José Alberto Sánchez Nava
“En el presente artículo, nos adentramos en una conversación imaginaria entre el Presidente y su asesor Gatell, un diálogo que podría haber tenido lugar en los pasillos del poder. La pregunta planteada es intrigante: ¿Cuál sería el porcentaje de reclamaciones por tomar sus afores de los adultos mayores, especialmente después de los efectos devastadores de la pandemia?
El asesor Gatell, con su característica serenidad, responde: “Seguramente ninguna reclamación, señor presidente”. Esta respuesta, aunque breve, encierra una profunda reflexión sobre la resiliencia de nuestros adultos mayores quienes perderán sin saberlo, sus afores”
1.-En un país donde el debate político nunca cesa, las pensiones emergen una vez más como tema candente. La propuesta de reforma al sistema de pensiones impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desencadenado una serie de opiniones encontradas y discusiones apasionadas en todos los ámbitos de la sociedad. Con la premisa de mejorar el bienestar de los trabajadores, la iniciativa liderada por el diputado morenista Ignacio Mier ha generado tanto aplausos como críticas profundas.
2.-Sin embargo, el citado diputado Mier y el promotor de dicha iniciativa López Obrador, demuestran una ignorancia supina, porque en su proyección legislativa pretenden que los recursos a invertir tanto para recuperar el fondo de ahorro de los trabajadores que sean reclamados, como para sostener la pensión del 100% del último salario pero con un límite de 16,677 pesos de todos los trabajadores, se financiaría mayormente con lo que se recupere del instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que se obtenga del tren maya, de la línea aérea mexicana de aviación, los aeropuertos, las Islas Marías y todos esos quebrados proyectos que consumen más de lo que producen, y administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), las cuales se destacan ante la flagrante corrupción mediante asignaciones de obra directa para su construcción, y el mal manejo tanto en su administración, operatividad, y nula rentabilidad de todas las ocurrencias presidenciales denominadas “megaobras” esto, según observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
3.- Además el Presidente se conduce al margen de la ley, toda vez que él no debe ni puede de forma discrecional reasignar recursos ordinarios o extraordinarios que le corresponden a la Nación, porque todo ingreso ya sea ordinario y extraordinario a favor del estado, debe seguir las bases conforme a las leyes que regulan dichos ingresos para ser aplicados en los egresos presupuestados con base a la responsabilidad hacendaria. Es decir “la Ley si es la Ley” y más en el ámbito de ingresos y del gasto público y responsabilidad hacendaria.
4.-El financiamiento de esta reforma, se encuentra en una encrucijada. Como parte de un amplio paquete de reformas constitucionales, el presidente de México busca garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su salario o con una pensión máxima de 16,777 pesos. Para alcanzar esta meta, se propone la creación de un fondo semilla de 64,619 millones de pesos. Sin embargo, esta bolsa, que deberá aumentar año tras año, se alimentará con recursos que aún no están garantizados.
5.-El fondo semilla que el Gobierno federal planea establecer el próximo 1 de mayo se espera que se financie en un 75% con recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de la liquidación de Financiera Rural —organismo desaparecido en 2023—, la venta de terrenos del Fonatur, así como de los adeudos de dependencias y entidades con la Administración Pública Federal. Además, se prevé utilizar recursos de la liquidación de los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que los litigios que aún están en proceso lleguen a su fin, y de los recursos de los trabajadores depositados en las Afores y que no han sido reclamados. El 25% restante provendrá del remanente de las utilidades netas de las empresas estatales que ahora gestionan las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) y que a su vez administran aeropuertos, las islas Marías o el Tren Maya. Además, el Ejecutivo planea nutrir esta bolsa con las inversiones del Fondo de Pensiones y con donaciones y aportaciones de cualquier persona física o moral. Según el presidente López Obrador, se realizará una evaluación actuarial de este fondo semilla cada ocho años.
6.-La esencia de esta reforma radica en la ambiciosa meta de proporcionar a los trabajadores una pensión equivalente a su último salario, hasta un límite determinado. Si bien esta propuesta parece ser un rayo de esperanza para muchos, plantea interrogantes y desafíos complejos. ¿Cuál es el meollo del asunto? La iniciativa, en teoría, busca beneficiar a la mayoría, pero en la práctica, plantea algunas interrogantes preocupantes. La fijación de un límite máximo de pensión, basado en el salario promedio registrado en el IMSS, podría dejar en desventaja a una parte significativa de la población. ¿Es justo sacrificar la seguridad financiera de unos para beneficiar a otros, Incluyendo las aportaciones voluntarias?
7.-Además, surge la cuestión de la edad de jubilación. La promesa de una pensión más generosa puede incentivar a los trabajadores a prolongar su vida laboral, buscando una recompensa mayor al final del camino. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que no pueden prolongar su carrera laboral por diversas razones, como la salud o las condiciones del mercado laboral? ¿No estarían siendo penalizados por circunstancias fuera de su control?
8.-Por otro lado, se argumenta que esta reforma no impactará negativamente a los empleadores. Sin embargo, la historia reciente nos muestra que los incrementos en las cuotas patronales ya están en marcha, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Una de las mayores preocupaciones radica en la opacidad que rodea a la propuesta. La falta de análisis técnicos detallados y cálculos financieros transparentes genera incertidumbre sobre la viabilidad real de la reforma. Sin una hoja de ruta clara, ¿cómo pueden los ciudadanos confiar en que esta iniciativa no tendrá repercusiones negativas inesperadas?
9.-Por último, el debate sobre el financiamiento de esta reforma agrega una capa adicional de controversia. La idea de utilizar fondos no reclamados de trabajadores mayores de 70 años para alimentar el Fondo de Pensiones del Bienestar ha sido etiquetada por la oposición como un “saqueo” a los trabajadores. La pregunta es, ¿es ético y justo utilizar los ahorros de unos para financiar las pensiones de otros?
En el trasfondo de todo esto, el contexto político no puede ser ignorado. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la polarización del debate sobre las pensiones parece estar teñida de tintes electorales. La oposición ve la iniciativa como un intento desesperado de captar votos, mientras que el oficialismo defiende su propuesta con uñas y dientes, culpando al sistema actual de pensiones por sus deficiencias.
10.-En conclusión, la reforma propuesta por el presidente López Obrador y ejecutada por el diputado Mier plantea preguntas difíciles y desafíos complejos. Si bien el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores es loable, la falta de transparencia, las implicaciones injustas y las disputas políticas en torno a esta iniciativa requieren un examen cuidadoso y un debate abierto. El futuro de las pensiones en México merece una reflexión profunda y un enfoque pragmático que garantice un equilibrio justo entre las necesidades presentes y futuras de todos los trabajadores del país.
