Ricardo Del Muro / Austral
La reciente liberación del defensor de derechos humanos Luis Rey García Villagrán no solo cerró, por ahora, un capítulo judicial polémico, sino que abrió de lleno otro: la discusión nacional sobre la corrupción sistemática contra migrantes en el sur de México. El debate se avivó cuando trascendió la inconformidad del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con la resolución del juez, en un contexto donde el propio activista ha sido uno de los denunciantes más persistentes de redes de cobro ilegal contra personas migrantes.
García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, fue arrestado el 5 de agosto acusado de delitos graves como delincuencia organizada y tráfico de personas. Su detención coincidió con la inminente salida de la caravana “Éxodo de Justicia”, lo que, según organizaciones civiles, evidenció un intento de frenar su labor. Seis días después, un juez determinó que no había pruebas sólidas para vincularlo a proceso, lo que provocó alivio entre defensores de derechos humanos y malestar en sectores de la Fiscalía General de la República.
Antes de su arresto, García Villagrán había documentado y denunciado públicamente prácticas de corrupción en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y en el Instituto Nacional de Migración (INM), señalando cobros de entre 500 y 2 mil dólares para agilizar trámites migratorios, e incluso casos en que se pedían hasta 50 mil pesos para obtener estatus de refugio. Sus declaraciones se sumaban a las denuncias de cientos de migrantes varados en Tapachula, quienes han sido víctimas de extorsiones para poder viajar o evitar retenes.
Tras su liberación, el fiscal Gertz Manero custionó la decisión judicial, al señalar que García Villagrán fue denunciado por el INM y la Secretaría de Seguridad federal que presentó cerca de 75 pruebas que establecen su presunta responsabilidad en el tráfico de personas. “Se detuvo a la persona y, cuando la llevamos frente al juez, este no quiso analizar las pruebas que habían presentadolas autoridades y resolvió que, como se dedicaba a protger a grupos de migrantes, lo ponía en libertad”, explicó.
El fiscal, de acuerdo a la nota pubicada en el portal de Infobae, manifestó con énfasis: “Yo no había visto una cosa igual y no solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta. Detrás de todo esto hay fortunas incalculables, están victimizando a miles de personas y eso no puede quedar así”, aseguró.
La investigación que dio origen a la detención del activista se inició en 2022 a partir de las denuncias de tres migrantes, quienes señalaron que García Villagrán les cobró mil dólares para incluirlos en caravanas migratorias. Además, se le atribuyó la organización de esos desplazamientos y la gestión de documentos falsos para facilitar el tránsito de personas por México.
García Villagrán fue arrestado el pasado martes 5 de agosto en el parque Bicentenario de Tapachula y tras permanecer recluido seis días en el Centro de Reinseción Social número 3, el juez federal del distrito, Jonathan Izquierdo, ordenó su liberación, tras determinar que no existían elementos suficientes para sostener su probable responsabilidad.
En redes sociales y foros de activistas, el caso de García Villagrán ha generado protestas, señalar que las autoridades mexicanas “persiguen a quienes denuncian, no a quienes roban”. Para muchos, la inconformidad del fiscal Gertz Manero ante la liberación del activista refleja más una declaración política que un interés real por erradicar la corrupción en el INM.
Sin embargo, este caso abrió un debate mucho más amplio en torno al mercado y la corrupción que hay en el tráfico de migrantes, que no sólo involucra a las autoridades migratorias, principalmente el INM y COMAR, sino que también obliga a investigar las redes de traficantes y la forma en que se organizan las caravanas migrantes. RDM
