POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
La segunda mitad del siglo XX en el sistema político mexicano, presidencialista por excelencia, ocurría que con cada nuevo sexenio se señalaban a funcionarios deshonestos del sexenio anterior en una suerte de catarsis política en la que a los ojos del pueblo esos “malos funcionarios” eran exhibidos y castigados.
El período de alternancia partidista que siguió en el período 1988 – 2018, se vieron crecer los controles administrativos para evitar la corrupción. En ese período surgen las declaraciones patrimoniales anuales por parte de servidores públicos, sofisticación de métodos de compras de gobierno, crecimiento y desarrollo de esquemas de fiscalización interna y por el Legislativo federal, etc.
Sin embargo, el efecto final ha sido la de una concentración de la corrupción en las altas esferas políticas. La discrecionalidad que permite componendas y chanchullos pasó de la ventanilla de atención al despacho presidencial o a la gubernatura.
La cuarta transformación, a pesar de fundamentar su narrativa en la frase “no somos iguales” para diferenciarse del pasado precisamente en este sentido, ha quedado corta, muy corta en las expectativas del pueblo de México. Tan sólo en 2025 se han conocido los siguientes casos:
Adán Augusto López Hernández, senador y exsecretario de Gobernación, se le señala de presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Él mismo acepta haber recibido al menos 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas fantasma. Su exsecretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido por nexos con el CJNG.
Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas con vínculos cercanos con Gerardo “El Gerry” Vázquez Barrera, Senador y presunto operador financiero del Cártel del Noroeste. Se habla de evidencia en manos de autoridades norteamericanas en el sentido que Villareal recibió durante su campaña electoral financiamiento de Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”.
El fallido gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tendría presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Un informe de inteligencia de la Defensa Nacional lo relaciona con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, tiene señalamientos en narcomantas por presuntos vínculos con grupos delictivos. Aunque no se han formalizado cargos, las acusaciones han sido reiteradas en medios locales y autoridades norteamericanas le retiraron la visa a su ahora ex marido Carlos Alberto Torres Torres.
Al secretario de Educación Pública y expresidente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, también se le relaciona con el esquema de blanqueo de activos de Sergio Carmona. Actualmente tiene una omisión en su declaración patrimonial por un departamento de 15 mdp en la CDMX.
El diputado Federal, Arturo Ávila, tiene señalamientos de enriquecimiento inexplicable derivado de la compra al contado de una propiedad en EEUU por un monto de 80 millones de pesos.
Gerardo Fernández Noroña, senador, posee una propiedad en tierras comunales de Tepoztlán, Morelos, con un valor aproximado de 12 mdp.
Andrés Manuel “Nomediganandy” López Beltrán, secretario de Organización de MORENA, ha sido evidenciado en viajes al extranjero con costos estratosféricos además de presuntos vínculos con empresarios ligados al huachicol y serios señalamientos por tráfico de influencias y negocios durante el sexenio de su padre.
Su operador financiero de confianza Amílcar Olán recientemente se avecindó en Suiza tras una transferencia de más de 3 mil millones de pesos detectada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La lista podría ampliarse, pero el punto queda claro. La “diferencia” con los corruptos del pasado no es tal y eso tiene implicaciones políticas importantes para el presente.
Primero, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado marcar distancia de estos casos, evitando “salpicar” al expresidente AMLO. Tarea de por sí difícil dado el perfil de los señalados anteriormente.
La tarea cobró notoriedad política particularmente por los involucrados en el esquema de “huachicol fiscal”, que no es otra cosa que la burda falsificación de documentación aduanal para evitar impuestos y desviar las ganancias a bolsillos privados. Las críticas no se han hecho esperar por falta de acción contundente.
En segundo lugar, el tema de la corrupción no es invisible para la ciudadanía promedio. Una encuesta reciente de El Financiero le atribuye a la presidenta Sheinbaum una aprobación de 73%, cinco puntos por encima de su antecesor tras el primer año de gobierno.
Sin embargo, en el mismo documento la percepción arroja que 75% desaprueba la forma en que se está enfrentando la corrupción y 74% a la delincuencia organizada. Otros instrumentos de medición arrojan que la aprobación de MORENA cayó del 51% al 45% entre mayo y septiembre de 2025. Hablando del cabello en la sopa.
