José Luis Parra
En este país hay delitos que no huelen. O mejor dicho, que huelen a perfume caro, a traje planchado y a aire acondicionado corporativo. Delitos que no se cometen en la sierra ni en la madrugada, sino en despachos con vista al mar y en buquetanques disfrazados. El “huachicol fiscal”, así lo llama Raquel Buenrostro, tiene todos los ingredientes de la impunidad de élite: funcionarios públicos, empresas trasnacionales, millones de pesos, silencio estratégico… y cero castigos.
Sí, se trata del contrabando fino. Nada de pipas perforadas ni bidones enterrados. Aquí hablamos de importaciones “creativas” donde el diésel entra como si fuera aceite para ensalada. Una trampa que se repite con cada desembarque y que, según la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, representa al menos mil millones de pesos en pérdidas por evento. Así, con cada barco que llega, Hacienda pierde más que cualquier cártel con todo su operativo de halcones.
Pero hay un pequeño detalle: los nombres de las empresas implicadas no se dan a conocer. ¿Por qué? Para no desestabilizar el mercado, dice Buenrostro. Porque, ya se sabe, si la justicia tocara a esos gigantes del capital, las acciones podrían desplomarse. Y eso sería una catástrofe… para los inversionistas, claro. Para el país, seguir callando sí es la verdadera catástrofe.
¿Recuerdan cuando nos decían que los organismos autónomos eran garantes de la transparencia? Pues ya no. Ahora serán oficinas con “autonomía técnica”, pero bajo control del Ejecutivo. Adiós INAI, hola “Transparencia para el Pueblo”. Y en esa nueva transparencia, donde todo será más barato (dicen), también se reparten funciones con una lógica vertical: menos directores generales, más gente “que arrastre lápiz”. Aplausos por la eficiencia… hasta que descubramos que los datos personales están más expuestos que nunca.
En la misma entrevista, la secretaria anticorrupción nos regaló otro trago amargo: la compra consolidada de medicamentos se encareció todavía más. Ya no son 13 mil millones de sobreprecio, sino casi 15 mil. A eso hay que sumarle 18 empresas vendiendo sin registro sanitario y 41 más que no cumplen con los contratos. Algunas entregan dos medicinas de cada cien comprometidas. Un insulto a la salud pública, una bofetada al sentido común… y, por ahora, sin consecuencias visibles.
Eso sí, hay esperanza. Buenrostro dice que van tras ellos, que habrá castigo ejemplar. Pero hasta hoy, las denuncias presentadas durante su tiempo en el SAT duermen en los archivos de la FGR y de la Fiscalía de Responsabilidades de Servidores Públicos. Como muchas otras cosas en este país, los expedientes descansan mientras los delitos avanzan.
La 4T presume que combate la corrupción. Pero en estos temas de cuello blanco, el huachicol ya no es un delito. Es una política fiscal paralela. Una que se alimenta de complicidades institucionales, de omisiones burocráticas, y del más poderoso de los silencios: el que protege a los de arriba.
No hace falta que nos den los nombres de las empresas. Ya sabemos de qué se trata. Esto no es nuevo. Lo nuevo sería que, por una vez, la justicia cayera sin mirar la bolsa de valores.
