Por Aurelio Contreras Moreno
Cada vez más mexicanos se convencen que el régimen de la llamada “cuarta transformación” está empeñado en destruir el de por sí incipiente y por ello endeble entramado institucional que ha sostenido, para bien y para mal, la vida nacional de las últimas cinco décadas.
Bajo el pretexto de un supuesto combate a la corrupción –que muy claramente no es tal- y de un “cambio de régimen”, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una carrera al abismo al pretender desmantelar todo lo existente, sin ofrecer a cambio nada más que el reparto de dádivas con las cuales intentará armar su estrategia para mantenerse en el poder.
Prácticamente no hay rubro que no se haya visto afectado por las políticas “austericidas” de la “4T”, aunque los draconianos recortes aplicados al sector salud, a la ciencia, al medio ambiente, a la educación superior y a la cultura son sin duda reflejo de un gobierno obtuso, insensible, semi-analfabeto y que hasta podría llegar a convertirse en criminal por las consecuencias que ello traiga para la población del país.
En los hechos, el supuesto “cambio de régimen” que está poniendo en práctica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un retroceso hacia políticas asistencialistas fracasadas, pero sobre todo hacia un sistema profundamente autoritario en el que la crítica, el disenso y la libertad de expresión, valores por los cuales miles de mexicanos dieron su vida en el último medio siglo, están en verdadero riesgo de ser borrados.
La inclinación moralizante del lopezobradorismo es una de las pruebas de su tufo autoritario. Su alianza con grupos evangelizadores para “impulsar los objetivos sociales” de este gobierno es completamente incongruente con su filiación mentirosamente liberal, y ello ha quedado plenamente demostrado con los devaneos del propio presidente al evitar pronunciarse claramente en temas que forman parte de la agenda de una verdadera izquierda, como los matrimonios igualitarios –frenados esta semana en el Congreso de Sinaloa “gracias” a los diputados de Morena- y la despenalización del aborto. Nada que pueda causarle “controversias” a quien está negado para debatir sus decisiones. Faltaba más.
Decisiones que, para su mayor escarnio, ahora pasan por atentar contra el libre tránsito en el país, imponiendo a las líneas de autobuses de pasajeros la medida de solicitar identificaciones oficiales a sus usuarios como condición para abordar una de sus unidades. Todo, con tal de doblar la cerviz ante el gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.
Pero la que parece ser la acometida más peligrosa de todas es la que tiene que ver con la destrucción del sistema electoral, bomba que Morena introdujo en el Congreso de la Unión a través de una iniciativa de “reforma electoral”.
La intención es desbaratar al Instituto Nacional Electoral desapareciendo su Consejo General y activándolo únicamente cuando haya comicios federales, así como sus 300 consejos distritales. En el caso de los Órganos Públicos Locales Electorales, la intención también es desaparecerlos para centralizar las elecciones de los estados en el INE, echando así por tierra 30 años de esfuerzos por consolidar un sistema democrático plural que, con todo y sus múltiples fallas, dio paso al fin de la era de más de siete décadas de partido único y, aunque se nieguen a reconocerlo, permitió que hoy sea presidente de México Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, con eso de que a los actuales “izquierdistas” de agua bendita les gusta más lo “retro”, quisieran hacer retroceder el tiempo en México 60 años en materia de libertades políticas y ciudadanas. Y aferrarse al poder por siete décadas más.
No por nada les están entregando en charola de plata al PRI. A fin de cuentas, abrevan del mismo lugar.
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