La corrupción y la violencia criminal, que todo parece indicar se armonizan en las oficinas de algunos gobernadores, está empezando a tener efectos negativos en la arena electoral. El Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), no rompe con MORENA, aún, pero abiertamente ya busca ir sólo para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 y ya promueve a su dirigente estatal en el Estado de México, Pepe Couttolenc, a quien ya ven como futuro gobernador sin especificar fechas.
Surgen serios cuestionamientos de toda esta coyuntura. ¿En este contexto, el expresidente AMLO saldrá de su encierro en Palenque para defender lo indefendible? ¿Hará una gira nacional para culpar a los “conservadores” por las tropelías de su gente? ¿Arriesgará su imagen en aras de la impunidad a plena luz del día? ¿Lo hará para todos los involucrados o sólo para sus hijos? ¿Existen condiciones de seguridad para una supuesta gira de promoción de su libro por el territorio nacional? ¿Cuál sería la utilidad política para un aspirante presidencial recurrir a “papi” para que lo defienda ante la opinión pública por sus travesuras?
Las respuestas pasan de largo la preocupación central ¿Qué hacer con la corrupción? A estas alturas de la historia de México debería ya quedar claro que la respuesta no es cosa de fortitud moral, aspiración ética o llamado místico.
Aquí radica una segunda afrenta a las bases ideológicas de la cuarta transformación: “separar el poder económico del poder político”. Los mencionados escándalos de corrupción van en sentido contrario a la promesa.
El tema entonces es el manejo patrimonialista del Estado Mexicano. Esto es, la insistencia política y por lo tanto administrativa de que el gobierno debe intervenir directamente en la economía. En un país de extremos contrastes en el nivel de vida por supuesto que es recomendable que la autoridad intervenga para cumplir con la aspiración histórica formulada por Morelos en “Los sentimientos de la Nación” de 1813 para las leyes “moderen la opulencia y la indigencia”.
Pero ello dista del estado patrimonialista en el que las decisiones económicas las toman los Poderes de la Unión, no como árbitro neutral que utiliza el orden jurídico para dirimir controversias como debería ser un estado moderno, sino como plataforma política de los apetitos personales del gobernante en turno como si se tratara de un sultanato medieval. Estamos en estado de cosas en que, ya no digamos el árbitro juega abiertamente para un equipo, es como si las autoridades de la federación de fútbol saltaran también a la cancha.
La vía de salida a la corrupción son las instituciones, el desarrollo de capacidades técnicas del aparato estatal para mediar y obsequiar justicia. No es a través de la imposición de esquemas burocráticos diseñados para administrar justicia con base en consignas ideológicas, caprichos momentáneos o cuotas clientelares como se moderan la opulencia y la indigencia. El entuerto sobre la nueva Ley de Amparo y su potencial para “ahuyentar inversión” extranjera, y nacional, así lo deja de manifiesto.
Es aquí que vemos uno de los pilares del sistema político mexicano: el esquema político puede variar, diferentes tipos de presidencialismo, modalidades de sistemas de partidos, pero al final todo es visto por el elector como piezas de utilería de una gran escenografía y así es tratado.
En donde el elector mexicano pinta su raya en la arena es en las condiciones económicas. El bolsillo individual se torna un apéndice de la persona quién reacción con violencia ante cualquier dolor innecesario. Es decir, el desempeño económico define el voto muy por encima de la sofisticación del discurso político.
Y esa es la trampa 22 en la que se encuentra actualmente la Presidenta Claudia Sheinbaum: ¿Cómo mantener un crecimiento económico sostenido bajo una presión estadounidense no vista desde el siglo XIX, y a la vez solapar escandalosas corruptelas de diversa índole por los propios miembros de su movimiento?
La foto de la ceremonia del Grito de Independencia el pasado mes de septiembre es clara, la presidenta está sola. Porque el Zócalo capitalino se llena por consigna u oportunidad, pero nunca por espontaneidad política.
Finalmente, las contradicciones políticas generadas por la galopante corrupción al interior del obradorismo tendrá influencia en la sucesión presidencial de 2030. Así lo entienden los actores involucrados y partidos satélites cuyos incipientes cálculos ya prendieron alertas y comienzan un sutil desmarque del pleito intestino.
Porque el cinismo de la clase política mexicana toda no es anecdótico o detalle menor, mucho menos un bálsamo, para las mayorías que día con día luchan a brazo partido para tener una vida digna para sus familias.
SAGRADAS ESCRITURAS:
Génesis 41: 25-28: Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son; y las espigas hermosas son siete años: el sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón.
