Diario de un Reportero
Ramsés Ancira
Es derecho de cualquier persona indiciada en un delito, pedir en todas y cada una de las partes de un proceso que se declare su inocencia, en virtud de la máxima de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. De manera que si Emilio Lozoya, acusado de financiar al PRI con fondos de Oderbrecht, le pidió al fiscal electoral Santiago Nieto que actuara en consecuencia, estaba en su derecho, pero si Nieto lo reveló, tampoco incurrió en falta que ameritara su destitución.
En cambio otra máxima jurídica establece que a confesión de parte, relevo de pruebas, de manera que sí el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo una sobrerreacción al eliminar a uno de los pocos funcionarios mexicanos de esta administración que cuenta con credibilidad y prestigio de independencia; al hombre que realizó investigaciones para determinar la culpabilidad de dos ex gobernadores de apellido Duarte, acusados también de desviar fondos públicos para uso partidista, es tanto como confesar que en efecto, aquí también se emplearon recursos propiedad de la nación para beneficio de una facción, la tricolor, en las elecciones de 2012.
De un funcionario se espera transparencia y si Santiago Nieto respondió con veracidad a las preguntas de un medio informativo, en este caso Reforma, de ninguna manera se debe inferir que faltó a su compromiso. Si la ultra desprestigiada Procuraduría General de la República quiere que los periodistas esperen el boletín oficial para conocer cómo va una investigación en la que está involucrado el patrimonio de la nación, está violando el precepto constitucional del derecho a la información.
De todo funcionario federal se espera, como dice el artículo 87 de la constitución “hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”.
Eso es precisamente lo que estaba haciendo Santiago Nieto al momento de ser cesado fulminantemente: investigando el uso partidista de recursos de la Nación, concretamente el petróleo, para beneficio del PRI.
El propio Santiago Nieto había declarado en un artículo publicado en El Economista el 15 de agosto del 2015 que la PGR no haría “ni juicios, ni absoluciones sumarias”
Por su parte Lozoya Austin, en documento publicado a través de su cuenta de twitter el sábado 21 de octubre, reveló que fue exactamente lo que solicitó a Santiago Nieto:
“Se me haga de conocimiento de manera personal o a través de mis abogados particulares y o representantes legales, si existe en mi contra alguna imputación y en su caso el contenido de la misma, dentro de las carpetas de investigación que se encuentran integrando en la dependencia a su digno cargo, con motivo de la investigación respecto a hechos relacionados con la empresa denominada “Oderbrecht”.
“Solicito se me gire citatorio de estilo en el domicilio para oír y recibir notificaciones mencionado en el cuerpo del presente libelo, para que con el carácter que el suscrito tenga en la o las carpetas de investigación que se encuentran en integración, declare en relación a los hechos, lo anterior para el esclarecimiento de los mismos, así como para aportar y si es necesario la información que se me requiera”
El documento completo del que se han extraído estos párrafos fue publicado por el propio Lozoya Austin, a través de su cuenta de twitter, en este enlace: bit.ly/2zFIM1Z
Hasta entonces las cosas marchaban dentro del camino de lo jurídico. En efecto Lozoya tenía todo el derecho de saber en qué estado se encontraba la investigación y manifestaba disposición para declarar al respecto. Por su parte Santiago Nieto tampoco reveló en la entrevista con Reforma ningún detalle que pudiera alterar las investigaciones.
Sin embargo la acéfala Procuraduría General de la Republica, al decidir correr a Nieto, actúa como en el chiste “Por favor señor no voltee porque estoy desnuda”, o en otras palabras, confirma la percepción de que la institución trata de proteger al PRI.
Por supuesto Lozoya no puede dejar de aprovechar la oportunidad de juzgar a su juzgador y ahora anuncia que con el apoyo de su abogado, que casualmente fue procurador de Carlos Salinas de Gortari, demandará a Santiago Nieto.
El Senado tiene la facultad de revocar la destitución de Nieto, pero esta cámara está integrada por 55 miembros del Partido Revolucionario Institucional y 7 del Partido Verde, que también tiene cuentas pendientes con Santiago Nieto, desde que este logró que destituyeran como subsecretario de gobernación a Arturo Escobar, involucrado en la distribución de tarjetas Premio Platino, lo que también constituyó un delito electoral previo.
El camino de Santiago, como funcionario público y especialista en derecho electoral será decidido pues por el PRI y el PVEM. Si se niegan a restituirlo estarán admitiendo de hecho que a estos partidos les encantan los fraudes electorales, que no desean que se interponga ningún obstáculo entre los recursos públicos y su financiamiento y que todo el trabajo que se tomó Santiago Nieto para investigar las desviaciones de recursos de Cesar y Javier Duarte, entre otros gobernadores del PRI, y para dotar de recursos ilegales al PRI, habrá sido un trabajo perdido.
Más allá del Ferrari
Como los expresidentes, los ex procuradores generales de la Republica tienen derecho a una pensión vitalicia cuando dejan su encargo. Si Raúl Cervantes tenía un Ferrari al asumir el cargo, en realidad poco importa en comparación a los que podrá comprarse en el futuro si continúa recibiendo este privilegio el resto de su existencia, independientemente de sus nulos resultados durante el tiempo de su encargo.
