Nadie esperaba que un empleado del Presidente de la República condenara o siquiera señalara que su jefe incurrió en una ilegalidad.
Pero el patético espectáculo mediático que protagonizó el viernes pasado el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade, al exonerar de cualquier conflicto de interés al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera y al secretario de Hacienda Luis Videgaray por las adquisición de millonarias mansiones a una empresa proveedora del Gobierno Federal, resultó un insulto a la inteligencia de todos los mexicanos.
Porque independientemente de que tenga o no algún asidero legal la “conclusión” a la que llegó la Secretaría de la Función Pública en su “investigación” sobre las “casitas” de Malinalco, Valle de Bravo y la “blanca”, la percepción generalizada entre la población es que se trata de monstruosos casos de corrupción e impunidad, que dejan por los suelos la imagen no sólo de la institución presidencial, sino la del país entero.
No por nada el mismo Enrique Peña Nieto, una vez que se conoció el informe de Virgilio Andrade, pidió una “disculpa” a los mexicanos por un asunto que “lastimó” la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país.
¿Y cómo podrían los mexicanos confiar en esas instituciones, empezando por la presidencial, si quienes debieran hacer cumplir y respetar las leyes, son los primeros en quebrantarlas? Un funcionario público no sólo debería ser honesto, sino también parecerlo.
Si alguna expectativa positiva había acerca del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción anunciado con gran pompa hace unos meses, con la actuación de la Secretaría de la Función Pública quedó al desnudo lo falaz que resulta. La “justicia” en México se aplica selectivamente, interesadamente, con fines que no corresponden al respeto al Estado de Derecho.
Por eso en estados como el de Veracruz ha podido mantenerse en el poder un gobernador como Javier Duarte. Las corruptelas de su administración han sido ampliamente documentadas a lo largo de casi cinco años. Hay incluso denuncias penales presentadas por instancias federales. El enriquecimiento de varios funcionarios y ex funcionarios es escandaloso. Y no pasa, ni pasará, nada.
La rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a la ley fueron apuñalados por la espalda, de nueva cuenta, por la clase política de este país, que nos lleva de regreso, como en un tobogán macabro, hacia el pasado más ominoso de México. Para muestra, basta ver la devaluación de nuestra moneda y la crisis económica del país, así como el reciclaje de figuras políticas dinosáuricas como el flamante dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Mientras no existan instancias independientes de todos los niveles de gobierno que investiguen y sancionen los excesos que se cometen desde el poder, no hay nada qué hacer para desaparecer la corrupción, el mal endémico que le ha dado al traste a México.
Seguiremos viviendo en el imperio de la impunidad.
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