Lilia Arellano
“El cielo cura, y el médico cobra los honorarios”: Benjamín Franklin.
• Crisis en el IMSS; renuncia Germán Martínez
• Guardia Nacional no es solución mágica vs violencia
• Alternancia no mejoró las condiciones de seguridad
• Deben optimizar policías estatales y municipales: MB
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atraviesa una grave crisis, agudizada con los recortes discrecionales a la institución, mientras los derechohabientes enfrentan una compleja problemática no sólo de atención hospitalaria sino de carencia de medicamentos, muchos de ellos indispensables para la atención de enfermedades graves y crónicas. La institución se encuentra en el limite de sus capacidades, lo cual se exhibe en la saturación de pacientes, desabasto de medicamentos, desorden e insuficiencia de personal médico. Incluso las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se encuentran en el olvido, con lo cual hay una insuficiente prevención y detección oportuna de enfermedades graves y, en consecuencia, una atención médica deficiente.
Tal es el telón de fondo de la renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección general del IMSS. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza su renuncia al comentar: “contamos, afortunadamente, con muy buenos funcionarios para sustituirlo”. Pero el fondo de problema se soslaya pues no se trata únicamente de la sustitución de un funcionario o el remplazo del responsable de una dirección general. Es claro que el combate a la corrupción, insoslayable en las actuales condiciones del país, no debe dejar a los enfermos sin medicamentos, ni limitar los servicios ampliados a otros sectores. La injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el IMSS, la cual incomodaba sobre manera a Martínez, no fue más que la puntilla.
Dirigentes de oposición lamentaron la salida de Germán Martínez y las condiciones en las cuales se dio. Para Ángel Ávila, dirigente del PRD, la renuncia de Martínez Cázares sólo es el reflejo de una crisis en el sector salud de México a costa de las políticas del nuevo gobierno. Verónica Fernández Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, criticó: “que en nombre de la austeridad se golpea a los que menos tienen y a los que más necesitan”. “Me parece que es inhumano que en nombre de la austeridad se dejen de comprar medicamentos, que en nombre de la austeridad se hagan recortes de personal… que en nombres de la austeridad finalmente el sector salud ahora se encuentre en crisis”, indicó la legisladora.
Marko Cortés, líder del PAN, aplaudió la renuncia de Germán Martínez al IMSS y señaló el gobierno de México debe transparentar e informar sobre la crisis en el Instituto. “La renuncia del director del IMSS exige transparencia sobre el tamaño de la crisis y los recortes discrecionales a la institución”, señaló.
Germán Martínez, en su carta renuncia, acusó la injerencia perniciosa de funcionarios de la SHCP en el IMSS y con ello ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud brindados en el Seguro Social. “El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo”. El funcionario señaló se requiere de una gran reforma legal, y no una reglamentaria para acoplar el IMSS al sistema universal de salud, al modelo preventivo y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
Martínez Cázares imputó: algunos funcionarios de Hacienda intentan realizar una remodelación cosmética del IMSS y se niegan a dialogar con los encargados del Seguro Social, pues no han contestado requerimientos y cancelaron una reunión con el director del Instituto. “Por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar en todo el país, una suerte de “delegados administrativos estatales” fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”, reprochó. Y mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan y el rezago en infraestructura “es brutal”.
El ahora ex funcionario consideró: controlar en exceso el gasto provoca un retraso en la atención de pacientes y fortalecerá los servicios privados de salud, lo cual ocasionará más gastos de bolsillo a las familias. “Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”, increpó.
Cabe recordar el deterioro de los servicios del IMSS está estrechamente relacionado con la aprobación de las reformas neoliberales a ese instituto entre 1995 y 1997, mediante las cuales se permitió la reducción de cuotas patronales, se estructuró un seguro de salud con perfil deficitario y se traspasaron los fondos de retiro, cesantía y vejez –cuyas aportaciones constituían la principal fuente de reservas financieras del organismo- a las administraciones para el retiro (Afore). Y así, mientras las clínicas del IMSS acumularon y acumulan desabasto, insuficiencia de espacios y deficiencias administrativas, las instituciones financieras encargadas de administrar los fondos de pensiones acumularon una bolsa que, con todo y las “minusvalías” que sufren recurrentemente, asciende a más de dos billones de pesos.
