José Luis Parra
No hay crimen perfecto, pero el cinismo sí puede rozar la excelencia. Si alguien busca una definición moderna de saqueo institucional, bastaría con revisar el expediente recién desempolvado en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora. La cifra lo dice todo: 290 millones de pesos, sustraídos con bisturí —o más bien con sonda industrial— de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
El esquema, dicen, era para mejorar las prestaciones laborales de los trabajadores. Qué generosos. Qué atentos. Qué dadivosos los funcionarios que idearon una red para desviar millones desde la partida 1000, esa que sirve para pagar sueldos, y que terminó alimentando a una empresa privada de cuyo nombre no tardaremos en acordarnos.
Los dos primeros en caer, José Víctor González Guerrero y Francisco Alberto Curiel Montiel, ya están en prisión preventiva. Ambos fueron parte del gabinete de la exgobernadora Claudia Pavlovich, hoy con embajada de lujo y memoria selectiva. Porque en la política mexicana el premio al servicio público muchas veces es el servicio exterior.
¿Y los otros?
La lista de órdenes de aprehensión pendientes parece casting de reunión priista: Cristina Rodeles Valdez, Gabriel Alejandro Barranco Varela, Juan Antonio Fernández Ortiz y, en letras más gruesas, Ernesto de Lucas Hopkins, ese personaje multicolor que ha sabido brincar del PRI al MC como quien cambia de marca de gel para el cabello. Fue secretario particular de Bours, titular de la SEC y diputado gracias a Movimiento Ciudadano.
No es solo una lista de presuntos involucrados, es el retrato hablado de una clase política que considera al presupuesto público como un fondo de retiro o, peor aún, como la caja chica para financiar sus pequeñas y grandes traiciones ideológicas.
Un timing quirúrgico
La investigación, nos recuerdan, comenzó en septiembre de 2021, justo cuando iniciaba el gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Qué oportuno. El caso no es menor y tampoco es inocente. En política el calendario lo es todo: se filtra, se ventila, se acusa… y se mide el daño colateral.
¿Se trata de justicia o de una vendetta quirúrgicamente diseñada contra adversarios del morenismo sonorense? ¿Es una limpia o una purga? Porque hay nombres que duelen en las encuestas y otros que pesan en las futuras alianzas.
Lo cierto es que la bandera anticorrupción vuelve a ondearse, pero esta vez sobre un terreno minado por colores que ya se desdibujan. El PRI que los cobijó, el MC que los rescató, y el morenismo que los quiere exhibir.
Educación… para delinquir
No hay peor ironía que ver cómo el desfalco se dio desde la Secretaría de Educación. La misma que debería formar ciudadanos, terminó siendo una incubadora de transas. El mensaje es brutal: en Sonora no se enseña con el ejemplo, se roba con currículo.
¿Y el resto del gabinete pavlovichista? ¿Habrá nuevos nombres, más embajadas, más diputaciones de protección?
En este país donde todo se olvida, este caso aún tiene cuerda para varios capítulos. Pero cuidado: cuando el poder judicial entra a escena, los guionistas no siempre son los que salen a cuadro.
Epílogo con estribillo
En Sonora ya se sabe que las historias de corrupción se cuentan a plazos. Primero se denuncia, luego se negocia, después se encarpetan. A veces —muy pocas— se castigan. Pero casi siempre se reciclan.
La SEC está bajo la lupa. Y la lupa, como ya sabemos, solo enfoca donde le conviene al poder de turno. El resto queda en penumbra.
