hay que olvidar que las denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz son, todas, por delitos considerados no graves, por lo cual tendría derecho a enfrentar sus procesos en libertad.
Eso no quiere decir que necesariamente esto sea lo que vaya a suceder. No al menos en el corto plazo. Sobre todo porque el costo político de una eventual liberación de quien se ha convertido en el símbolo de la peor corrupción de los últimos años en México sería devastador para las autoridades, federales y estatales.
Como señalábamos, el juez de control que lleva el caso le decretó prisión preventiva por dos años a Javier Duarte, al término de la cual se dictaría sentencia.
En ese sentido, no hay que perder de vista que para esas fechas, ya habrá pasado un año de las elecciones presidenciales, así como de las de gobernador de Veracruz. Si para entonces el juez decidiera, por falta de pruebas o alguna otra laguna jurídica, dejar libre a Duarte, por muy grande que fuera el escándalo que se desencadenara, el costo político-electoral ya habría quedado anulado. Y lo que de verdad está en juego para la actual clase gobernante es la permanencia en el poder. La justicia y el combate a la corrupción son temas de mera “estética” política.
Eso podría explicar la tardanza paquidérmica con la que el Gobierno de la República llevó a cabo los trámites y la solicitud de extradición de Duarte de Ochoa, ganando tiempo para que los plazos pudiesen alargarse lo más posible.
¿Le suena descabellado? Tampoco nadie creía que alguien pudiera hacerle tanto daño a un estado como el que le hicieron Javier Duarte y sus cómplices, algunos de los cuales se encuentran también en los más altos niveles de la jerarquía política de este país.
El caso de Javier Duarte pende de un alfiler. Igual que la viabilidad institucional de todo un país.
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