¿Le mintieron a la Presidenta de la República?
Por Fred Alvarez Palafox
“¡Lo tiene que informar la Fiscalía!”. Con esa frase cortante, la presidenta Claudia Sheinbaum pintó su raya durante la mañanera de este lunes 21 de septiembre. Frente a los reporteros, intentó blindarse apelando a la ironía, argumentando que, si ella daba los pormenores, de inmediato la acusarían de vulnerar la autonomía de la institución. Sin embargo, detrás de ese hábil escudo retórico asomaba una incomodidad que se podía respirar en el atril: el evidente desmoronamiento narrativo de lo que, apenas unos días antes, se intentó vender desde Irapuato como el primer gran triunfo del sexenio.
La escena es la radiografía de un mal endémico. En la política mexicana —y con mayor crudeza en los sótanos de la procuración de justicia— la ansiedad burocrática por exhibir trofeos de caza suele estrellarse, a más de cien kilómetros por hora, contra la terca realidad de los tribunales. Hoy, el monumental y publicitado aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, pierde su épica a pedazos. Se perfila cada vez menos como un golpe maestro contra el crimen de cuello blanco y más como un aparatoso caso de teléfono descompuesto institucional, un episodio donde la urgencia por colgarse una medalla mediática aplastó el rigor y la decencia jurídica.
Más que un engaño perverso maquinado desde las entrañas de la Fiscalía para mentirle a la Presidenta, la trama apesta al clásico exceso de entusiasmo de una delegación estatal que quiso lucirse. Como lo desnuda el propio comunicado institucional 623/26, todo inició el 3 de julio por el hallazgo casi fortuito de una sola pipa descargando diésel en San Luis de la Paz. A partir de esa hebra, alguien decidió que era buena idea vender una auditoría documental en curso como un asalto digno de película de acción.
La fiscal Ernestina Godoy compró el resumen ejecutivo de este “aseguramiento histórico” —producto del delegado federal en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, y cacareado por las autoridades estatales— y lo subió al presídium presidencial…
Lo que convenientemente se omitió en las tarjetas informativas fueron los detalles incómodos del terreno: no había un solo sello de clausura, las válvulas de los tanques seguían abiertas de par en par y los directivos de la planta operaban con absoluta normalidad. La estrategia fue tan clara como errática: disparar los boletines primero y exigir los papeles aduaneros después.
En medio de este teatro de confusiones, lo que verdaderamente aturde es el silencio y el vacío de las áreas de inteligencia del gobierno federal. Mover un océano de 59 millones de litros de hidrocarburo no es, ni de broma, una operación invisible. Exige el tránsito de miles de pipas, complicidades aduaneras sistematizadas y un rastro bancario inmenso, imposible de ocultar.
Que este caso naciera de la revisión a una pipa solitaria exhibe a una FGR aislada y estrictamente reactiva. La pregunta obligada: ¿dónde quedó el modelo de inteligencia centralizada y a qué está jugando realmente el secretario Omar García Harfuch?
La tensión de estas enormes contradicciones reventó bajo los reflectores de Irapuato. Cuando el periodista Israel Aldave puso el dedo en la llaga al cuestionar lo evidente —cómo diablos se explica un decomiso de semejante magnitud sin un solo detenido—, el micrófono se volvió brasas.
Al tomar la palabra, García Harfuch terminó tropezando con sus propias explicaciones. Visiblemente incómodo, tragando saliva, justificó que las capturas “vienen después” y tuvo que tragar la píldora de admitir que, al momento del imponente operativo, no había una sola persona cuidando el millonario predio. Ante la ineludible sospecha de que los criminales recibieron un “pitazo” monumental, el titular de Seguridad solo pudo ofrecer un frágil salvavidas retórico: “Lo sabremos con las primeras detenciones”.
Hoy, la dolorosa realidad es que el Estado mexicano tiene sospechas fundadas de huachicol fiscal —esa millonaria importación de gasolina disfrazada de lubricantes para evadir el IEPS—, pero carece absolutamente de un caso sólido para sostenerlo frente a un juez de carrera..
¿Una fiscalía especializada está por encima de otra?
Más que un debate de jerarquías y competencias legales, lo que presenciamos fue un manotazo desesperado para intentar salvar el naufragio. Ante el evidente desaseo inicial, el expediente tuvo que ser arrebatado de las manos de Guanajuato y atraído, en calidad de urgencia, por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.
Con este movimiento de piezas en el tablero, el discurso oficial mutó de golpe. De aquel estruendoso “golpe histórico” que se vendió en el primer acto, el reciente comunicado 628/26 agachó la cabeza y pasó, con notable y temerosa cautela, a hablar de la “posible existencia de irregularidades”.
¿Se equivocó entonces la Fiscalía desde el principio?
Su propio rastro de papel es su peor verdugo. Apenas el 17 de septiembre, a través del comunicado 623/26, otorgaban el crédito a otra ventanilla y confirmaban que todo nació de un hallazgo minúsculo:
“La investigación del agente del Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Federal en Guanajuato, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), comenzó el 03 de julio de 2026, derivado de la detención de una persona en el momento en que posiblemente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera en San Luis de la Paz, Guanajuato.”
El contraste es letal para la credibilidad institucional: pasaron de un aseguramiento fortuito de 33 mil litros, procesado por una fiscalía regional, a fabricar desde un escritorio el espejismo de 59 millones de litros.
Una burbuja de boletines y saliva que, al desinflarse frente al rigor jurídico, le terminó estallando en las manos a la FEMDO y terminó salpicando, de paso, la mismísima tribuna presidencial.
Debo decir que la Presidenta tiene razón: la pelota está en la cancha de la Fiscalía. Pero si ese es el argumento, entonces la fiscal Ernestina Godoy tiene la obligación política y pública de dar la cara. Debería presentarse en la mañanera para someterse al escrutinio y responder las preguntas incómodas, no solo sobre el desaseo de este espejismo, sino sobre otros cabos sueltos que flotan en el ambiente, como la supuesta red del exgobernador Ruffo Appel.
Atrás quedaron aquellos tiempos en los que el entonces fiscal Alejandro Gertz acudía a Palacio Nacional a rendir cuentas frente a los micrófonos. Hoy, las autoridades procuradoras de justicia prefieren cuidar las formas y atrincherarse detrás del cómodo escudo de la dichosa “autonomía” para evitar los cuestionamientos de los medios independientes…
Cuando el silencio institucional intenta tapar la falta de pruebas, los golpes históricos terminan reducidos a simples anécdotas de boletín.
PD: El verdadero quid del asunto radica en las declaraciones del jueves pasado. Ese día, con los reflectores encima, la presidenta Sheinbaum relató haber llamado directamente a la fiscal Godoy para exigirle cuentas sobre la magnitud de este supuesto “golpe”.
Sus palabras en el atril fueron claras: “Hablé yo con la fiscal general y le dije: ‘¿qué tantas investigaciones tienen?, ¿de dónde venía ese combustible y a dónde se distribuía? (…) Evidentemente queremos que haya detenciones de esta red de combustible ilegal…’”.
La respuesta que recibió, según presumió la propia mandataria, fue una promesa absoluta de eficacia. Godoy le habría contestado que “tienen investigaciones muy avanzadas” y que “esperan muy pronto dar los resultados”.
Hoy, a la luz del desaseo institucional, del titubeo del secretario de Seguridad y de un expediente que tuvo que ser atraído de emergencia porque se desmoronaba en Guanajuato por falta de pruebas, la pregunta obligada:
¿Le mintieron a la Presidenta de la República?
El cartón de Camacho en Reforma es elocuente
