Por Aurelio Contreras Moreno
Si la seguridad pública y la procuración de justicia en Veracruz están verdaderamente por los suelos, el trabajo del Poder Judicial no dista demasiado en cuanto a sus bajos estándares, corrupción y distorsión de la labor de impartición de justicia.
Convertido en un circo de varias pistas desde que tomó el poder el régimen de la pretendida “cuarta transformación”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) es fiel reflejo del desbarajuste y el desapego hacia la legalidad que caracteriza a la neoclase política que, de buenas a primeras, se vio con las riendas del país y del estado en las manos y, como ha quedado más que claro en estos casi tres años, sin saber qué hacer con las mismas.
El grotesco episodio que dio por resultado la destitución y posterior inhabilitación de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del TSJEV es solo una de las peripecias absurdas de quienes tienen, en el papel, la obligación de defender la ley hasta sus últimas consecuencias, pero que la quebrantan a la primera oportunidad si así conviene a sus aviesos intereses.
El caso de Sofía Martínez demostró que el Poder Judicial en Veracruz no actúa con verdadera autonomía. Pero el reciente lance de su sucesora, Isabel Inés Romero Cruz, representa un verdadero atentado contra la ciudadanía veracruzana y su derecho al acceso a la justicia.
El pasado 30 de junio, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado un acuerdo por el cual se ordena el cierre de 29 juzgados en la entidad, entre los que se encuentran juzgados especializados en materia familiar y microrregionales, bajo el consabido pretexto de la “austeridad” con el que están desbaratando el entramado institucional del país.
A través de un comunicado, Isabel Inés Romero Cruz planteó que “lo que se pretende es lograr ahorros e implementarlos en las áreas que más se necesiten”, y que la decisión de suprimir juzgados “obedece a estudios previos, tanto técnicos como financieros desarrollados a la par del proyecto de Reforma Laboral en el Estado” pues, según esto, “la tarea a cumplir es brindar una extraordinaria impartición de justicia, sin que el costo para el pago de los servicios represente una carga económica excesiva”.
Tales criterios de verdadera pichicatería legaloide no se sostienen. Está más que probado que la impartición de justicia, particularmente en Veracruz, es un infierno. Lenta, corrupta, nada empática con los justiciables –sobre todo con los de menores recursos-, puede llegar a convertirse en un inacabable tormento, entre otras cosas, por la gran saturación de trabajo en los juzgados que provoca un tremendo rezago en el desahogo de los casos, lo que a su vez lleva a que quienes buscan justicia terminen tirando la toalla y abandonando los procesos.
Sobran ejemplos de lo anterior.
Así que en realidad lo que haría falta son más juzgados para que la justicia pueda impartirse de manera expedita, como se supone tendría que ser. Desaparecerlos en una involución. Pero no es eso lo más grave.
En un pronunciamiento emitido el pasado viernes 2 de julio, la Barra Mexicana de Abogados y su capítulo Veracruz, que encabeza Lorena Oyola Hernández, afirmaron que la desaparición de juzgados “basándose en cuestiones estadísticas y no de pleno acceso a la justicia, atenta contra el derecho humano a la justicia”.
Se asevera también que el cierre de juzgados especializados en materia familiar en distritos judiciales donde solo hay un tribunal dedicado a este tema “priva a los justiciables el acceso a una justicia de calidad, al alcance de las posibilidades económicas, sociales y culturales de las personas”, al tiempo que se expone a las personas a continuar sus procesos en “tribunales ordinarios carentes de los espacios y capacitación del personal para atender de forma confiable y satisfactoria” sus requerimientos.
Asimismo, la Barra Mexicana de Abogados asegura que con la desaparición de juzgados microrregionales “se discrimina a grupos indígenas al privarlos de centros de impartición de justicia que se adapten a sus necesidades, soslayando con esto el deber constitucional de prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que les garantice el acceso a la justicia”.
Pero al parecer, la presidenta del TSJEV no está enterada de la utilidad de estos juzgados. Incluso, se aventó la puntada de declarar que los tribunales microrregiones fueron “un gasto innecesario” pues “nunca cumplieron con su meta” de “acercar la justicia a los lugares más apartados”. Y qué mejor solución que la de dejar a la deriva, sin acceso en absoluto a la justicia, a esas regiones marginadas y lejanas.
¡Unos genios!
El pronunciamiento de la Barra Mexicana de Abogados concluye de manera contundente que “el argumento de austeridad no puede vulnerar el acceso a la justicia plena en Veracruz” ni ir en contra de un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero para qué gastar en la justicia, ¡si se puede gastar en estadios de beisbol!
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