Francisco Rodríguez
Si usted cotiza parte de sus ingresos al INFONAVIT, seguramente le interesará conocer que parte de los recursos que usted tiene invertidos ahí fueron utilizados apenas el 11 de marzo para pagar la liquidación de Sebastián Fernández Cortina, quien representaba a los intereses patronales en esa institución tripartita. Sólo se llevó ¡más de 15 millones de pesos! Nada mal por tres lustros de “servicio”. Poco más de un millón por año.
Pero seguramente no es por el pago quincenal de honorarios ni por la liquidación que este hueso es ahora mismo tan peleado. Debe haber muchos intereses de por medio, toda vez que la vacante dejada por Fernández Cortina en la Dirección Sectorial Empresarial del INFONAVIT ha provocado que se exhiban los voraces apetitos de ciertos “santones” de la llamada iniciativa privada.
El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) Francisco Cervantes, por ejemplo, pretende imponer a Juan Carlos Gutiérrez Ruiz, quien ya ocupó ese cargo dejando pésimos resultados al decir de no pocos empresarios. Lo nombró Vicente Fox y estuvo ahí de abril del 2000 hasta diciembre del 2002, hasta que el mismo personaje lo hace responsable de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Malos manejos y… al llegar Felipe Calderón lo corrió por corrupto.
Todo indica que quien está detrás esta estrategia llena de intereses particulares es Leon Halkin Bider, ex presidente de Concamin, quien para no variar salió muy mal parado de esa Confederación por malos manejos.
Un gran juego de intereses de grupo pues el saliente Sebastián Gutiérrez Cortina fue secretario particular de quien aspira a sucederlo en el INFONAVIT, Carlos Gutiérrez Ruiz, cuando este fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y luego fue su brazo derecho en el propio INFONAVIT y en la Conavi, hasta que en complicidad con León Halkin lo hicieron director Sectorial Empresarial.
Tan sólo una muestra de los intereses que mueven al grupo
Hace una década, el semanario Proceso publicó un amplio reportaje sobre la corrupción en torno a la “ayuda” a los damnificados por las severas inundaciones que afectaron a decenas de miles en Tabasco, en noviembre de 2007. Ahí aparece relevantemente el aspirante a ocupar, ¡ooootra vez!, la representación de los patrones en el INFONAVIT.
Se lee ahí que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a la empresa Suministros del Carmen, SA de CV, por la compra de 169 hectáreas con información privilegiada, que luego fueron vendidas al gobierno estatal con una ganancia superior a 143 millones de pesos, pagados del erario federal.
Uno de los involucrados en el presunto fraude es Juan Carlos Gutiérrez Ruiz, hasta hace unos días director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), quien representó al gobierno de Felipe Calderón en la firma del convenio con la administración de Granier para la construcción de viviendas.
Calderón ordenó transferir 350 millones de pesos para la adquisición de suelo apto para uso habitacional, urbanización y construcción de viviendas, de los que el gobierno de Granier tomó 246 millones de pesos para pagarle a la empresa con sede en Campeche por los terrenos que había adquirido de particulares en sólo 102 millones.
De la operación presuntamente se beneficiaron altos funcionarios de Tabasco y dos empresarios allegados al gobernador: Amílcar Sala Villanueva y Antonio Espinosa de los Monteros Leal.
Este último, un próspero contratista amigo de Granier, aparece en la averiguación previa que integra la PGR como “socio” de un humilde vendedor de garrafones de agua y el dependiente de una tienda, quienes serían los “propietarios” de Suministros del Carmen.
La empresa, cuyo patrimonio nunca superó los 5 millones de pesos, ni siquiera era solvente para comprar los terrenos que adquirió entre febrero y marzo de 2008.
Un mes después se los vendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), cuyo titular, Ariel Cetina Bertruy (un priista que brincó al Partido Acción Nacional), es señalado como el principal operador del negocio.
La PGR integra una averiguación previa y la SFP inició un expediente sobre denuncias formuladas por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Tabasco, ante este nuevo escándalo por mal uso de fondos federales por las inundaciones en Tabasco, como el fraude que por casi 20 millones de pesos presuntamente se cometió en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.
Al respecto, sin que oficialmente sea reconocida como una decisión derivada del caso y en medio del período vacacional de diciembre, Calderón destituyó a Gutiérrez Ruiz y, con la misma discreción, nombró como nuevo director general de Conavi a Ariel Cano Cuevas, quien mantiene en su cargo a otro funcionario federal supuestamente involucrado en el caso: Marco Antonio Quiroz López, subdirector general de Enlace y Operación con Organismos Nacionales de Vivienda.
Además de Gutiérrez Ruiz y Quiroz López, son señalados como presuntos responsables de cometer al menos 12 delitos los secretarios de Finanzas, Contraloría y Obras Públicas del gobierno estatal, José Manuel Sáiz Pineda, Héctor Manuel Pérez Peralta y Roger Silvano Pérez Evoli, respectivamente, así como Ariel Enrique Cetina Bertruy, director del Invitab.
¿Para eso es que León Halkin y Francisco Cervantes quieren que Juan Carlos Gutiérrez regrese a ocupar el cargo en el INFONAVIT que recién dejó Sebastián Fernández Cortina? ¿Más fraudes con recursos públicos –y de quienes cotizan al Instituto—que beneficien sólo a sus bolsillos? ¿Esta es la Cuarta Transformación? ¿Qué dice de ello la Secretaría de la Función Pública?
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