José Alberto Sánchez Nava
1.-En el tejido legal que conforma el entramado de nuestra nación, el respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos es el hilo conductor que garantiza la estabilidad y el orden. En este contexto, es imperativo que cada acto emanado desde las más altas esferas del poder se ajuste a los preceptos constitucionales que rigen nuestra convivencia.
2.-Recientemente, hemos sido testigos de un fenómeno preocupante: la utilización indebida de la tribuna presidencial para difamar y desacreditar a aquellos que, en ejercicio de sus derechos fundamentales, se atreven a cuestionar el rumbo de la nación. Esta práctica, disfrazada bajo el manto de un supuesto “derecho de réplica”, se aleja peligrosamente de los principios que sustentan el estado de derecho. Pues ello, implica atentar en contra del artículo 134 Constitucional y correlativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que a nombre de un inexistente derecho de réplica civil y personal para un gobernante, se ha dedicado a promover su proyecto político y por ende a candidatos afines al presidente.
3.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, establece con meridiana claridad, que todo acto de autoridad debe estar fundamentado y motivado. Este precepto, lejos de ser una mera formalidad, constituye la piedra angular sobre la cual se erige la legitimidad del ejercicio del poder público. Es así como se asegura que ningún ciudadano sea víctima de arbitrariedades o abusos por parte de aquellos personajes investidos de autoridad, de ahí se deduce que el derecho de réplica sólo procede entre iguales desde el punto de vista civil, pero no desde la investidura de un cargo que fue protestado para su legal desempeño, y que como servidor público debe de fundamentar y motivar cada uno de sus actos, atendiendo al principio de legalidad constitucional.
4.-Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta máxima legal es transgredida de manera flagrante? Nos encontramos ante un escenario en el cual el presidente de la República, en lugar de velar por el bienestar y la justicia para todos los mexicanos, utiliza su posición privilegiada para desacreditar a quienes discrepan de su visión durante sus mañaneras. Este comportamiento, lejos de fortalecer la democracia, socava sus cimientos al vulnerar los derechos de los gobernados. Por ello se resalta, que ningún funcionario o ex funcionario público, que sea conminado, señalado o culpado por cualquier ciudadano respecto de los actos que se hubieren suscitado durante el ejercicio de su función pública, no tienen correlación con sus derechos civiles primigenios como el honor y su personalidad, sino que se está condenando al funcionario que protestó cumplir con la constitución y las leyes que de ella emanen, actuando en todo momento por el bienestar de su pueblo, de no ser así que la nación se lo demande.
5.-Es importante destacar que la libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, esta libertad no puede ser utilizada por los gobernantes como pretexto para difamar, injuriar o calumniar a personas físicas o jurídico colectivas denominadas sociedades anónimas ya sean civiles o mercantiles, o instituciones descentralizadas. La ley de comunicación social en México establece límites claros en cuanto al ejercicio de la función pública, prohibiendo expresamente cualquier acto que tenga como fin afectar la reputación o imponer como pena la infamia a particulares. Por ello resulta absolutamente improcedente el derecho de réplica de funcionarios frente a los derechos sustanciales y humanitarios de los ciudadanos.
6.-En este sentido, resulta fundamental que el presidente de la República, como garante del Estado de derecho, respete y acate las disposiciones legales que regulan su actuar. Su obligación no es otra que velar por el bienestar de todos los mexicanos, sin distinción ni favoritismos políticos. Cualquier desviación de este principio constituye un atentado contra la legalidad y la justicia. Y ante lo cual es viable accionar en contra de la administración pública correspondiente, la demanda de responsabilidad patrimonial del estado por actos irregulares y lesivos a la esfera jurídica de los particulares, como consecuencia del inexacto desempeño de la función pública de forma irregular y por consiguiente al margen de la ley. En esa misma forma materia electoral cuando desde la tribuna no deja de hacer proselitismo por algún candidato a fin o denostando a los candidatos que son de oposición a su régimen.
7.-Las consecuencias de persistir en una conducta que vulnera los cimientos de nuestra democracia no pueden subestimarse. Más allá de los ataques a la reputación de individuos y grupos, la afectación del interés público es palpable y de consecuencias profundas. En primer lugar, debemos considerar el efecto corrosivo que tiene sobre la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Cuando aquellos que ostentan el poder utilizan sus recursos para fines personales o partidistas, socavan la fe de la población en la imparcialidad del sistema. Esta erosión de la confianza no solo debilita la legitimidad del gobierno, sino que también mina la cohesión social y fomenta la polarización.
8.-Además, la perpetuación de esta práctica genera un clima de temor e inseguridad entre aquellos que se atreven a alzar la voz en disidencia. La intimidación y el hostigamiento hacia aquellos que ejercen su derecho a la libre expresión tienen un efecto paralizante sobre la sociedad, silenciando las voces críticas y coartando el debate público necesario para el funcionamiento saludable de una democracia vibrante.
9.-Por otro lado, no podemos pasar por alto el impacto negativo que tiene en la calidad del debate político y en la toma de decisiones informada. Cuando la discusión pública se ve contaminada por la desinformación, las mentiras y las difamaciones, se dificulta enormemente la capacidad de los ciudadanos para discernir la verdad y formarse una opinión fundamentada. Esto puede llevar a la adopción de políticas públicas deficientes o incluso perjudiciales para el bienestar general.
10.- En última instancia, la persistencia en esta conducta deshonesta y antidemocrática amenaza con socavar los pilares mismos de nuestra república. La democracia no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar la justicia, la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos. Cuando se pervierte en beneficio de unos pocos en detrimento del conjunto de la sociedad, se traiciona el espíritu mismo de la democracia y se pone en riesgo el futuro de nuestra nación. Por tanto, es imperativo que como ciudadanos estemos vigilantes y exijamos el respeto irrestricto a la ley y a los principios democráticos por parte de aquellos que ostentan el poder. Solo así podremos construir un México donde la justicia, la igualdad y la libertad sean una realidad para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
