Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras las autoridades veracruzanas buscaban desesperadamente convencer a la opinión pública que no son corruptas, aunque las evidencias les hayan estallado en la cara con el caso de Araly Rodríguez, dos casos de violencia volvieron a colocar en la palestra el problema más grande que el actual gobierno estatal ha sido totalmente incapaz de siquiera atender.
El pasado viernes, se confirmó que Sara Hilda Olarte Cid, trabajadora jubilada del Seguro Social que se reportó como desaparecida el lunes de la semana pasada, fue encontrada debajo de un puente en la desviación de las congregaciones de El Tronconal y Chiltoyac de la capital veracruzana. Asesinada.
Este nuevo feminicidio reforzó el lugar de la entidad veracruzana entre las más brutales para las mujeres en todo el país, donde gobierna un régimen que simula combatir la violencia en su contra, pero que no protege ni respeta a sus propias trabajadoras, las cuales sufren un constante acoso dentro de la misma administración estatal.
La respuesta del gobierno de Cuitláhuac García fue detener a tres sujetos, uno de ellos un sobrino de la víctima, achacándoles el crimen. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiacas deja más dudas que certezas sobre lo que en realidad sucedió, en especial por la particular fruición que tienen por mentir.
Baste decir que mientras la Fiscalía dijo haber encontrado el vehículo de la víctima el jueves, hay versiones que señalan que fue la familia la que ubicó el auto desde el miércoles y que no les hicieron caso. Incluso, se asegura que el cuerpo se habría encontrado en la cajuela, pero para no ser evidenciados como timoratos habrían hecho el montaje de la localización en el paraje.
El mismo viernes, también se informó sobre la localización del cadáver del abogado porteño Luis Emilio Fuster Montiel, en el punto conocido como Los Caños de San Antonio, en la carretera Medellín-Rancho del Padre, cerca del puerto de Veracruz.
Fuster fue secuestrado el jueves por la banda criminal que el propio gobierno de Cuitláhuac García reconoció que opera en la zona de Paso del Toro, lo que provocó por la tarde de ese mismo día una balacera en la que murió un policía ministerial y, al parecer, también el abogado, en lo que todo indica se habría tratado de un operativo de rescate fallido y fatal.
La indolencia con la que el gobernador y sus funcionarios le restaron importancia a ambos hechos que enlutaron a dos familias –sin contar los numerosos casos de violencia asesina que en Veracruz no llegan a ser mediatizados más allá de la nota roja-, explica la situación de postración en la que se encuentra el estado de Veracruz, agobiado por los criminales que le han robado su tranquilidad… y por los que desde el propio poder político le roban al erario.
Sin embargo, al escuchar los discursos de quienes mal gobiernan Veracruz, pareciese que viven en otro lugar, en una dimensión paralela en la que todo es perfecto y ellos buenos servidores públicos.
Este domingo, durante la conmemoración del 161 Aniversario de los Tratados de La Soledad, el gobernador afirmó que “nuevamente” hay un grupo que “se resiste a la transformación”, intentando mantener los “privilegios neoliberales”.
Y se aventó la puntada de compararse con los liberales del siglo XIX, lo cual forma parte de las deformaciones históricas en las que basa su narrativa el régimen de la pretendida “cuarta transformación”.
“Si olvidamos, ¿cómo vamos a entender qué hacer entre los que buscan la cuarta transformación y los que defienden el régimen neoliberal? Mañana se sabrá en la historia el papel que nos tocó jugar. Que nos juzgue el infalible juicio de la historia (sic)”, dijo Cuitláhuac García, con un numeroso despliegue militar como telón de fondo.
El secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos abonó al disparate, asegurando que “hoy los liberales nuevamente defienden el proyecto de nación emprendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en Veracruz, por el gobernador García Jiménez, lo cual evidencia que el poder es para servir al pueblo”, mientras juraba que en la entidad “se acabaron las complicidades que solo protegían a delincuentes”.
En algo tienen razón: el juicio de la historia a su desastrosa actuación será, más que infalible, implacable.
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