El contralor ciego: la omisión selectiva en el INE

Por Fred Alvarez Palafox

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no solo evidenció una profunda crisis al interior del árbitro electoral; también puso bajo el reflector a una figura clave que, hasta hoy, operaba en la opacidad: el Órgano Interno de Control (OIC).

Las revelaciones conjuntas de Reforma y El Universal —entre otros medios— exponen el actuar de su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, y apuntan a un patrón preocupante de omisión, encubrimiento y fiscalización selectiva.

La narrativa oficial del OIC es tan contradictoria como frágil. En un escrito enviado recientemente a la Cámara de Diputados, reportado por Reforma, Carvente admitió estar investigando a 15 funcionarios, 8 personas físicas y 18 empresas por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. Sin embargo, como lo subraya el reportaje de El Universal —firmado por Antonio López Cruz—, estas indagatorias, que detectaron irregularidades graves como flujos financieros atípicos y depósitos directos de proveedores, se mantuvieron bajo resguardo durante más de seis meses sin que se interpusiera una sola denuncia formal.

Lo que resulta insostenible es la justificación de la inacción. Mientras Carvente argumentó ante los legisladores estar “institucionalmente incapacitado” y “ciego” por no tener acceso a la información fiscal del SAT, el OIC a su cargo sí encontró la capacidad y la vista suficientes para desempolvar quejas electorales archivadas desde 2021 contra las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera; casualmente, el bloque más crítico a la gestión de Taddei.

Este uso faccioso del aparato fiscalizador erosiona gravemente la credibilidad institucional. Por un lado, se solaparon contratos irregulares vinculados al entorno de la hoy expresidenta —como los negocios de José Alfredo Hernández Casillas— y, por otro, se instrumentó una abierta persecución contra las voces disidentes.

La confirmación del diputado Ricardo Monreal de que estas investigaciones llevan medio año entrampadas bajo la excusa del “debido proceso”, contrasta duramente con el reclamo de la oposición que exige la comparecencia de Carvente en San Lázaro. Sin embargo, un simple citatorio legislativo resulta a todas luces insuficiente: el titular del OIC debe separarse del cargo de manera inmediata y la Fiscalía debería abrir una investigación en su contra, cuando menos, por el delito de omisión.

La crisis actual del INE demuestra que la opacidad no es un accidente burocrático, sino una herramienta de control. Permitir que el encubrimiento desde la Contraloría quede impune, bajo la complacencia legislativa, sería enviar un mensaje devastador: que el árbitro de la democracia operaba bajo reglas de impunidad y protección para quienes juraron defenderlo.

Por cierto, las credenciales del contralor no son menores: es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, con una especialidad en Prevención de Lavado de Dinero y una maestría en Políticas Anticorrupción por el Inacipe. Que un especialista de este calibre en la materia no haya visto nada durante dos años resulta técnicamente difícil de digerir. Designado por la Cámara de Diputados, los legisladores comparten la corresponsabilidad política de su gestión, mientras permanece la incógnita sobre cuál fue el grupo o personaje que lo recomendó para el puesto.

Para la historia inmediata!…