Presuntamente, el arquitecto Jacobo Sevilla Suárez, presidente del consejo y socio del Desarrollo Nueva Altata, pretende expulsar sin la indemnización correspondiente a un accionista fundador de dicha empresa.
Lo anterior sentaría un precedente peligroso, que vulneraría derechos constitucionales y principios fundamentales de justicia, al permitir el despojo unilateral perpetrado por la empresa contra un accionista.
El actor anteriormente mencionado, presuntamente modificó los estatutos de la empresa mencionada, el pasado 7 de septiembre de 2023 para permitir lo descrito anteriormente
Siguiendo los parámetros establecidos con base en la justicia y ley, la empresa estaría obligada a permitir la salida de un socio mediante un proceso que garantice un avalúo justo de sus participaciones, con una compensación adecuada en cuanto a dinero o bienes.
Sin embargo, la práctica descrita en esta nota, dista mucho de dichos principios, al optar por valorar las participaciones a un “valor histórico de aportación”, en lugar de utilizar un avalúo actualizado del valor real de la empresa y sus activos.
Es imperativo que este caso no pase desapercibido y que se tomen las medidas necesarias para corregir las presuntas ilegalidades por parte de las autoridades correspondientes.