Este enorme daño a la institución y su inviabilidad financiera, fue adjudicado maliciosamente al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores. Además, se llevo a cabo toda una campaña de desprestigio a los activos de la institución: médicos, enfermeras y personal administrativo. Y aunque el IMSS asegura tener viabilidad financiera hasta 2030, al cierre del sexenio pasado sus indicadores de prestación de servicios de salud, como disponibilidad de camas, enfermeras y médicos, son menores que en 2012. El informe sobre la situación financiera del IMSS 2017-2018 reportó una disminución gradual del uso de reservas de 2013 a 2015, hasta prescindir de ellas en 2016 y 2017, e indicó se requiere continuar con medias de contención para extender su viabilidad hasta 2030.
Al arrancar la gestión de Peña Nieto, el IMSS contaba con 0.80 camas por cada mil usuarios y para 2017 reportó 0.69, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 4.8. Durante el gobierno de Felipe Calderón se construyeron 76 nuevas unidades médicas y en la de Peña Nieto sólo 26. En cuanto a médicos familiares, en 2012 el IMSS registraba 0.41 por cada mil usuarios y cerró ese sexenio con 0.35. Lo mismo sucede con las enfermeras: de 2.52 por cada mil afiliados al inicio de la administración de EPN bajó a 2.27 al cierre.
Y en esta administración federal no se vislumbra un cambio verdadero, sino sólo cosmético.
GN NO SE SOLUCIÓN MÁGICA
La alternancia de los gobiernos a nivel federal y en los estados no se concretó en modificaciones positivas a las condiciones de inseguridad y violencia en el país. Por el contrario, no sólo no ha habido avances, sino muchas entidades federativas han empeorado. Se resiente una escalada de violencia, falta de respuesta por parte de las autoridades y malas prácticas. Y desde ahora se advierte: la Guardia Nacional no será la solución mágica contra esa problemática. Para resolver la inseguridad y detener la ola de violencia se requiere que gobernadores y alcaldes profesionalicen a sus policías. De nada sirve tener una GN de primer orden si los estados y municipios no mejoran sus policías estatales y municipales. Es indispensable tener un nuevo modelo policial,
La actividad de los cárteles del narcotráfico, de las bandas de huachicoleo, de aquellas dedicadas a la extorsión y el secuestro, impulsaron la violencia en el territorio nacional durante los primeros meses de la nueva administración federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican: de enero a marzo se registraron 8,493 homicidios dolosos en todo México, un aumento del 9.60 % respecto a los 7,750 asesinatos registrados en el mismo periodo de 2018. Todo parece indicar este año romperá el récord como el más violento de la historia, al superar los 33,518 asesinatos de 2018.
Guanajuato es el estado con mayor violencia en los primeros meses de 2019, con 967 asesinatos de enero a marzo. La entidad se la disputan a sangre y fuego el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. El Estado de México es la segunda entidad más violenta, con 769 homicidios; y Jalisco, el tercero, con 720. La alternancia política y los cambios de administraciones estatales no han influido para reducir los índices de homicidios y delitos. Los nuevos gobiernos no han sido capaces de revertir la inseguridad, la cual ha ido empeorando paulatinamente. El año pasado renovaron gobernador los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla y Yucatán, así como la Ciudad de México.
El PAN retuvo Guanajuato y Puebla; Movimiento Ciudadano le arrebató Jalisco al PRI; el panismo sustituyó al tricolor en Yucatán; y Morena se alzó con el triunfo en Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. La alternancia partidista no les trajo ningún beneficio a la ciudadanía. La inseguridad siguió prevaleciendo. Por ejemplo, en Guanajuato, de acuerdo a cifras oficiales, se registraron 957 víctimas en 2015; mil 96 en 2016; mil 423 en 2017; y 3 mil 290 en 2018. Y la tendencia sigue este año. En seis meses, Diego Sinhué Rodríguez no ha podido detener los altos índices de violencia. En los últimos seis meses de la gestión anterior se cometieron mil 726 asesinatos; ya con Rodríguez en el poder, en el periodo octubre 2018 a marzo 2019, los homicidios se elevaron a mil 768.
