José Luis Parra
Guadalajara amaneció bajo vigilancia militar. No por una cumbre internacional, no por la visita de un jefe de Estado, no por una amenaza extranjera. Por un velorio.
Desde las nueve de la mañana, la funeraria La Paz parecía zona de guerra: convoyes del Ejército, Guardia Nacional, policías estatales, revisiones exhaustivas, helicóptero sobrevolando como si buscara un objetivo aún en movimiento. No era un operativo contra el crimen organizado. Era para despedirlo.
Una semana después de su abatimiento en Tapalpa, el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, regresó a Jalisco bajo custodia federal. La misma carroza que lo recogió en la Ciudad de México apareció escoltada en Guadalajara. El mensaje era claro: el Estado no quería sorpresas.
Pero el Estado también quería control narrativo.
Las coronas comenzaron a llegar. Muchas sin remitente. Otras con mensajes que fueron arrancados antes de ingresar. La discreción forzada. El anonimato obligado. Sólo una frase logró colarse: “De parte de una familia que siempre estará agradecida”. Agradecida. La palabra flota en el aire como una acusación.
Y luego el símbolo: un enorme arreglo floral en forma de gallo, con las siglas CJNG. “El Señor de los Gallos” se despedía entre rosas rojas. El crimen organizado entiende el poder de la escenografía. Sabe que los símbolos sobreviven a los hombres.
Mientras tanto, los asistentes al velorio cubrían sus rostros con cubrebocas ante la presencia de los medios. No era pandemia sanitaria. Era pandemia judicial.
La ciudad, paralelamente, registraba balaceras y ponchallantas. La percepción de riesgo volvió a elevarse. Oficialmente no hubo código rojo. Extraoficialmente, todos sabían que la tensión estaba al límite.
El acta de defunción es fría: impactos de arma de fuego en pecho, abdomen y extremidades. Hora de muerte: 10:30 del 22 de febrero. La burocracia pone hora exacta donde el país perdió años.
Sin embargo, el hermetismo ha sido tal que aún circulan dudas. No hay imágenes contundentes. No hay exhibición pública. En un país acostumbrado a la teatralidad política, la discreción genera sospecha. La muerte de un capo de ese tamaño suele escenificarse para enviar mensaje. Aquí, el mensaje parece ser otro: prudencia extrema o cálculo estratégico.
Porque lo que sigue no es el duelo. Es la sucesión.
El gobierno federal ya habló de cuatro liderazgos fuertes dentro del CJNG. No dio nombres. Pero los nombres circulan: operadores regionales, jefes de grupo élite, perfiles de bajo perfil y perfiles de violencia visible. El negocio no se detiene. Se reorganiza.
La historia criminal de México nos ha enseñado que cuando cae un capo, no llega la paz; llega el reacomodo. Y el reacomodo suele cobrarse facturas con sangre.
Tras la muerte del líder, el cártel respondió con bloqueos, incendios y ataques en decenas de estados. Más de 70 muertos en los disturbios posteriores, entre ellos elementos de la Guardia Nacional y un militar. El Estado mostró músculo en el funeral. El crimen mostró colmillo en la calle.
Así, el velorio del capo más buscado por México y Estados Unidos terminó siendo una radiografía del país: poder armado vigilando flores, flores ocultando lealtades, lealtades esperando turno para disputar el trono.
Guadalajara fue sitiada para evitar un atentado. Pero el verdadero riesgo no estaba en la funeraria. Está en la transición interna del grupo criminal y en la capacidad —o incapacidad— del Estado para impedir que el vacío de poder se traduzca en más violencia.
El gallo fue sepultado.
La pelea apenas comienza.
