Corría el año de 1779 y Ferdinando Galiani, llamado “El Abad”, escribió su libro “Del dialetto napoletano”, en esas líneas nos ilustró al decir: “El derecho consiste en el perfecto cumplimento de los deberes del hombre para consigo mismo y para con los demás. Se cumplen a la perfección cuando, en cada caso, se combina la mayor utilidad propia con el menor daño al próximo, o el mayor bien de los demás con la menor molestia posible”.
En ésta Cuarta Transformación de la República se tendría que saber que nuestro derecho regula la conducta humana mediante la imposición de deberes u obligaciones y la concesión de facultades, lo que necesariamente se traduce en una serie de cotos y/o prohibiciones y permisos, consecuencias o permisiones.
Andrés Manuel López Obrador necesariamente tiene que saber que para una buena gobernanza se requiere que todo su proceder sea jurídicamente lícito, toda vez que esa realización implica el ejercicio del derecho que le concedió el sufragio del pueblo, más, sin embargo, ese deber se convierte en ilícito, arbitrario y prohibido cuando se incumple esa obligación.
Expliquemos el porqué de ello:
La conducta jurídicamente regulada del Primer Magistrado de la Nación, no debe ostentar un signo negativo de ilicitud, en razón a que ello se encuentra vedado. Para ser un buen Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos esos deberes solamente deben de encontrarse dirigidos a un aspecto positivo, para que ello encuadre en la licitud, sólo en ese caso, el derecho declarará que se encuentra permitido.
Cuando la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México habla de la conducta jurídicamente regulada, alude por igual a acciones que a omisiones. El no ejercicio de un derecho de sanear nuestras instituciones de procuración, impartición y administración de justicia, por ejemplo, es una forma de mal gobernar, ese comportamiento se manifiesta como una omisión de índole político, consecuentemente, ello implica que Andrés Manuel López Obrador se encuentra ejercitando su derecho de ser presidente, omitiendo en el cumplimiento de ese derecho el gobernar con un buen derecho.
México requiere que el Poder Ejecutivo Federal, aplique un derecho con un perfecto cumplimiento de los deberes que el sufragio le concedió y esa obligación sólo se cumple cuando se consigue la mayor utilidad para la Nación.
Quizá todo lo anterior no lo entienda quien debe de entenderlo, sin embargo, México ello si lo entiende.
Se requieren instituciones limpias, no seguir permitiendo su destrucción.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
