Por Aurelio Contreras Moreno
Luego de los sismos del mes de septiembre de 2017, en su afán por “cachar” votos lucrando con la desgracia y con las emociones producidas por ésta entre los mexicanos, los partidos políticos se enfrascaron en una “competencia” por ver quién “donaba” más dinero de sus prerrogativas en apoyo de los damnificados.
Fue el entonces dirigente nacional y precandidato presidencial de facto de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien comenzó la “puja”, al anunciar que su partido “donaría” 20 por ciento de sus prerrogativas de campaña para los damnificados del sismo del 7 de septiembre.
Pronto se unirían a ese “coro” de “samaritanos” tanto el PAN como el PRI e incluso el Instituto Nacional Electoral, que les diseñó en la “renuncia” a sus prerrogativas la salida “legal” a los partidos para, supuestamente, entregar esos recursos a los damnificados, a pesar de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), así como la propia Constitución General de la República, prohíben utilizar el financiamiento público de los partidos políticos para fines distintos a los que están establecidos, y que son sus actividades ordinarias permanentes y las campañas políticas en búsqueda del voto popular.
Desde entonces, había un singular tufo de demagogia del que nadie quería percatarse. “¡Que le devuelvan el dinero al pueblo!”. “¡No más recursos públicos a los partidos!”. “¡Sí se puede usar para los damnificados!”. “¡Ni que la Legipe fuera ley natural para no modificarla!”, fueron algunas de las consignas para convalidar lo que claramente era un ejercicio de propaganda electoral a costa de la tragedia de miles de personas que lo perdieron todo.
El 26 de septiembre de 2017, López Obrador anunció la creación del fideicomiso “Por los demás”, en el que Morena depositaría recursos por 103 millones de pesos que –otra vez, se supone- se destinarían a 45 mil damnificados por los sismos, buscando –y ganando- el aplauso encendido de su audiencia.
Y resulta que todo fue un engaño. La Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral encontró que al fideicomiso 73803 le fueron depositados 78.8 millones de pesos -de los cuales, 44 millones fueron en efectivo, 14.7 millones en cheques de caja y 19.7 a través de transferencias-, mientras que fueron retirados y cobrados en efectivo 64.4 millones en favor de integrantes de Morena.
Lo grave es que no hay evidencia alguna de que se haya entregado un solo peso a los damnificados, y sí en cambio, de acuerdo con el INE, de que se utilizó un esquema para triangular y entregar ese dinero a candidatos de Morena que contendieron en las campañas que concluyeron hace unas semanas, y por lo cual el órgano electoral le impuso a ese partido una multa de 197 millones de pesos. La tercera más alta de la historia política moderna, solamente superada por las impuestas por el “Pemexgate” al PRI y por “Amigos de Fox” al PAN.
Contra las acusaciones de una “conjura” contra Morena y el lopezobradorismo que ya lanzan sus corifeos, cabe hacer mención que el INE contaba con los elementos suficientes para emitir esta sanción días antes de las elecciones del 1 de julio. Y no lo hizo, a sabiendas de que con ello beneficiaba a ese partido y a sus candidatos, empezando por el presidencial, que aplastaron a sus contendientes en los comicios.
¿Hubiera sido el resultado electoral el mismo de haber actuado el INE cuando debía hacerlo? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que pasamos de la demagogia al fraude del desastre. Y al final, que la multa se pague con recursos públicos. Esos mismos que juraron iban a donar.
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