Lilia Arellano.
“Necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos”: Luis Donaldo Colosio
• Economía en foco rojo
• Presionan deuda, pensiones y participaciones a entidades
• Próximo gobierno obligado a buscar un nuevo Pacto Fiscal
• Deuda histórica: irresponsable manejo de finanzas del país
• Brutal desigualdad; estabilidad y gobernabilidad inciertas
• Gobierno federal evalúa activar el bono catastrófico: SHCP
Ciudad de México, 12 de Septiembre de 2017.- Un verdadero tiradero en materia administrativa está dejando el gobierno de Enrique Peña Nieto a la nueva gestión federal en 2018. México se acerca a un desastre provocado no por causas naturales, sino por imprudencia administrativa, con un deterioro social generalizado. No se invirtió en infraestructura, en salud se gastó muy poco, sin atender las necesidades de la población, y en educación el problema simple y sencillamente no se atendió. La desigualdad de ingresos es brutal. La estabilidad es frágil y la gobernabilidad incierta. El país se encuentra entre la opulencia de las zonas urbanas infladas por la especulación inmobiliaria y los pueblos marginados de diversas entidades, como Oaxaca, Chiapas y Veracruz, en donde se resintió el sismo más potente de la historia nacional y los efectos de fenómenos meteorológicos. La gran mayoría de los damnificados son de los más pobres del país.
A pesar de su excesiva propaganda, el mandato de Peña Nieto, para empezar, fracasó en lograr la consolidación fiscal. Entre el costo financiero de la deuda, pensiones y participaciones, la administración actual resiente fuertes presiones financieras y el nuevo gobierno tendrá menos recursos para poder implementar verdaderas políticas públicas. El costo financiero de la deuda, el pago de pensiones y las participaciones a las entidades absorberán buena parte del incremento de los ingresos públicos de 2018, de acuerdo a los datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos, entregado a la Cámara de Diputados. El próximo año, los ingresos presupuestarios sumarán 4.73 billones de pesos, un incremento de 165 mil millones respecto a 2017. Y ¿de dónde? ¿Seguiremos siendo los causantes cautivos quienes carguemos una piedra mucho más grande y pesada que la del Pípila?
El 61 por ciento de ese aumento será destinado a gasto no programable, rubro que se integra del costo financiero de la deuda (intereses y comisiones) y participaciones a los estados. El aumento del gasto proviene de un crecimiento en el costo financiero –por un nivel de deuda nominal mayor y la prevalencia de una tasa de interés más alta en promedio durante el año- y mayores participaciones a las entidades federativas, según ese documento. Lo que en términos muy caseros significa pagar las tarjetas de crédito, al abonero, dar otros enganches y seguir viviendo de prestado en un país en donde el empréstito y lo comprado en abonos es mucho más caro que en el resto del planeta.
A fin de cubrir las comisiones e intereses, el gobierno proyecta destinar 663 mil 479 millones de pesos, 10.6 por ciento más que en 2017. Este costo financiero de deuda del gobierno federal, Pemex y CFE, equivale a 2.9 por ciento del PIB y es una obligación ineludible para las finanzas. A su vez, los estados y municipios recibirán a través del concepto de Participaciones, 806 mil 516 millones de pesos, 3.7 por ciento más que el aprobado este año. Lo recursos no están etiquetados, por lo cual los gobiernos pueden empelarlos como lo dispongan. Esta última disposición trae consigo un manejo electorero y ya se verá la sujeción de los mandatarios estatales a cambio de recibir a tiempo las participaciones federales, para lograr hacer su propia plataforma de políticos llegados a los cargos de elección popular a modo para aprobar lo que se tenga que aprobar, a fin de no caer al fondo de las preferencias o de las simpatías ciudadanas, para no ver dañada su imagen.
