Lilia Arellano
“Quien tiene la voluntad tiene la fuerza”: Menandro.
• Educación, SCJN y Muro, lo de hoy
• Iniciativa con una completa reforma educativa
• Aguilar intenta conciliar con el nuevo gobierno
• Habla AMLO con Trump sobre plan migratorio
• Q. Roo: ilegalidades de todo tipo impiden seguridad
Ciudad de México, 13 diciembre de 2018.-En pleno puente Guadalupe-Reyes, la actividad presidencial se intensificó. En un solo día hubo de darse respuesta a la cancelación de la reforma educativa; se hizo presente en el informe del magistrado presidente de la SCJN; hubo de dar instrucciones para responder a las aseveraciones de Donald Trump y se giraron nuevas instrucciones para la seguridad del titular del Ejecutivo federal. Es claro que propiciar una Transformación con los alcances marcados por AMLO, enfrenta el rompimiento de muchos intereses basados todos en el dinero y el poder, sin embargo todos los afectados hasta el momento han tenido que recular ante la exhibición de sus propósitos y logros nada benéficos para los ciudadanos en los últimos tiempos.
La iniciativa de reforma educativa de López Obrador es mucho más profunda y amplia que la presentada por Peña Nieto, centrada en asuntos administrativos, laborales, de conveniencia. El mexiquense no consultó a los principales actores del sector educativo; redujo en esencia a condicionar la permanencia de los maestros a evaluaciones sin previa capacitación o actualización de los mismos. En los años de implementación se redujo a la máxima expresión el presupuesto destinado a capacitación a los cuales dedicaron mil 700 millones de pesos en tanto que, para su publicidad gastaron 2 mil millones de pesos. No mejoró el desempeño de los estudiantes y disminuyeron las calificaciones del PLANEA y en las evaluaciones internacionales como PESA.
Se dieron las evaluaciones con el carácter punitivo generando afectaciones a los derechos adquiridos por los trabajadores. En síntesis, fue una reforma reduccionista concentrada simplemente en un tema evaluativo que tenía que ver con el régimen sindical sin abarcar integralmente a la educación. Su defensa pues es prácticamente imposible, sobre todo al entrar en comparación con la iniciativa ya presentada en donde se contempla:
Aparición en el artículo tercero constitucional del concepto niñas, niños y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. Regreso a los principios tradicionales de educación gratuita, laica y obligatoria, los cuales son reforzaron con ser universal, con equidad y excelencia; se reconoce al magisterio como agente primordial de la transformación social; se consagra el derecho de los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua y a la revaloración social a través de un nuevo Servicio de Carrera Profesional del Magisterio. Se fortalecen escuelas normales; se promueven en los planes de estudio el civismo, la historia y la cultura
Establece una política educativa incluyente adecuada a la diversidad cultural y étnica para combatir desigualdades sociales, de género y regionales: implementación de acciones de carácter alimentario en escuelas de educación básica; implementación de política para el sistema de becas; cancelación del INEE para dar paso al Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación; elaboración de un programa indicativo de 30 o 40 años.
SIGUIENTE PASO
Al cuarto y último informe anual del ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ingresó por la puerta principal del edificio, cerrada por unas 50 personas que protestaban contra los ministros. Su saludo al togado fue sumamente frío y rompió la tradición de quedarse a comer con los ministros, por lo cual se retiró al terminar la lectura del informe. La tensión hizo sentarse a Aguilar, de 69 años, cuando llevaba más de 50 minutos de pie leyendo el discurso y tuvo que interrumpir para continuar sentado entre AMLO y Martí Batres, presidente del Senado. Infructuosamente, trató de conciliar con el titular del Ejecutivo Federal, tras varios días de críticas del Ejecutivo a la Corte y a los jueces por sus salarios, y de jaloneos en el Congreso ante la intención de reducirlos.
Sin aludir al tema de los salarios, Aguilar expresó: “el Poder Judicial de la Federación es uno de los tres Poderes de la Unión y, por tanto, reconocemos que somos parte del entramado del Estado mexicano, y que debemos estar articulados y en armonía y concordancia con los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo”. Subrayó la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos. Y apuntó: “esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de poderes, en virtud del cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado”.
Frente a la cúpula del Poder Judicial, en el salón de Plenos del máximo tribunal, y los nuevos secretarios de Defensa, Gobernación, Educación y Seguridad Pública, Crescencio Sandoval, Olga Sánchez, Esteban Moctezuma y Alfonso Durazo, así como el consejero jurídico Julio Scherer, el ministro justificó que la facultad judicial de resolver controversias no es obstáculo para el desarrollo y la legítima transformación del país, sino la condición necesaria para alcanzar estos objetivos democráticamente. Aguilar resumió algunos “logros” de su administración en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, la cual ya administra 846 tribunales y juzgados, a cargo de mil 502 jueces y magistrados y más de 45 mil empleados.
Sin embargo, el togado deja muchos pendientes: durante los últimos cuatro años, fueron sancionados administrativamente 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, siendo 36 de ellos magistrados de Circuito y 49 jueces de Distrito. De estos últimos, sólo a ocho se les impuso la sanción máxima de destitución, mientras 21 fueron suspendidos sin goce de sueldo. Sobresale el procedimiento contra 15 funcionarios por la filtración y venta, a finales de 2017, de un examen para jueces que fue cancelado en febrero, y por el cual puede ser sancionado el ex director del Instituto de la Judicatura, Salvador Mondragón. Asimismo, está en curso el procedimiento contra el ex director general de Inmuebles del CJF, Francisco Pérez Maqueda, a quien se encontraron 3.3 millones de pesos en la cajuela de su auto, lo que llevó a la Contraloría del Poder Judicial a presumir recibió sobornos de constructoras. Un caso más desde el año pasado son las visitas no justificadas de 10 actuarios de seis juzgados de Toluca y Tepic a narcos en penales de alta seguridad.