Morelos presenta un aterrador panorama, con un incremento de homicidios del 33 por ciento desde la llegada al gobierno estatal del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco. En los últimos seis meses de la gestión de Graco Ramírez, hubo 367 asesinatos, con Blanco la cifra se elevó a 488 casos en el primer semestre de su administración. El nuevo gobierno no logra resolver lo problemas de inseguridad y, lo peor, no cuenta con una estrategia para solucionar esta situación.
En Veracruz, gobernado ahora por el morenista Cuitláhuac García, los homicidios dolosos se mantienen en los mismos índices de la gestión del panista Miguel Ángel Yunes Linares. En sus últimos cuatro meses (agosto a noviembre de 2018), se registraron 544 asesinatos; en el primer cuatrimestre de Cuitláhuac García, la cifra fue de 539, sólo cinco casos menos. García culpa a su antecesor y al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, por la inseguridad.
Chiapas, gobernada por el morenista Rutilio Escandón, logró disminuir los índices de homicidios tan sólo un 2% en el primer cuatrimestre de su gestión. Yucatán, con el panista Mauricio Vila, redujo los homicidios de 31 a 19 en el primer semestre de ejercicio, comparado con el último de Rolando Zapata.
La capital de la República también resiente incrementos en la inseguridad. En los primeros cuatro meses de la administración de Claudia Sheinbaum los asesinatos se incrementaron 39%, en comparación con los últimos cuatro meses del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entre agosto y noviembre de 2018 se contabilizaron 436 víctimas de homicidio, mientras entre diciembre y marzo la cifra escaló a 614.
Los gobiernos estatales, al igual que la administración federal, tienen puestas sus esperanzas de resolver la inseguridad y frenar la ola de violencia, con el despliegue de la Guardia Nacional. Los mandatarios ya consideran solicitar el apoyo del gobierno federal para el envío de elementos que resguarden su territorio. Sin embargo, Ricardo Mejía Berdeja, jefe de la Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, advierte desde ahora que la Guardia Nacional no resolverá por si sola los problemas de inseguridad y violencia. Es indispensable, dijo, que gobernadores y alcaldes profesionalicen a sus policías.
Al participar en el congreso “Análisis de las políticas públicas del Gobierno Federal 2018-2024”, en la mesa de Seguridad y Justicia, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Mejía Berdeja sostuvo: de nada sirve tener una Guardia Nacional de primer orden si los estados y municipios no mejoran sus policías estatales y municipales. Por eso, agregó, “estamos impulsando un nuevo modelo policial que se va llevar al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). La idea, explicó, es que los gobernadores y los alcaldes hagan su tarea con sus policías municipales y estatales, es decir, no sólo esperen que la Federación, a través de la Guardia Nacional, vaya a resolver el problema.
El esquema del nuevo modelo policial plantea mejorar las condiciones de capacitación, salariales y de prestaciones a los policías locales, destacó Mejía Berdeja en el auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Por lo pronto, en el Senado de la República, de manera unánime las fracciones parlamentarias avanzaron la aprobación de las leyes secundarias para la Guardia Nacional. Los legisladores acordaron que los elementos del Ejército y la Marina quienes participen en la GN deberán pedir licencia a esas instituciones, a fin de quedar bajo el mando del nuevo cuerpo de seguridad, el cual estará bajo la jurisdicción del fuero civil.
DE LOS PASILLOS
Inició operaciones el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, vinculado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con una subasta de autos de lujo con monto de salida de casi 22 millones de pesos, entre ellos vehículos Porsche, Corvette y Lamborghini. Le seguirán otras subastas de bienes inmuebles y una más de joyas incautadas, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia diaria. En el caso de los inmuebles, detalló Ricardo Rodríguez, responsable del SAE, se rematarán tres propiedades con un valor conjunto de 133 millones de pesos, ubicadas en Las Lomas y Jardines del Pedregal…
Rosario Robles mantiene su coraza de impunidad. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca que dos de sus subalternos cuando dirigía la Secretaría de Desarrollo Social regresen más de 400 millones de pesos por presuntos desvíos de recursos en 2014. Se trata de Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Sedesol, y Amado Treviño Torres, ex director de Vinculación y Concertación Social. El saqueo a la Sedesol y la Sedatu por parte de las gestiones de Robles asciende hasta el momento a mil 900 millones de pesos.
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