Las presiones financieras también provienen de los recursos destinados al pago de pensiones. Según Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, en el caso del gasto destinado a pensiones, la presión financiera se prolongará por una década, porque se continuará financiado las jubilaciones de una generación de mexicanos. “Tenemos un sistema de pensiones mucho más sostenible que la gran mayoría de las grandes economías y de las economías intermedias; sin embargo, estas reformas implican que durante una generación completa estamos pagando dos sistemas, el viejo y el nuevo que estamos prefondeando”. Lo no dicho se refiere a la pobreza de estas entregas, a la carencia de servicios de salud en la etapa en la que se hacen mucho más necesarios y cuando se deben ingerir medicamentos cuyos costos no se alcanzan a pagar con estas percepciones “de carga gubernamental”.
El pago de pensiones para 2018, de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica, es de 793 mil 700 millones de pesos, un crecimiento real de 5.2 por ciento respecto a los recursos aprobados en este rubro en 2017. Son estas las cifras oficiales en las cuales no se incluye el monto de los ingresos, de las aportaciones semanales, mensuales de los trabajadores, cuyas inversiones debieron ser exitosas para no solamente no significar una carga sino para entregar sumas con las cuales pudieran los pensionados vivir con dignidad y satisfaciendo sus necesidades totales, no sólo las básicas que siempre buscan y con las que, dan por hecho, nos tenemos que conformar.
NUEVAS REGLAS EN 2019
Por los motivos señalados, la próxima administración, sin importar el partido político al que pertenezca, deberá buscar un Nuevo Pacto Fiscal en material de ingresos y de gasto. De acuerdo con el director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, el gasto seguirá creciendo y los ingresos presupuestarios no serán suficientes para enfrentar presiones como el costo financiero de la deuda, pensiones y participaciones. Le faltó decir que la dependencia con el dólar nos lleva a no poder calcular los gastos, ni siquiera los salarios y menos aún esos ingresos billonarios por ahora inalcanzables si se actúa con lógica.
En el paquete económico para el próximo año nuevamente sólo se hicieron recortes, pero no se buscó una consolidación fiscal, señaló Villarreal en conferencia de prensa, e insistió en que el próximo gobierno recibirá un sistema fiscal complicado y tendrá que tomar decisiones en un corto plazo. “Es dramático el asunto porque no se invierte en infraestructura, tenemos un sistema de salud donde se gasta poco y no atiende las necesidades de la población, y en educación el problema no se está atendiendo”, dijo.
Para Ricardo Cantú, director de ingresos del CIEP, la reforma fiscal ya maduró y no se obtendrán mayores ingresos tributarios que puedan superar o incluso alcanzar el 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “La reforma fiscal ya dio lo que tenía que dar. No seguirán aumentando los ingresos tributarios, particularmente del ISR, IVA y el IEPS. La misma Secretaría de Hacienda no estima crezcan como porcentaje del PIB”, destacó.
En cuanto a los ingresos petroleros, señaló que la reforma energética no va a ser la respuesta en el mediano plazo. “Esta reforma no va a ser suficiente para los compromisos de gastos que se tienen del 5.3% del PIB hasta 2023 (…) la reforma energética va a tardar en madurar en el largo plazo, la hacendaria ya maduró y no dará mayores recursos”, advirtió. Lo peor que podría hacer el siguiente gobierno para poder solventar todos los gastos es endeudarse. “La deuda no se reducirá por un buen diseño, sino por una eventualidad que se llama remanente del Banco de México”, concluyó.
DEUDA HISTÓRICA
El sexenio de Peña Nieto cerrará la deuda pública en un nivel récord, a pesar de utilizar los recursos del Banco de México para controlarla. Este año, en su medición más amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) será equivalente a 49.5 por ciento del PIB, según los pre-criterios de política económica. Para 2018, pretenden cerrarla en 49.2 por ciento. La estimación de 2017 ha mejorado porque se ha usado el remanente de operación del Banxico por más de 321 mil millones de pesos que fueron transferidos.
Este es el peor manejo de las finanzas de la nación en los últimos cuatro sexenios: al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, la deuda pública representaba el 39.4% del PIB y la cerró en 31.9%; Vicente Fox arrancó con una deuda equivalente a 32.1% y la cerró en 29.8%; Felipe Calderón hizo un desastre: inició con una deuda de 29.1% del PIB y la elevó hasta el 37.7%; y Enrique Peña Nieto arrancó con una deuda pública equivalente a 40.4% del PIB y pretende cerrarla en 42.9%. Es decir, la subió 9 puntos porcentuales. Conociendo estos datos ¿volverían a aplaudir a Calderón y a Peña Nieto en algún evento público?