En los tribunales federales la carga de trabajo tiende a estabilizarse: entre noviembre de 2017 y 2018 ingresaron un millón 26 mil nuevos casos, por un millón 46 mil en el año anterior, la gran mayoría amparos. En cambio a la Corte llegan cada vez más asuntos: 17 mil sólo este año.
A pesar del ánimo conciliador de Aguilar, todo parece indicar seguirá la confrontación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo con el Judicial. Por la mañana de ayer, AMLO reiteró su crítica a los sueldos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para ministros, magistrados y jueces. En su consideración, los impartidores de justicia del PJF “están ganando mucho”. “No existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias, normales, somos Poderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a esto”, explicó. Por otro lado, en el Senado, el procedimiento para la designación del próximo ministro de la Suprema Corte fue aprobado sin estar inscrito en el orden del día. El procedimiento contempla una reunión con los propuestos por el Ejecutivo –Juan Luis González Alcántara, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf-, el 17 de diciembre en la sala de protocolo de la Mesa y servirá para llenar la vacante del ministro José Ramón Cossio Díaz, quien se retiró en noviembre.
NO AL MURO: AMLO
Va en serio la conclusión del régimen neoliberal el cual vivió su cúspide en la pasada administración de Enrique Peña Nieto. La cancelación de la reforma educativa, una de las tres modificaciones estructurales clave del peñismo; el freno a la reforma energética y al traspaso de la riqueza petrolera a la iniciativa privada; la paralización de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y sus subterráneos negocios aledaños; la instalación de la Comisión de la Verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa; la reducción de los salarios de la burocracia dorada, son los rasgos más firmes de el nuevo gobierno al servicio de las causas populares encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha recibo un casi unánime respaldo a sus acciones.
Un hecho que sin duda dará brillo a la nueva administración a nivel internacional es la oposición firme a construir un muro en la frontera de Estados Unidos y México. El tema no ha sido tocado en ninguna conversación entre AMLO y Donald Trump. En su reciente conversación “la plática fue respetuosa y en términos de amistad”, reportó el tabasqueño y detalló se centraron en el tema de la migración. “Hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y en nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de emigrar; que la migración sea optativa, no obligatoria”, comentó. Para este plan ya se tiene contemplado en el Presupuesto a entregar este sábado, cinco mil millones de pesos.
La propia administración de Trump a través de la vocera presidencial, Sarah Sanders, precisó los mandatarios no abordaron el tema del muro y coincidieron en la necesidad de abordar la migración ilegal de Centroamérica a Estados Unidos, atacando las causas de ésta como la inseguridad y el estancamiento económico, ante el repunte de estos flujos en la forma de varias caravanas que ingresaron a México en semanas recientes, en ruta a la frontera entre EU y México. Sin embargo, el tema del muro fue abordado por el presidente Trump la mañana del jueves en su cuenta de Twitter. Ahí aseguró México está pagando el muro fronterizo con el dinero ahorrado por el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual reemplazará al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
La construcción del muro es un factor que podría provocar un cierre parcial del gobierno estadounidense la próxima semana si no hay acuerdo entre la Casa Blanca y los demócratas, cuyo respaldo en el Senado es necesario para la aprobación de cualquier partida presupuestaria.
Mientras, el problema sigue creciendo. Este año más de 92 mil personas pidieron asilo a Estados Unidos en la frontera con México, un aumento de 67 por ciento en relación al año previo, de acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esa oficina reportó un total de 38 mil 269 solicitudes de asilo en los puertos de entrada a Estados Unidos y otros 54 mil 690 entre los puntos de cruce, para un total de 92 mil 959 casos. El CBP detuvo o consideró inadmisibles a 521 mil 090 personas en 2018.
DE LOS PASILLOS
En la primera quincena de enero estará formalmente instalada y echada a andar la Comisión de la Verdad por el caso Iguala, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Al salir de la reunión matutina de Gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario manifestó su anuencia para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participe en los trabajos de la nueva comisión…
Las secretarías de Salud, del Trabajo y Previsión Social, la de Bienestar y la de Defensa Nacional, son algunas dependencias que tendrán un incremento en sus recursos, de acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 que presentará el gobierno federal al Congreso de la Unión el próximo sábado, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aumentarán los recursos al Seguro Social y al ISSSTE, así como al sistema de salud en general para iniciar un plan que garantice la atención medica y la existencia de medicamentos gratuitos en ocho estados de la República en una primera etapa, hasta lograr la federalización de los servicios de salud en todo el país…
Como los ahorros van en serio, se suprime la versión impresa del Diario Oficial de la Federación… El INE reduce a once mil millones de pesos, pero quienes aprueban cuanto debe gastarse dirán con cuánto cuenta y que cada quien decida, como en el Poder Judicial, cuánto quiere pagar de salarios y si le alcanza…Por cierto, los curuleros quintanarroenses fueron exhibidos por ser el Congreso más caro del país y ni rendir cuentas. Se auto-autorizaron un presupuesto de 600 millones de pesos para el 2019, prácticamente igual al designado para la operación del Poder Judicial. Por si fuera poco y pese a haberse expedido desde hace más de dos años la Ley de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, nada se ha redactado para sustentarla con la debida Ley Orgánica. El círculo de amigos quedó cerrado atendiendo la recomendación de Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez; por si fuera poco, en las designaciones de los involucrados en devolver la seguridad existen tantas violaciones a la Ley que es notoria la escasez de conocimientos jurídicos.
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