Por Aurelio Contreras Moreno
El violento motín que el pasado fin de semana se registró en el penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, es una nítida muestra de las condiciones en las que se opera la Seguridad Pública en el estado de Veracruz.
El escenario para la tragedia que hasta ahora ha dejado seis policías y dos reos muertos estaba montado a los ojos de todos los enterados: un reclusorio de mediana seguridad albergando criminales de alta peligrosidad, pertenecientes al crimen organizado, que obviamente tomaron el control del mismo; la grave omisión del gobierno estatal al permitir que esta situación anómala se mantuviera durante varios meses; la colusión de los propios directivos carcelarios con los delincuentes, a quienes avisaron del operativo para trasladarlos de penitenciaría, lo que provocó el motín; y la brutal irresponsabilidad de involucrar en dicho operativo a policías sin la capacitación suficiente para actuar en este tipo de situaciones, lo que llevó a que seis de ellos hoy estén muertos.
Lo más grave de todo es que en la misma circunstancia se encuentran todos los centros de reclusión del estado de Veracruz, que de readaptación social no tienen absolutamente nada.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos –que no es un organismo demasiado crítico del desastre por el que atraviesa el estado en materia de seguridad en estos momentos- tuvo que admitir que en los 17 penales que hay en la entidad hay denuncias por sobrepoblación, mala alimentación, hacinamiento, corrupción, autogobierno y toda una serie de anomalías que, si bien se arrastran desde hace varios años, no han sido combatidas en lo más mínimo. Para muestra, en La Toma se decomisaron varias armas dentro del inmueble, que estaban en poder de los internos.
La misma ONU, a través de su Oficina contra la Droga y el Delito en México, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenaron los hechos violentos en el penal de Amatlán de los Reyes –que se ubica muy cerca del municipio de Córdoba, en la convulsionada región de las Altas Montañas de Veracruz- y puntualizaron que “los traslados (de reos) deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan”.
Pero en un ambiente en el que campea la corrupción a los más altos niveles –aunque la actual administración estatal jure y perjure que eso es cosa del pasado- es imposible garantizar derecho humano alguno. Lo hemos visto innumerables veces en la actuación de la policía en las calles. Y ahora, que les tocó ser las víctimas.
Sin embargo, y pesar de los pesares, el secretario de Seguridad Pública del estado, Jaime Téllez Marié, es inamovible de su puesto. Como sucedía en el sexenio de Javier Duarte, es más fácil que se vaya primero el gobernador que él de su cargo. Con todo y que hasta ha sido exhibido en más de una ocasión por tener tratos con integrantes del crimen organizado, mismos que se justifican como una “estrategia” gubernamental.
Pero es obvio que así sea. Porque en realidad Téllez Marié no hace las funciones de secretario de Seguridad Pública, sino que es un operador político que actúa en época electoral a través de las corporaciones policiacas. Y que además se encarga de hacer el “trabajo sucio”.
Por eso es un fiasco la Seguridad Pública en Veracruz.
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