En los primeros cuatro años de esta administración, la deuda se ha incrementado en 12.4 puntos del PIB al ubicarse en 50.1 por ciento al cierre de 2016 y se espera que para los dos años siguientes, ésta baje 0.9 puntos. Eso esperan, falta nos lo demuestren cuando es sabido las exportaciones irán a la baja y las importaciones se multiplicarán a sabiendas de la forma tan especial de comerciar que tienen China y Rusia y lo que el vecino del Norte considera como operaciones nocivas.
Para Enrique Díaz Infante, subdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el problema de las finanzas públicas de México es de carácter estructural, por lo cual es necesario un análisis profundo del gasto. El discurso de la Secretaría de Hacienda gira en torno a que las reducciones en el gasto son un sacrificio necesario para contener la deuda. Pero el precio puede ser muy alto al comprometer el desarrollo económico y social, advierte el especialista, quien subraya: “lo que hacemos es afectar la inversión en capital humano para no aumentar el endeudamiento”. Tan sólo en 2016, este rubro del gasto sufrió una reducción de 8.3 por ciento, en términos reales.
BRUTAL DESIGUALDAD
Durante esta administración federal, la brecha entre ricos y pobres se ha ido ampliando. El informe “Análisis de la desigualdad” de Oxfam, señala la existencia de una brecha de 154 mil pesos trimestrales entre el ingreso de 10 por ciento de los mexicanos más pobres y el mismo porcentaje de los más ricos, tendencia que no cambio entre 2014 y 2016, cuando las percepciones de la población que vive en miseria crecieron 10 pesos al día, contra 100 pesos de la gente de más ingresos.
La desigualdad es 23 veces más alta entre el decil más bajo y el más alto de la población, destaca el informe. Ésta se refleja en el hecho de que los 12 millones de más pobres concentra apenas 1.8 por ciento del ingreso total de los hogares, contra los 12 millones más ricos, que concentran 36.6 por ciento del ingreso total. En tanto, alrededor de 64 millones de personas poseen apenas 20.1 por ciento. Las percepciones de los 12 millones de mexicanos más ricos son equivalentes a las de 84 millones que viven en pobreza.
A pesar de los trucos metodológicos y estadísticos del Inegi, que llevaron a la Enigh de esta año a señalar la desigualdad disminuyó, esto no cambio el panorama: mientras los 12 millones más pobres de México obtienen cada tres meses 6 mil 820 pesos, el decil más rico recibe 160 mil 820 pesos. De acuerdo con Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam, se requerirán 120 años para que la tendencia de la desigualdad cambie, es decir, en 2136 comenzaría a modificarse.
El hecho de existir grandes brechas y un pequeño sector acumule la riqueza puede crear grupos de interés para proteger sus privilegios, subraya Vázquez. “En el país, cuando se analiza cómo los multimillonarios acumulan su riqueza, observamos que la fuentes de estos recursos provienen de privilegios y colusión entre la élite política y económica”. Los multimillonarios han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados o regulados por el ámbito público. “Estas élites han capturado al Estado mexicano, ya sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”.
EMERGENCIA EN CHIAPAS Y OAXACA POR SISMO
Si ningún asomo de rubor y a sabiendas de estar en el conocimiento público la forma en la cual han venido manejando las arcas públicas, el gabinete del mexiquense se da el lujo de ir de visita y para la foto –realizando una copia exacta de lo hecho por su gran jefe- a las comunidades afectadas por el terremoto e inclusive el gobierno federal sigue evaluando si se activa el bono catastrófico, indicó José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. O sea que, mientras ellos despachan conchudamente en sus oficinas y nuestros compatriotas lo hacen en condiciones infrahumanas, ellos están analizando, estudiando, ver la posibilidad de que tal bono, comprado con nuestro dinero, se active. En entrevista televisiva, explicó: “contractualmente, se tienen 30 días para evaluar factores como severidad y ubicación geográfica, para ver si lo sucedido cae en lo previsto, aunque nuestra primera impresión es que sí”. ¡Que se duerman todos bajo una lona, o en uno de esos albergues, que se queden con hambre, no se bañen, convivan con niños y adolescentes desesperados durante un mes y luego vemos!
