Sala De Espera
Gerardo Galarza
En 1976, el lema de la campaña electoral de José López Portillo fue ”la solución somos todos” y popularmente terminó siendo “la corrupción somos todos”.
Dos años después, López Portillo dijo con toda contundencia en su informe de gobierno: “lo peor que le puede pasar a México es convertirse en un país de cínicos”.
Le pasó. La semana pasada mostró una de sus caras: la de la relación del gobierno con los medios de información (no es el único cinismo que hay, por supuesto).
Las relaciones de un gobierno de cualquier país con los medios de informacion reales siempre han sido y serán problemáticas: la libertad, la transparencia y la democracia no son favoritas del poder. México es un muy mal ejemplo.
Salvo escándalos mayores y graves (Jorge Piñó Sandoval y su revista Presente, durante el gobierno de Miguel Alemán; José Pagés Llergo y la revista Hoy en el mismo sexenio; Manuel Marcué Pardinas y su revista Política en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; Mario Renato Rodríguez Menéndez y Por qué?, en los de Díaz Ordaz y Luis Echeverría; y el paradigmático caso de Excélsior de Julio Scherer García, relatado por Vicente Leñero en Los periodistas, quien además dio cuenta enVivir del teatro de que la censura gubernamental en el ámbito cultural) conocidos por denuncias de los afectados, los atropellos y controles gubernamentales contra los medios y la libertad de expresión siempre se han mantenido o pretendido mantener en “lo oscurito”.
Nunca ningún gobierno de la República había reconocido públicamente su intervención para acallar a un medio o a un periodista. El concepto del respeto a la libertad de expresión había sido un valladar. En diciembre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió asumir el cinismo en su relación con los medios.
Otra vez: no hay novedad. Los gobiernos de México siempre han intentado controlar a los medios y en muchos casos lo han conseguido; cuando lo intentaron y no lo lograron, se volvió un escándalo.
Hoy no. Desde su atril mañanero, el presidente de la República reveló que le ha pedido a los propietarios de Grupo Imagen y Radio Fórmula que acallen a Ciro Gómez Leyva, periodista de esas empresas. Con certeza se puede decir que lo ha intentado con otros periodistas “incómodos” en otras empresas, con resultados diversos.
Luego también arremetió en contra de Roberto Zamarripa, director editorial del periódico Reforma, y con sevicia intentó compararlo con su hermano José. Zamarripa nunca negó su joven mitancia política (en el PCM), pero desde siempre supo diferenciarla de su brillante y honesta actividad periodística (me consta desde hace unos 40 años) y no necesita de ninguna carta de buena conducta periodística.
No es ningún secreto que producir información periodística cuesta mucho dinero y que la mayor fuente de ingresos de las empresas es la venta de publicidad a los sectores privado y gubernamental, por lo que ambos intentan aprovechar para “influir” en los contenidos. El caso de Excélsior en 1976 es un ejemplo.
De siempre se sabe el costo de la desobediencia: la cancelación o disminución en la compra gubernamental de publicidad, el ahogamiento económico, al que con frecuencia se suma el sector privado… para quedar bien.