El sismo de 8.2 grados Richter permitiría a México ejercer el bono catastrófico que en agosto fue emitido junto con el Banco Mundial. Meade señaló se cuenta con el presupuesto para “atender las afectaciones a escuelas, hospitales y carreteras”, además de que en la reconstrucción se requerirá de las familias y comunidades, “por eso la invitación del presidente al sector privado; pero tenemos la capacidad para apoyar”. Solicitar ayuda a la iniciativa privada que opera fuera de ese directorio de privilegiados es otra de las más grandes burlas y ¿fue o no fue cierta la afirmación del mexiquense sobre un alto porcentaje de disminución de la pobreza? La forma de vida cotidiana de los afectados por los embates de la madre naturaleza nos da la respuesta.
Senadores del PAN pidieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) vigilar la correcta aplicación de los recursos federales destinados a atender la emergencia en Oaxaca y Chiapas por el sismo. A través de un punto de acuerdo, demandaron al auditor Juan Manuel Portal instruir a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social realizar la inspección de los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) destinados a esas entidades. Porque para varias, la rapiña no cesa, los robos están imparables y esa deshumanización mostrada ya parece característica a la cual EPN le agregará es “cultural”. Por cierto ¿alguien ha visto desfilar a los del Fonden?
También senadores del PT-Morena y el independiente Armando Ríos Pitter pidieron a la Comisión de Hacienda de San Lázaro garantizar más recursos para sostener las actividades de rescate y protección civil, así como para reconstruir los inmuebles dañados por el movimiento telúrico. Al pedir sin llevar a cabo labores de inspección de las aplicaciones, de revisión de entrega, lo único logrado es el incremento de las fortunas, el saqueo, la compra de agua con 100 veces el valor exhibido en tiendas y almacenes, etcétera.
A su vez, el senador oaxaqueño Benjamín Robles, del PT-Morena, demandó al Ejecutivo federal crear un fondo especial de reconstrucción, específicamente para su entidad, con un monto de 6 mil 769 millones de pesos. Solicitó ampliar la declaración de emergencia a los municipios de la zona Mixe de Oaxaca y propuso crear una comisión legislativa especial para dar seguimiento a las acciones implementadas por la administración federal para atender la emergencia. ¿Muratito lo administraría o bastaría con esa comisión de seguimiento? ¿Serán confiables o actuarán de la misma manera? Finalmente, entre éstos se pone al día “al que mata un perro le ponen mataperros”, no hay más ni menos.
DE LOS PASILLOS
En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios pactaron postergar la discusión de la reforma que busca cancelar el “pase automático” del procurador Raúl Cervantes a Fiscal General. Tras recibir a ONGs quienes exigen una amplia discusión, accedieron a abrir el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales. El colectivo de las organizaciones, las cuales se identifican con #VamosPorMás y #PorUnaFiscalíaQueSirva, advirtió al presidente de la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, que no era suficiente la iniciativa y solicitó tiempo para generar un mejor producto legislativo. Así, de acuerdo a Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD, se evitó este martes un día difícil en el Pleno, debido a que el Frente legislativo consideraba rechazar la propuesta del PRI de permitir a Cervantes participar en el proceso de selección del Fiscal…
Los partidos políticos deben cumplir al cien por ciento con las obligaciones de transparencia que les marca la ley, indicó la organización ciudadana Nosotrxs. Al realizar un diagnóstico de los nueve partidos con registro nacional sobre el nivel de cumplimiento que tienen respecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, advirtió que ninguno de ellos acata a cabalidad la norma. “Iniciar un proceso electoral sin la información que están obligados a reportar por ley, no sólo vulnera el derecho a saber de los ciudadanos en uno de los procesos electorales más complejos y caros de nuestra historia, sino que daña la legitimidad y legalidad de nuestra democracia”, advirtió la organización.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;
Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1
Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano
